Se trata de las conclusiones preliminares del estudio toxicológico que el Ministerio de Salud realizó en comunidades de cuatro cuencas hidrográficas en los años 2016 y 2017. Los exámenes se hicieron a exigencia de la población indígena, cuyo territorio ha sido contaminado por continuos derrames de petróleo crudo.,Las federaciones indígenas de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón vienen coordinando con el Ministerio de Salud y el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medioambiente para la Salud (Censopas) el ingreso a sus comunidades para que estos organismos del Estado informen los resultados de dichos estudios y determinen los niveles y factores de riesgo por exposición a hidrocarburos y metales pesados. La etapa de información se iniciaría la primera semana de mayo. Este estudio fue parte de las demandas de los pueblos indígenas. El 10 de marzo del 2015 el Ejecutivo se comprometió a ejecutarlo, tal como figura en el Acta de Lima firmado ese día. PUEDES VER: Vizcarra sobre Morote y Liendo: "Estarán bajo estricto control" “Venimos trabajando desde el año 2015 y ha tenido que pasar tanto tiempo para estos resultados que nuestro pueblo necesita”, manifestó el Apu Igler Sandi, vicepresidente de la federación kichwa del Tigre, quien exigió la culminación de este estudio. Según refirieron los dirigentes indígenas, el informe preliminar sobre las muestras que se tomaron en 39 comunidades y 1138 personas, indica que cerca del 10% de personas tienen plomo en niveles superiores al estándar saludable establecido en el Perú. Y en relación a estándares internacionales alcanza a 57%. Casi un tercio de las personas evaluadas presenta arsénico (28%) y mercurio (26%) por encima del límite permitido. Además, una de cada diez personas tiene bario y cadmio en cantidades que van más allá de los niveles recomendados por el Ministerio de Salud. Estos resultados generaron indignación en los apus de las cuatro cuencas loretanas. “Para nosotros el estudio toxicológico es prioritario, lo tenemos encaminado. El problema es que todo eso nos afecta mucho, los perjudicados son los pobladores, los hermanos que están afectados”, lamentó Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes. Por su parte, el Apu Alfonso López, de la cuenca del Marañón, refirió que este estudio fue realizado con la veeduría de la Organización Panamericana de la Salud a pedido de los dirigentes indígenas. “Ahora lo que toca es que el Estado tome acciones. Primero que concluya los análisis. Segundo, que ejecute acciones pero no a nuestras espaldas sino con nuestra participación y cogestión. Debemos formular una propuesta para que se comprometan a dejar de explotar petróleo de la forma en que lo hacen”, demandó López. “Nos preocupa cómo van a comunicar a la población y cómo se va a atender a todos los afectados, qué se hará para prevenir”, añadió el Apu David Chino. En tanto, el director de Censopas, Wilfredo López, aseguró que el estudio toxicológico será concluido este año, en razón a que los resultados son cruciales para formular recomendaciones.
