Alan García extraña, por supuesto, las garantías que le brindaban los apristas y sus colaboradores infiltrados en el sistema nacional de justicia, que le permitieron salir limpio siempre,Se suele asumir que la ley es el instrumento infalible para alcanzar la justicia, pero en numerosos casos la ley es usada más bien para burlar a la justicia. Alan García ha justificado su fuga pidiendo asilo al Uruguay alegando que el sistema judicial peruano no le garantiza un juicio justo. ¿Qué garantías espera García? No es difícil imaginarlo: las mismas que le permitieron sortear las acusaciones que jalonan su azarosa biografía. Las que le permitieron recurrir a la prescripción con relación a delitos cometidos durante su primer gobierno, por los cuales estaba siendo juzgado en el poder judicial: las estafas en la compra de los aviones Mirage y en la construcción del primer tramo del tren eléctrico, la colocación de las reservas monetarias del país en el BCCI, un banco asociado con la mafia italiana y con la logia P2 de Lucio Gelli, el negociado de los dólares MUC, etc. Más cercanamente, durante su segundo gobierno, García controlaba parcialmente el poder judicial a través del compañero Peláez Bardales. Un tiempo feliz en el cual las pruebas que respaldaban las acusaciones -discos duros, memorias USB- se perdían en los juzgados y comisarías y todos eran inocentes por falta de evidencias. Como la madrugada del lunes 4 de mayo del 2009, cuando misteriosamente se borraron 592 archivos, entre audios y correos incautados a la empresa de interceptación telefónica BTR, en el despacho de la jueza María Martínez. Eran habituales las no muy disimuladas amenazas de los socios caídos en prisión, que repentinamente recordaban las pruebas acumuladas en sus computadoras, lo que cambiaba mágicamente su destino penal. Todo sucedía a vista y paciencia del país, sin que jueces y fiscales se interesaran en investigar y sancionar. Este es el poder judicial “imparcial” que García opone al actual al que acusa de “politizado”. Es ejemplar el robo de 20 toneladas de documentos del archivo del ministerio de salud, usando camiones, poco después de que Hernán Garrido Lecca abandonara la cartera. Robo descarado que nadie se interesó en investigar ni, por supuesto, sancionar. Por eso para García y otros acusados es alarmante que hoy las pruebas materiales de Lava Jato no estén en el Perú sino en Brasil, fuera de su alcance. Alan García extraña, por supuesto, las garantías que le brindaban los apristas y sus colaboradores infiltrados en el sistema nacional de justicia, que le permitieron salir limpio siempre, sin tener que enfrentarse ni una vez a un juez, de lo cual suele vanagloriarse. Como cuando batió un récord mundial al firmar de puño y letra 232 indultos (72 de ellos por tráfico ilícito de drogas), y 5.246 conmutaciones de pena, de las cuales 3.207 eran para narcotraficantes, y entre estos para al menos 400 condenados por narcotráfico en forma agravada: principalmente jefes de bandas. Liberó además a 1.781 prontuariados delincuentes, muchos de ellos asesinos reincidentes. Cuando se destapó el escándalo García calificó de “mentiras” las acusaciones: “En los casos de tráfico ilícito de cocaína no se concedió ni un solo indulto”, dijo. Afirmó que solo se les redujo las penas a dos reos, a los cuales liberó movido “por compasión” y afirmó que “lo volvería a hacer” (http://bit.ly/12xVhJM). El colaborador de la DEA Óscar Linares Benites sostuvo ante la megacomisión que investigaba a García que se cobraba diez mil dólares por año de reducción de pena (http://bit.ly/ZJeQaf). Adivinen la defensa de Alan García: se declaró un perseguido político. Con la ayuda de operadores de justicia cómplices y recurriendo a leguleyadas, que incluyeron hasta invalidar las declaraciones del propio García, este crimen contra el país tampoco llegó a juicio. Las garantías que García extraña, en resumen, son las que le brindaba el poder judicial corrompido por el aprofujimorismo. Ese cuya podredumbre precipitó la crisis presente, y la reacción ante ella que nos permite empezar a creer que las cosas pueden cambiar. ¿Hay esperanzas? A veces la justicia se abre camino por vías impensadas. A Al Capone nadie logró probarle ningún crimen; podía amedrentar, o eliminar, a los incómodos testigos con sus sicarios y contratar a los mejores abogados para su defensa. Capone terminó finalmente en la cárcel no por sus numerosos asesinatos sino por evasión de impuestos; con una sentencia que lo condenaba a morir en prisión. Fue puesto en libertad durante sus últimos años por razones humanitarias, debido a la locura causada por la sífilis que padecía. ¿Por qué remover la mugre? Porque los hermanos uruguayos necesitan conocerla para valorar cuánto comprometerían su bien ganado prestigio democrático si concedieran asilo a un bribón que decidió huir en vísperas de la llegada de nuevas evidencias del Brasil. Nuestro querido Uruguay no merece cargar semejante baldón.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Domingo 24 de Noviembre del 2024