Columnista invitado. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.

Es una alegría saber que, después de 40 años, el Estado asignó al M<a href="https://larepublica.pe/tag/ministerio-de-educacion">inisterio de Educación</a> un presupuesto de S/205 millones de soles para brindar atención integral a niños y niñas de 0 a 2 años a través de Educunas. Esta intervención, brindada por maestras, está dirigida a hijos e hijas de madres de hogar en condición de <a href="https://larepublica.pe/tag/pobreza">pobreza </a>y pobreza extrema, y a aquellas familias en situación de vulnerabilidad, como lo señaló Emma Aguirre, directora de Educación Inicial del Minedu en la PUCP.

Ahora que el INEI anunció el incremento de la pobreza al 29%, Educunas es un servicio que responde a los derechos del niño y a las necesidades de las familias que tienen que dejar a sus hijos en un lugar seguro mientras trabajan.

Las investigaciones señalan que los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo humano. En esta etapa de vida, el desarrollo cerebral es impresionante y este depende en gran parte de una buena nutrición, el cuidado de la salud, un entorno protector y seguro, y de las experiencias significativas y de la calidad de las interacciones que vive el infante con otros niños, niñas y adultos.&nbsp;

<blockquote class="wp-block-quote">PUEDES VER: <a href="https://larepublica.pe/opinion/2024/05/21/bajarse-la-moratoria-de-transgenicos-amenaza-nuestra-agrodiversidad-por-angie-higuchi-1688820">Bajarse la moratoria de transgénicos amenaza nuestra agrodiversidad, por Angie Higuchi</a></blockquote>

Bajarse la moratoria de transgénicos amenaza nuestra agrodiversidad, por Angie Higuchi

Hoy celebramos 93 años de la <a href="https://larepublica.pe/tag/educacion">educación </a>inicial. Las maestras, como grandes gestoras, tienen el gran reto de trabajar articuladamente con otros sectores del Estado para asegurar la atención integral de los infantes y de fortalecer a las familias en el proceso educativo para promover el apego seguro, un resultado del Desarrollo Infantil Temprano en nuestro país. Todo lo anterior es indispensable para la vida.

El Estado tiene el reto de ampliar la cobertura en los menores de 3 años a través de modelos educativos que respondan a las diversas necesidades de las familias para orientarlos en las prácticas de crianza y generar oportunidades de aprendizaje y desarrollo para sus hijos.

(*) Patricia Gonzáles Simón es directora de la Maestría en Gestión de Políticas y Programas para el Desarrollo Infantil Temprano en la PUCP.

Columna de Patricia Gonzáles Simón.

Primero la infancia, por Patricia Gonzáles Simón

“El Estado tiene el reto de ampliar la cobertura en los menores de 3 años a través de modelos educativos innovadores”.

La República

Por Flor Pablo Medina, Congresista de la República

La reciente aprobación de una ley que crea 21 nuevas universidades públicas pone en evidencia una práctica ruin e irresponsable, de una mayoría en el Congreso, para obtener rédito político engañando a los jóvenes y sus familias que aspiran a tener títulos profesionales.

Estas “21 nuevas universidades” se suman a otra decena de universidades creadas anteriormente. Lo paradójico es que las 49 universidades existentes ni siquiera cuentan con el 100% del presupuesto necesario para renovar su licenciamiento institucional con el que demuestran que cumplen con las condiciones básicas de calidad.

Según Minedu, la creación de una nueva universidad con solo tres carreras demanda una inversión inicial de más de 105 millones de soles. Además de ello, deberían contar con un estudio previo de demanda laboral que permita a los jóvenes proyectarse para trabajar dentro y fuera del país. Es decir, darles una educación que les sirva realmente.

Frente a este atropello, el ministro y la presidenta guardan un silencio cómplice.

En lugar de crear más universidades, sin sustento, debemos fortalecer las ya existentes para que tengan filiales e incrementen el número de vacantes. Esto permitiría superar el preocupante descenso de la matrícula universitaria que en entre 2018 y 2022 había caído del 30% al 26%.

