Luciana León: ¿cuándo dejará de tener inmunidad parlamentaria?

Cada vez se revelan más evidencias en contra de la aprista Luciana León sobre la investigación fiscal en su contra que la sindica como el brazo político de la organización criminal Los Intocables Ediles insertada por años en la Municipalidad de La Victoria.

Sin embargo, la hija de Rómulo León cuenta con una protección constitucional que evita que se le impongan medidas restrictivas más severas, como la prisión preventiva o arresto domiciliario, a pesar del riesgo de fuga u obstaculización que pudiera representar.

Todo esto debido a que los hechos imputados contra ella ocurrieron cuando cumplía funciones como congresista de la República, incluso hasta el momento es integrante de la Comisión Permanente, único grupo de trabajo que continuó tras la disolución del Parlamento.

El Poder Judicial ordenó el impedimento de salida del país por 36 meses contra Luciana León, solicitado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Cabe mencionar que esta es la medida máxima por gozar de la garantía constitucional: inmunidad parlamentaria.

¿Cuándo termina la inmunidad parlamentaria de Luciana León?

La Constitución Política en su artículo 93, determina que todos los legisladores tienen inmunidad parlamentaria, que es una garantía que impide que sean procesados por delitos comunes o arrestados (salvo delito flagrante), sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente.

El objetivo es evitar detenciones o procesos penales con una evidente motivación política que puedan perturbar y afectar el adecuado funcionamiento de la labor representativa.

Ante una imputación fiscal o judicial, el Legislativo evalúa y descartar la existencia de móviles políticos en el caso. Cabe mencionar la protección no alcanza si los procesos en cuestión iniciaron antes de ser elegidos congresistas.

Los congresistas tienen dos tipos de inmunidad: por delitos comunes y por delitos funcionales. Respecto al primero, este se pierde luego de 30 días que deja de cumplir funciones legislativas.

No obstante, la inmunidad funcional que conlleva un término técnico en la Constitución llamado ‘antejuicio o juicio político’, que es un proceso que se debate en el Pleno del Parlamento y que corresponde a una protección que puede durar cinco años después de que hayan cesado de sus funciones legislativas.

Antejuicio contra Luciana Léon

El nuevo Congreso de la República decidirá el futuro legal de Luciana León. Cuando este se declare constituido, la fiscal de la Nación, actualmente Zoraida Ávalos, puede presentar una denuncia constitucional contra la aprista.

La demanda deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la que tendrá un plazo de 30 días hábiles para calificar la denuncia como admisible o inadmisible.

Si esta es aprobada, el grupo de trabajo elaborará un informe de calificación para presentarlo ante la Comisión Permanente, que tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles para que investigue el caso y elabore un informe final.

El documento indica una recomendación, ya sea la acusatoria o el archivo del caso. Este deberá ser debatido y si lo declaran procedente, el caso pasará a ser analizado en el Pleno del Congreso. Si es que se vuelve a aprobar en esta instancia, el expediente será remitido a la fiscal de la Nación.

Con todos estos pasos, recién la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, podrá avanzar a la siguiente etapa preparatoria de la investigación. Desde este momento, Luciana León queda sin protección y puede ser detenida de manera preventiva.

Según la Fiscalía, Luciana León recibía hasta S/ 20 000 mensuales de Alexander Peña Quispe, uno de los cabecilla de Los Intocables Ediles cuando era congresista. Este pago era a cambio de que gestione la entrega de presupuesto a favor de la Municipaidad de La Victoria, y esta favorezca en las licitaciones a las empresas de los miembros de la organización criminal.