Unidos por el crimen, por Rosa María Palacios

80 votos parlamentarios censuraron al ministro de Energía y Minas y 84 votos prorrogaron 6 meses más el infame Reinfo, un registro cuyo solo nombre invoca al crimen organizado porque su sola inscripción “temporal” en él otorga absoluta impunidad a quien desarrolla actividad minera sin cumplir una sola regulación.

El precio del oro ha calateado a la política peruana. Por décadas, una izquierda antiminería no hizo sino hostilizar a la minería formal, la que está sometida a abundante regulación, controles ambientales y que tributa. Con el cuento del daño ambiental primero y la obtención de más recursos del canon después, se han paralizado operaciones, cerrado carreteras, incendiado instalaciones en medio de una violencia que, se suponía, luchaba por la calidad medioambiental. Hipócritas. Han votado, una vez más, por prorrogar la informalidad de una minería que no tributa nada (no hay ningún canon posible) y que contamina a la bestia usando mercurio en todas sus operaciones que, de clandestinas, no tienen nada. Basta ver la depredación del bosque amazónico para entender la verdad.

Pero la derecha tampoco se queda atrás. Con Fuerza Popular a la cabeza, les importó poco menos que nada el libre mercado que dicen defender. Lo suyo es mercantilismo puro y duro. La evasión tributaria, la invasión de propiedad privada, los mercados negros de oro. Ahí se mueven cómodos, utilizando eufemismos como “minería artesanal” o “pequeña minería”, mientras que camiones volquetes llevan toneladas de mineral a más de 60 plantas de beneficio en todo el país, que nadie fiscaliza.

La minería ilegal, además de depredar, contaminar ríos con mercurio y no tributar, está conectada con otras actividades criminales. Para poder mantener control territorial de las áreas que invade ilegalmente (ya concesionadas a formales), emplea ejércitos de sicarios que, a punta de bala, dominan las zonas. Ahí los pleitos se arreglan con desaparecidos. Y, para tener contentos a los peones, no falta la trata de mujeres y la prostitución de niñas encargadas de embriagarlos.

¿Es este el modelo de desarrollo minero? ¿Salir a gritar "no al Proyecto Tía María" y "sí a lo que sucede en Nazca y Chala" tiene algún sentido? La única razón de esta contradicción está en los números. Cálculos conservadores hablan de una economía ilegal de 4,000 millones de dólares; otros más ambiciosos llegan a estimarla en 10,000 millones de dólares. Ni el narcotráfico mueve tanto.

¿Para cuánto alcanza esta fortuna? Para mucho. Alcanza para tener un campamento en la Avenida Abancay por más de una semana o para cerrar la carretera Panamericana Sur entre Nazca y Arequipa, o en Pataz, sin que exista una sola acción policial para recuperar las vías de forma permanente. El gobierno que mató a 50 por protestar hace como si no existieran. ¿Por qué será? Y alcanza, como hemos visto, para 80 leales votos en el Congreso. Votos multipartidarios.

El Reinfo se creó en el 2017 y logró inscribir a más de 80,000 mineros informales que nunca se formalizaron. ¿Por qué? Porque a pesar de tener requisitos muy sencillos, hay uno que es de imposible cumplimiento. El informal tiene que acreditar que explotará un área en la que tiene título para estar ahí. Si no tiene una concesión, debe mostrar el contrato con el concesionario formal que tiene el área inscrita a su favor como concesión minera. Esos acuerdos son muy difíciles de lograr. En la mayoría de los casos, el formal convive con una invasión de facto, que no desea, pero que no puede repeler porque tendría que tener un ejército de hombres armados. El informal extrae, trafica, tiene plantas de beneficio y rutas de salida del país a través de Ecuador y, sobre todo, de Bolivia.

Hay otro problema. En algunas áreas está prohibida toda la minería, formal e informal. No se puede hacer en reservas nacionales ni tampoco minería aluviónica en el cauce de los ríos. Esas áreas absolutamente protegidas son absolutamente violadas. Basta ver Madre de Dios y las gigantescas dragas en sus ríos o las que se observan en recientes monitoreos satelitales en Loreto. Ubicarlas es fácil; destruirlas, muy difícil. Saltarse estas normas ya tiene un buen lobby en el Congreso, y eso es lo que sigue, después de que se les permitió traficar libremente con dinamita.

A todo esto se suma que, como se etiqueta esta minería ilegal como “artesanal” o “pequeña”, toda su fiscalización está a cargo de las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM), que no tienen ninguna posibilidad logística de hacer cumplir la regulación vigente. La OEFA tampoco tiene competencia, a pesar de que, a simple vista, no se trata ni de pequeña minería ni de minería artesanal.

¿Qué hacer? Es evidente que prorrogar el status quo cada 6 meses puede ser un buen negocio para el Congreso, pero es uno pésimo para el país. Si esta minería es imposible de erradicar, tienen que cumplirse al menos dos objetivos: control ambiental y tributación. Eso requiere absoluta trazabilidad, y en ello las 60 plantas de beneficio son un punto crítico de control a través de la SUNAT.

Pero el problema más difícil de resolver es el de la concesión minera. Si el mayor uso posible es el criterio, debe encontrarse un mecanismo por el cual se creen incentivos para que los acuerdos se den. Es decir, que para el concesionario formal y para el informal exista un mutuo beneficio al coexistir en una misma área. Esto puede manejarse con los derechos de vigencia (distribuyéndolos entre los reales explotadores o encareciéndolos para áreas no explotadas), medidas tributarias u otras catastrales. Lamentablemente, el proyecto del Ejecutivo para una nueva ley de pequeña minería (MAPE) no resolvía este problema, que es el nudo de todo el asunto y que, en dos décadas, no solo no ha encontrado solución, sino que, cuanto mayor el precio del oro, más ha crecido el problema, y esto no parece parar.

Es una lástima que ni siquiera una situación delictiva tan dramática como la que tenemos hoy ponga a las mejores mentes del país a buscar soluciones reales, justas y orientadas al bien común. No es imposible.