Debemos de invertir en los Centros Técnico-productivos (CETPROS), en los institutos y escuelas de formación tecnológica para revertir la preocupante situación de nuestra educación superior, en la que solo tres de cada diez adolescentes que hoy terminan la secundaria pueden acceder a ella.

Nuestra meta país no puede quedarse en cumplir con las condiciones básicas, sino que tenemos que apostar por la excelencia y la internacionalización, con sistemas de acreditación rigurosos, una carrera meritocrática para docentes y administrativos, y conectando la investigación y la innovación científica con las necesidades del país y con las oportunidades globales. Nuestro compromiso país pasa por no permitir “universidades bamba”, ni “universidades de papel”, que solo engañan a los jóvenes y dilapidan sus sueños. El derecho a una educación pública de calidad es la base para el desarrollo de una nación. Sin ella, no hay futuro posible.

Estudiantes y egresados de San Marcos se unieron al paro. Foto: Miguel Vásquez/LR

La nueva estafa: Universidades de papel, por Flor Pablo Medina

(*) Por Wallid Muaqqat, embajador de Palestina en Perú

Cada día que pasa, el genocidio en Gaza se lleva más vidas, más sueños, más historias humanas. Miles de niños, mujeres y hombres caen víctimas de una violencia israelí que parece no tener fin, mientras la comunidad internacional permanece indiferente, como si la tragedia palestina fuera un asunto ajeno a la responsabilidad global.

Más de 45.000 palestinos han sido asesinados en 438 dias que lleva el genocidio sobre el pueblo palestino. Y este número oficial ha quedado congelado debido a la dificultad en torno a contar los fallecidos reales. A mitad de este año la prestigiosa revista científica The Lancet en un estudio estimaba conservadoramente la cifra en más de 186.000 fallecidos. Esto sumado a más de 1,5 millones de personas desplazadas internamente, mientras hospitales, escuelas, iglesias, mezquitas y viviendas se reducen a escombros.

Este genocidio, por su naturaleza y magnitud, no es un accidente ni una consecuencia de un conflicto aislado: es un crimen sistemático que tiene como objetivo la destrucción física y cultural del pueblo palestino. Sin embargo, la verdadera tragedia radica en la inacción de la comunidad internacional, que no solo permite que continúe el sufrimiento, sino que también socava los principios de justicia y equidad sobre los cuales se debería fundamentar el orden internacional.

El pasado mes de mayo, llego, pero tarde la decisión de la Corte Penal Internacional(CPI) en emitir las órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Galant, por los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que han cometido en Gaza, usando el hambre como arma de guerra, prohibiendo el ingreso de la ayuda humanitaria, asesinando intencionalmente a los civiles y desplazando forzosamente a los palestinos de Gaza. &nbsp;

La justicia es el único camino para lograr la paz y esta resolución refleja un rechazo internacional a los crímenes de guerra israelíes en curso y la voluntad de enfrentarlos mediante los mecanismos legales. Pero es importante que todos los Estados cumplan con sus obligaciones según el Estatuto de Roma en promover el cumplimiento de estas órdenes ya que el tribunal depende de la cooperación y la acción de sus países miembros para llevar al cumplimiento estas órdenes.

El periódico israelí Haaretz en su editorial sobre Gaza titulado Hambre, crimen, persecución afirmaba que “las órdenes de la CPI reflejan la baja moral sin precedentes de Israel”. Una baja moral que solo se explica por las décadas de impunidad que ha gozado Israel para hacer lo que quiere contra el pueblo palestino. Esa impunidad que se mantiene a pesar de la contundente y unánime decisión de los magistrados de la CPI. Impunidad que algunos países de occidente a pesar de todos los hechos, aun le siguen otorgando a Israel y que se ha visto reflejado en los sucesivos vetos contra resoluciones de alto el fuego y el ingreso de la ayuda humanitaria a Gaza. Resoluciones que hubiesen podido evitar la muerte de miles de víctimas, en su abrumadora mayoría niños y mujeres.

En lugar de actuar de acuerdo con los principios del derecho internacional y los derechos humanos, las potencias globales han mantenido una postura de indiferencia y de apoyo explícito a Israel. Estados Unidos, ha proporcionado apoyo militar y político sin condiciones. Que decir de la vergonzosa posición alemana que no ha aprendido de su propia historia y vuelve apoyar otro genocidio, mientras que la Unión Europea, a pesar de su retórica en favor de los derechos humanos, ha preferido no desafiar las políticas de Tel-Aviv y mantener un silencio cómplice.

