Tía María: ¿conseguirá la licencia social de Tambo?

Meses cruciales. Si en dos meses Southern no obtiene su licencia de construcción, podrá ir despidiéndose del proyecto minero. Esta crónica da cuenta del estado de ánimo de los pobladores de la provincia de Islay, algunos a favor de Southern y otros en contra de la actividad extractiva.,Tía María: ¿conseguirá la licencia social de Tambo?,Arequipa. Varias casas del Valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay, amanecieron un día del año pasado con la singular frase: “Agro sí, desarrollo económico también”, antítesis del clásico Agro sí, mina no que por años flameaba en banderas. Esta última consigna ha sido el distintivo de la población que rechaza a Tía María. Las provocativas frases están estampadas en las paredes de las principales calles de Cocachacra y Punta de Bombón, dos de los distritos neurálgicos de la provincia de Islay que se levantaron contra el proyecto minero en los años 2011 y 2015. PUEDES VER: Tía María: Southern estima que construcción del proyecto generaría 9 mil puestos Han pasado 4 años del último paro, en que los tambeños se enfrentaron con la Policía con saldos trágicos. ¿Ha cambiado en algo la posición de esta población en este tiempo? Los dos siguientes meses son cruciales para el proyecto, que pretende explotar dos yacimientos de cobre en Islay, Tía María y La Tapada. El Estado tiene pendiente entregar a Southern la licencia de construcción. Si no lo hace hasta agosto, vencerá el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la transnacional tendrá que realizar nuevos talleres sociales para renovarlo. Es decir, volver a cero. Somos más, son menos El conflicto por Tía María es un tema complejo. ¿Cómo saber en realidad quiénes son más, quiénes menos? El embanderamiento “es la marca estadística” de que la mayoría está aún en contra de la minera, asevera el alcalde de Deán Valdivia, Richar Ale. “Si el Gobierno se empecina en darle la licencia, la gente de acá se levanta”, advierte desde su despacho. Casi la misma mirada tiene la pobladora Elena López Callo. Su vivienda, que está en el distrito de Deán Valdivia, no ondea una, sino dos banderas. Ella es la esposa de Ramón Colque, uno de los asesinados en los enfrentamientos en 2015. Escuchó que las marchas serán peores “si entra la mina”. “Muere gente y todavía la mina pretende entrar. No debería ser así”, lamenta. PUEDES VER: En Arequipa, Southern quiere tomarse su tiempo con Tía María A kilómetros de allí, en La Punta de Bombón, la profesora y agricultora Martha Pacheco indica que es hora de que salga el proyecto. Fue directora del colegio de ese distrito y cuenta que ya hay beneficios para los escolares sin que haya iniciado sus operaciones la mina. “No tengo ningún interés (...) pero ya se han equipado los colegios con proyectos y eso es bueno”. Pacheco es miembro comunitario de Southern. Cuenta que por tener esa opción, su casa casi es atacada en el 2015 durante la huelga. Añade que los opositores a Southern ya no son mayoría. “Hay una disminución abismal en comparación a lo que había antes”, relata. Todo lo contrario piensa Miguel Meza Igme, uno de los dirigentes visibles en las marchas. “Hemos demostrado (que somos más) con un lleno total cuando conmemoramos la gesta de Tambo”, declara. En la última marcha que realizaron en la ciudad, el 3 abril, un grupo de agricultores arribaron en dos buses para ratificar su oposición contra el proyecto. “Tía María ni ahora ni nunca”, advirtió aquella vez Augusto Paredes, vicepresidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo. Paredes es uno de los que recuerda la grave contaminación a sus cultivos por los humos de la fundición de Ilo (Moquegua), cuando Southern era manejada por los estadounidenses. ¿Pero es esa la razón principal para todos? PUEDES VER: Sigue viva la esperanza de reactivar Tía María este año Eladio, un agricultor, cuenta que huyó hacia Tambo porque en su natal Puno la minería "mató sus campos" porque contaminó las aguas. No quiere que pase lo mismo en Tambo, donde se refugió. Cristina Soto, una agricultora de 60 años, también tiene miedo. Para ella, va a contaminar sus productos porque está muy cerca al valle. La compañía salió varias veces al frente para aclarar que usarán agua del mar y que su yacimiento más próximo está a 3 kilómetros. Desenlace difuso Para lograr la aceptación, Southern recurrió a Valle Unido, un programa para ejecutar proyectos de ayuda social en favor de los pobladores (ver despiece). El alcalde de Cocachacra, Julio Cornejo, declara que la ayuda solo llega a ciertas familias. "Tía María no va, lo dice la gente, lo digo yo", sentencia el burgomaestre, quien es hermano del presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, otro férreo opositor. Los alcaldes del Islay están ejerciendo presión frente al Estado. Primero enviaron un memorial a través del gobernador Elmer Cáceres y el jueves se reunieron con el premier Salvador del Solar. El objetivo es que no se le dé luz verde a Southern. "Le decimos al gobierno, tengan mucho cuidado. Si algo ocurriese tras otorgar la licencia, será responsabilidad de ellos", concluyó. Así, el Estado está en una encrucijada. Si no da la licencia, la inversión de este proyecto se retrasará. Si la da, se le avecinan protestas. Los números de Southern con su programa Valle Unido “La tecnología avanza”, dice Mónica Ramos, una madre encargada del Pronoei "Casita del Saber", asentado en el sector Veracruz Grande (Cocachacra). Sus padres son agricultores y asegura que esta actividad solo les da para sobrevivir. PUEDES VER: Insólito, por errores judiciales fue padre de un hijo que no era suyo Gracias a su iniciativa, once Pronoeis de Tambo tendrán juegos psicomotrices para los niños. Ella participó en la iniciativa de ayuda social Participemos 2018, que promovió Valle Unido de Southern. Valle Unido se mueve en diferentes frentes. Solo en el 2018, realizaron 24 campañas médicas con 3 300 atenciones, dieron 58 talleres en diversos temas. Además, se hizo cargo en 2017 del pago de 23 plazas de profesionales de salud y desde el 2018 financia 44 plazas (22 en Cocachacra, 11 en Deán Valdivia y 11 en Punta de Bombón). Para la profesora Martha Pacheco, la mayoría de pobladores se beneficia pero no lo quieren reconocer. Con Participemos financian proyectos desde el 2017. También pagaron los expedientes para el hospital de Alto Inclán en Mollendo y el Centro de Salud de Cocachacra, entre otros.

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