El viernes 18, las elecciones en San Marcos fueron finalmente suspendidas luego de que en la noche anterior matones ingresaran al campus y atacaran a los estudiantes con palos y piedras, hiriendo al menos a 10 personas. Horas antes, los jóvenes habían tomado el campus de la universidad en protesta por lo que, a todas luces, era un proceso electoral viciado.
El viernes se frenó una intentona de captura de los decanatos y la Asamblea Universitaria por parte de sectores afines a la rectora Jerí Ramón, quien además ha tenido posiciones cercanas al gobierno de Dina Boluarte. Recordemos, sino, el dramático y bochornoso ingreso de la Policía Nacional a la ciudad universitaria en enero de 2023: muchachos tirados en el suelo durante horas, intimidados y vejados, sin más delito que acoger la protesta.
Pero la suspensión de las elecciones no es el final de la lucha. Profesores, estudiantes, exalumnos y la opinión pública exigen la nulidad del proceso electoral plagado de irregularidades. En días previos, el Comité Electoral Universitario, que según sus críticos está controlado por los partidarios de la rectora Jerí Ramón, había decidido la tacha de las listas de la oposición: “Concertación por San Marcos” —integrada por destacados académicos como la arqueóloga Ruth Shady y el exministro de Educación Ricardo Cuenca— y “Letras en Movimiento”, liderada por el historiador y crítico literario Marcel Velázquez. Solo esta segunda lista consiguió levantar la tacha y mantenerse en una carrera electoral abiertamente desigual.
Las elecciones en la Universidad de San Marcos, que movilizaron a estudiantes, han mostrado una vía de resistencia ciudadana. Sensibilizaron a diversos sectores de la sociedad, que también se pronunciaron. Entre otros, profesores, alumnos y exalumnos de la PUCP y otras universidades del país, y el cardenal Carlos Castillo, al paso de la imagen del Señor de los Milagros, hicieron saber su rechazo a la brutal represión ejercida por matones e infiltrados contra estudiantes que protestaban por derechos conculcados. La congresista Susel Paredes ha presentado una denuncia penal contra la rectora Jerí Ramón por “usurpación, lesiones graves y lesiones leves” en agravio de los estudiantes. Exige que la rectora explique quién contrató y aprobó el ingreso de matones a la ciudad universitaria.
Estas elecciones suspendidas en la Universidad de San Marcos bien pueden servir como una escenificación en “miniatura” de lo que serían las elecciones generales en el Perú de 2026, si no hacemos algo para evitarlo. No hay que ser aficionados a las novelas de anticipación para imaginar el complicadísimo proceso electoral que nos espera en abril de 2026. Complicadísimo para el campo democrático, se entiende. Vamos camino a un callejón sin salidas viables. Para entonces, los organismos electorales podrían estar tomados por las fuerzas retardatarias o mafiosas que tienen presencia en el Congreso y el gobierno; con una JNJ que apenas resiste el embate con las pocas armas legales que tiene a mano. La ley electoral y la de partidos políticos podrían ser modificadas a voluntad por un Congreso prebendario, que construye mamarrachos jurídicos y los presenta como lindos origamis. Y ya ni hablar del recurso a la cruda violencia, sacando al ejército y a la policía con las armas en ristre, nuevamente en las calles.
El movimiento estudiantil, lo hemos visto antes tantas veces, es vital en la lucha por construir una democracia y una justicia que sea realmente justicia en el país, y para reconstruir una mínima institucionalidad. Sí, institucionalidad. La lucha de los estudiantes y profesores de San Marcos ha mostrado una vez más que las instituciones están en el centro de la disputa política. Lo saben muy bien la oposición y también los peones de la rectora Jerí Ramón; de ahí la lucha palmo a palmo por los decanatos y la Asamblea Universitaria. El filósofo y escritor italiano Antonio Scurati, autor de “M. El hijo del siglo”, cuatro tomos sobre la figura del dictador Benito Mussolini, señala que el populismo fascista de los años 1920 en adelante, y los populismos contemporáneos (los Trump y también los Maduro) buscan la “simplificación brutal de la complejidad del mundo contemporáneo. Luego, el desprecio de las instituciones”. Tiene toda la razón. Hay que recuperar esas instituciones para forjar una democracia. Y mejorarlas, sin duda.
Por descontado, los gremios de estudiantes de San Marcos y de otras universidades se unirán a los transportistas en el paro convocado para el 23 de octubre. Se sumarán los gremios de construcción civil, los comerciantes de Gamarra, de los mercados, dueños de bodegas y muchos otros. La indignación tiene que tomar las calles.
Es urgente que los partidos políticos democráticos no solo se pronuncien en redes sociales. Tienen que salir a acompañar a los peruanos y peruanas en las calles. Tienen que proponer una ruta de salida política a este entuerto llamado Congreso y a su nefasto gobierno, el de Dina Boluarte. Partidos políticos, hagan política.
Socióloga y narradora. Exdirectora académica del programa “Pueblos Indígenas y Globalización” del SIT. Observadora de derechos humanos por la OEA-ONU en Haití. Observadora electoral por la OEA en Haití, veedora del Plebiscito por la Paz en Colombia. III Premio de Novela Breve de la Cámara Peruana del Libro por “El hombre que hablaba del cielo”.