La inacción frente al genocidio en Gaza no solo refuerza la impunidad de Israel, sino que también mina la credibilidad y la efectividad de la comunidad internacional. Para el Sur Global, que ha luchado por décadas contra las injusticias coloniales, la desigualdad y la violación de derechos, la falta de respuesta ante Gaza es un golpe mortal a la confianza en un sistema que debe garantizar la justicia. Si las potencias occidentales, con su poder económico y militar, pueden actuar impunemente sin rendir cuentas, ¿qué esperanza queda para los países en desarrollo que enfrentan la opresión, la explotación o el intervencionismo extranjero? Este doble rasero debilita las instituciones internacionales y socava los principios que deberían haber sido universalmente aceptados.

Es imperativo que la comunidad internacional, especialmente las potencias occidentales, pongan fin a su complicidad y adopten medidas concretas para garantizar la paz y la justicia para el pueblo palestino. No basta con condenar las acciones de Israel en declaraciones vacías; es necesario actuar con firmeza, imponiendo sanciones y tomando medidas diplomáticas efectivas. Un sistema internacional que respete el derecho internacional debe ser coherente, justo y responsable. La inacción ante el genocidio en Gaza es una afrenta a esos principios y una amenaza para todos aquellos que buscamos vivir en un mundo más justo. No podemos permitir que la inacción siga siendo la norma, porque un mundo que tolera el genocidio está condenando a toda la humanidad a un futuro sin justicia ni paz.

El genocidio en Gaza pone a prueba al sistema internacional. Créditos: R. Cervera

El genocidio en Gaza pone a prueba al sistema internacional, por Wallid Muaqqat

(*) Por Eran Yuvan, Embajador de Israel en Perú

En 1998, en el momento de la adopción del estatuto de la Corte Penal Internacional, el jefe de la delegación de Israel, el juez Eli Nathan, manifestó tanto esperanza como miedo por su futuro. En su carácter de sobreviviente del Holocausto y humanitario de toda la vida, esperaba que la Corte cumpliera plenamente su función de terminar con la impunidad de los crímenes más graves. No obstante, habiendo sido testigo de una preocupante politización del estatuto de la Corte durante las negociaciones para la redacción - incluida la inclusion intencional de disposiciones específicamente diseñadas para señalar y atacar a Israel - temía que los objetivos de la Corte se pervirtieran con fines politicos. Incluso cuando explicó que Israel no podia acceder a un estatuto tan politizado, Nathan expresó la esperanza de que prevaleciera el sentido común y el Tribunal “sirviera a los nobles objetivos para cuya consecución se estaba estableciendo”.

Un cuarto de siglo después, parece claro que son los temores del juez Nathan, y no sus esperanzas, los que se han concretado. Lejos de terminar con la impunidad de graves crímenes, la emisión de órdenes de arresto por parte de la Corte para el primer ministro y el ex ministro de Defensa de Israel, junto a un líder de Hamás (aparentemente fallecido), es un regalo perverso para la organización terrorista. No sorprende, pues, que Hamás emitiera una declaración pública dando la bienvenida a las órdenes de detención poco después de la decision de la Cámara. Esto crea una equivalencia obscena entre los asesinos y violadores del 7 de octubre y las víctimas que se defienden de Hamás, que ha jurado cometer tales masacres “una y otra vez”. De hecho, la Corte ha ido más allá de la equivalencia, dirigiendo el cargo de ataques intencionales contra una población civil a Israel, pero no a Hamás,que más allá de las masacres del 7 de octubre ha continuado disparando miles de misiles contra Israel.

La emisión de las órdenes también ignora un principio clave del estatuto de la Corte - la complementariedad. Este establece que el Tribunal solo puede tener jurisdicción cuando los tribunales locales no pueden o no quieren actuar. Hamás, está claro, no tiene intención alguna de investigar sus propias atrocidades. Por el contrario, considera que cada víctima civil, tanto palestina como israelí, es un éxito perverso. Israel, por su parte, tiene un sistema jurídico riguroso que ha demostrado estar dispuesto y ser capaz de investigar y perseguir las violaciones del derecho internacional.

