Odebrecht: Denuncia contra procurador no pretende anular el acuerdo de colaboración

La denuncia que el procurador anticorrupción Amado Enco presentó en contra del procurador para el caso Lava Jato Jorge Ramírez Ramírez, por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en el acuerdo de colaboración eficaz, no tiene como objetivo la anulación de este convenio.

Puntualizando este punto, la Procuraduría Anticorrupción señaló en una nota de prensa que el convenio firmado entre Odebrecht y el Ministerio Público ostenta el grado de “cosa juzgada”, por lo que “debe ejecutarse en sus términos aprobados”.

Video destacado

¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En su denuncia, el procurador Enco sostiene que el procurador Jorge Ramírez habría actuado de forma beneficiosa a Odebrecht “y a sus ex funcionarios en la negociación del pago de la reparación civil" que se impuso a constructora brasileña por los actos de corrupción que perpetró en el país. Esto, señala el procurador Enco, ocasionó “un grave perjuicio a los intereses del del Estado peruano”.

• Se concreta la venta del Grupo El Comercio
• Fiscal de la Nación respalda derogar la ley que le otorga a la Policía la exclusividad de la investigación preliminar

Sin embargo, párrafos más abajo, el comunicado de la Procuraduría Anticorrupción sostiene puntualiza que la denuncia contra el procurador Ramírez Ramírez “no pretende la nulidad del Acuerdo de Colaboración y Beneficios” que Odebrecht y el Ministerio Público celebró el pasado 15 de febrero, acuerdo que, como señala el documento, “se encuentra homologado judicialmente”.

No obstante, el sustento en que se basa la denuncia contra el procurador Jorge Ramírez por parte de la Procuraduría Anticorrupción, es que la situación posterior a la firma del acuerdo “no impide que los responsables de haber negociado con los colaboradores eficaces (personas naturales como persona jurídica) de manera incompatible con los intereses del Estado o quienes hayan tenido el deber de garantizar su legalidad y proporcionalidad, deban responder por sus actuaciones ante las autoridades competentes”.

Como se recuerda, tras varios meses de negociaciones, el Ministerio Público, a través del Equipo Especial para el caso Lava Jato, consiguió que el Estado peruano suscribiera un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht para que los exdirectivos de la compañía proporcionaran información que acreditara las acusaciones en contra exfuncionarios peruanos y expresidentes de la República que recibieron pagos ilícitos del Departamento de Operaciones Estructuradas, también conocida como Caja 2.

El convenio establece que los exdirectivos de Odebrecht comprendidos en él, no puedan ser denunciados penalmente en el sistema judicial peruano. Además, fija el monto de la reparación civil que la empresa deberá pagar al Perú.

La denuncia de la Procuraduría Anticorrupción, vale señalar, sostiene que el procurador Jorge Ramírez, habría pactado que se le devuelva a Odebrecht el dinero restante de la venta de la hidroeléctrica Chaglla, suma que se encuentra retenida en un fideicomiso por el Estado peruano, “a pesar de que este dinero, por mandato de la Ley N°30737, tiene la condición de intangible y está destinado exclusivamente al pago de la Reparación Civil a favor del Estado”, señala el documento.