El Informante: El pecado de filtrar, por Ricardo Uceda

La denuncia del fiscal José Domingo Pérez contra el juez del Tribunal Constitucional Carlos Ramos por mencionar la identidad de un aspirante a colaborador eficaz, duerme plácidamente en el despacho de la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. A ella le corresponde actuar. El coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, también se pronunció contra Ramos, calificando como “un hecho gravísimo” su actuación. El colaborador aludido era Jorge Yoshiyama Sasaki, cuyos testimonios son la base de un nuevo pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori.

Ya se sabía

Carlos Ramos y otros dos miembros del TC que votaron por la liberación de Keiko Fujimori recibieron un tratamiento intimidatorio por parte del Equipo Especial en diciembre pasado. José Luis Sardón fue vinculado inverazmente por Pérez con el manejo de aportes a la campaña fujimorista, luego de un disforzado interrogatorio, y a Ernesto Blume se le inventó una reunión con la abogada de Keiko. El tema con Ramos requiere una investigación preliminar para que, si existieran elementos probatorios, la Fiscal de la Nación proceda a hacer una denuncia constitucional ante el nuevo Congreso.

Recorrer este camino, sin embargo, sería en extremo desventajoso para el Ministerio Público. Un motivo es el que ya explicó Ramos. La información era conocida cuando nombró a Jorge Yoshiyama como aspirante a colaborador eficaz en la fundamentación de su voto sobre el caso Fujimori. El 7 de noviembre, una declaración de Yoshiyama ante la fiscalía fue publicada en exclusividad por este diario, aunque sin decir cuál era su condición procesal. La identificación la hizo al día siguiente el Procurador del Ministerio de Justicia, Johnny Tupayachi.

¿Cómo lo supo?

En un escrito dirigido al Tribunal Constitucional, Tupayachi dijo que Yoshiyama era colaborador eficaz y pidió considerar sus declaraciones –las reprodujo textualmente– como argumento contrario al hábeas corpus de Fujimori. Al mismo tiempo todos los medios empezaron a tratar así al testigo, sin que la fiscalía manifestara incomodidad.

Otro motivo para la abstención es que al acusar a Ramos el Ministerio Público atraería las miradas hacia su propia conducta. Aunque ahora parece un tema remoto, en algún momento se esclarecerá una posible filtración informativa hacia el Poder Ejecutivo, algo reñido con la separación de poderes. Existe más de un testigo de que, a mediados del 2018, el presidente Martín Vizcarra conocía detalles de la investigación a los Cuellos Blancos del Puerto antes de que fuera revelada al público. El entonces Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no habría sido el intermediario. La filtración pudo provenir de otros niveles de la fiscalía. O de la policía: miembros de la DIVIAC o sus jefes.

Más que evidente

Por otra parte, no es un secreto que el principal filtrador de información reservada a la prensa es el Equipo Especial. No tienen el menor interés en ocultarlo. Es evidente en diligencias en las que solo participan el imputado, su defensa, los fiscales y la procuraduría, sin abogados de otros coimputados. Como en ese momento a nadie se le entrega copia de las declaraciones, las filtraciones casi en simultáneo solo pueden provenir del Ministerio Público. Si los fiscales hacen esto, que puede tener justificación pero que es ilegal (y por lo cual ya tienen quejas formalizadas) por lo menos deberían tener más cuidado antes de tirar la primera piedra.

Hay varias razones para poner vista gorda ante la filtración judicial con fines informativos. La principal es que, en casos de tanta importancia como los de Lava Jato o Los Cuellos Blancos, la opinión pública no puede estar a ciegas mientras transcurren procesos de varios años. La ley dispone una reserva de la investigación que es entendida erróneamente como absoluta por los operadores del sistema. Encima, la fiscalía logra amordazar a los imputados, mediante decisiones ocasionalmente ilegales de un juez.

Los marginados

Pero la filtración no es lo ideal, y debiera existir una política informativa eficaz. Ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público han establecido mecanismos para hacerlo, y se entrega información según los intereses de cada operador. Esto no es indebido para la prensa siempre y cuando sea veraz, no se confabule en contra o a favor de procesados, y no pierda su capacidad crítica. Como la filtración también busca crear un clima adverso para quienes están imputados –una de las justificaciones de la reserva es precisamente proteger la presunción de inocencia– una alianza entre fiscales y periodistas justicieros no necesariamente produce la mejor información para la sociedad.

Hay periodistas o medios marginados porque no tienen suficiente impacto o no apoyan vivazmente “la lucha anticorrupción”. La Fiscal de la Nación ha recibido quejas, pero su actuación es limitada. Está obligada, sin embargo, a reconocer el problema y corregirlo.

El intocable

Así, la entrega de información requiere elevado criterio por parte del Ministerio Público. Ante todo, no puede facilitar información que entorpezca su investigación o cuya difusión pudiera, eventualmente, ilegalizarla. Por otra parte, debe actuar con amplitud. Aunque es habitual que mantenga compromisos con uno o varios medios, cabe exigirle pluralidad y tolerancia a las críticas. La posición reiterada de José Domingo Pérez en el sentido de que quienes critican a los fiscales “están con la corrupción”, solo refleja, por decir lo menos, la mentalidad de un intocable, reñida con la de un servidor público. Puede meter a la cárcel a mucha gente pero a él no se le puede molestar. Puede filtrar informaciones, pero si un magistrado vota “por la corrupción”, entonces… a acusarlo de infidente. Un caso de doble moral.