De hecho, el compromiso de Israel con el mantenimiento del Estado de derecho fue elogiado por el propio fiscal de la CPI cuando visitó Israel, tras la masacre de octubre. Destacó que “Israel tiene abogados capacitados que asesoran a los comandantes y un sólido sistema destinado a garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario.”

Los presuntos crímenes reflejan también una desconexión de la realidad. Las órdenes judiciales acusan a Israel de matar deliberadamente de hambre a los gazatíes, a través de la imposición de un “sitio total”, pero no hacen referencia al más de un millón de toneladas de alimentos, suministros médicos y otras formas de ayuda, entregadas por cerca de 60.000 camiones, incluso mientras Hamás continúa reteniendo a más de 101 secuestrados incomunicados, dispara misiles contra Israel y roba ayuda y suministros destinados a los palestinos.

Resulta difícil evitar la impresión de que el fiscal trató de reforzar su decisión de impulsar órdenes de arresto y ocultar estas discrepancias, remitiendo las evidencias a un panel de “expertos imparciales”. La Corte insiste en que las declaraciones de los testigos y las pruebas periciales que se transfirieron son “confidenciales”, pero si fueron seleccionadas siguiendo el mismo criterio que el panel de expertos, ello plantea serios motivos de preocupación.

El panel “imparcial” incluyó numerosos miembros que ya han realizado públicas acusaciones críticas contra Israel. Lo más preocupante, sin embargo, fueron sus campos de especialización. Muchos fueron promocionados como abogados de derechos humanos, pero apenas había alguien familiarizado con la experiencia militar y las leyes de los conflictos armados. El resultado fue un panel que no podía dedicarse a la tarea fundamental de deliberar, con experiencia militar, sobre lo que es necesario y permisible en defensa contra los continuos ataques con cohetes y la brutal retención de los secuestrados. Si se incluyera en el panel, a expertos de esta clase, pues se presentaría una perspectiva sumamente diferente, como la de John Spencer, jefe del Centro de Estudios de Guerra Urbana del Instituto de Guerra Moderna West Point:

“Nunca he conocido a un ejército que tome dichas medidas a fin de atender a la población civil enemiga, especialmente, mientras combate simultáneamente al enemigo en los mismos edificios. De hecho, según mi análisis, Israel ha implementado más precauciones para prevenir daños civiles que cualquier ejército en la historia”.

En la Conferencia de la CPI de 1998, el juez Eli Nathan, expresó su peor temor en referencia a la Corte - que se convirtiera “apenas en un foro político más del cual abusar con fines políticos por parte de un grupo irresponsable de Estados, conforme a su capricho político”. Trágicamente, la propia Corte acaba de aproximarse un paso más a esa triste predicción.

La Corte Penal Internacional es otra víctima del 7 de octubre. Créditos: R. Cervera

La Corte Penal Internacional es otra víctima del 7 de octubre, por Eran Yuvan

El poder político no se sacia fácilmente. Está en su naturaleza crecer, ensancharse, sobre todo si las debilidades del sistema o la indiferencia ciudadana se lo permiten. Las instituciones de la democracia deberían, por eso, ser diseñadas pensando en el peor de los gobernantes. Es lo prudente. El único poder sano y constructivo es el poder controlado.

¿Hacia dónde se expande? Uno de sus objetivos más apetecibles son las instituciones que tienen como función ponerle límites a su poder. Es casi una necesidad visceral tratar de infiltrarlas, u hostilizar a quienes los vigilan y los tienen en la mira. Por eso, el sistema de justicia ha sido históricamente blanco de asedio político. Tiene sentido. Cuando las fuerzas políticas se coluden para abusar de su poder infringiendo la Constitución y las leyes, son los jueces los llamados a frenar las arbitrariedades y restituir los equilibrios.

El razonamiento que guía sus resoluciones es fundamentalmente jurídico y principistamente político en el sentido de cautelar la legalidad y el orden democráticos para beneficio de la sociedad. No importa si los actores comprometidos son alcaldes o ministros, o si sus resoluciones acarrearán consecuencias políticas. Un juez entiende el tablero de la política, pero no debe mover sus piezas pensando en que sus resoluciones le sumarán o le restarán poder a alguien. Esto explica por qué los jugadores más avezados lo prefieran dócil, a sus pies.

No obstante, “politizar” no puede ser convertido en un verbo maldito, en una especie de acusación que nos deshonra y saca del juego. Quizás el objetivo oculto de la expresión “¡estás politizado!” sea el de ahuyentar de la política a los ciudadanos; así no cuestionan, no protestan, y discurrirán marginalmente por la vida del país sin comprender los problemas ni encarar a quienes tienen la obligación de resolverlos. Sin embargo, el proyecto democrático no podría entenderse sin la “politización” de la sociedad. Es indispensable estimular el quehacer político dialogando, negociando, compitiendo dentro de los límites de la ley, pactando en beneficios de todos. La política es participación informada sobre los asuntos de interés público. Las democracias empiezan a morir cuando los ciudadanos ven pasar la corrupción, la ineficiencia o los abusos sin que se les mueva un pelo.

Pero el referido verbo tiene su lado oscuro. Algo también se “politiza” (negativamente) cuando se busca subordinar lo público al interés privado, o de los partidos (o sea de las dirigencias, de sus familias, y sus turbias trastiendas), entonces desaparece la idea de bienestar general, de deliberación plural, y la democracia se transforma en una maquinaria dominada por élites al servicio de sí mismas. O cuando el sistema no es capaz de autocorregirse por acción de los controles mutuos. Si bien no es posible despolitizar las relaciones sociales o institucionales, sí se puede evitar que la lógica de la acumulación de poder lo domine todo.

En este sentido, politizar las instituciones de control del poder alimenta un proyecto autoritario. Un ejemplo de esto es el haber incluido a la Defensoría del Pueblo en la comisión especial que elige a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Creo que fue un error. En su momento se interpretó como un reconocimiento y hasta una especial distinción. Bien visto, sin embargo, lo que se ha creado es un incentivo adicional para politizar (en el peor de sus sentidos) esta institución. La defensa de derechos o la autonomía institucional se vuelven consideraciones nimias al lado del plan de expandir el poder hacia la Defensoría, de ahí a la comisión especial, enseguida a la JNJ y, finalmente, al sistema de justicia. Más allá de si efectivamente logren con estas maniobras cerrar el círculo del poder, la distorsión ya está instalada en el proceso.

Pero hay una distorsión más: la Defensoría del Pueblo no fue creada para ser parte de comisiones que toman decisiones vinculantes. Es más, cuando hubo que integrar algunas comisiones que por su finalidad requerían del concurso de la Defensoría, siempre se hizo para opinar, para colaborar, sin que su función se confundiera con las de las entidades bajo su supervisión. La defensa de derechos demanda que el ombudsperson tenga plena libertad de acción para llegar a todos los rincones del Estado sin las ataduras que las decisiones, por más colegiadas que fueren, traen consigo.

Por ejemplo, la llamada Comisión Ad Hoc para indultos del año 1996, integrada por el defensor del Pueblo de entonces, el ministro de Justicia y el padre Hubert Lanssiers, tenía por encargo “evaluar, calificar y proponer al presidente de la República, en forma excepcional, la concesión del indulto”; o la Comisión Nacional Anticorrupción del 2013, para “articular esfuerzos, coordinar acciones y proponer políticas”, y en la que la Defensoría tiene voz, pero no voto. En ambos casos, las comisiones fueron creadas por ley, pero la Defensoría preservó la independencia de su voz y el carácter recomendatorio de sus pronunciamientos. El que supervisa debe tomar una relativa distancia del supervisado para que la crítica o la colaboración surta efecto.

En el caso de la comisión especial que elige a los miembros de la JNJ, la Defensoría ostenta facultades de dirección, resuelve tachas y reconsideraciones, vota para seleccionar a los miembros, y firma las resoluciones de nombramiento de los titulares y los suplentes. Todas ellas competencias ajenas a su naturaleza constitucional. ¿No hubiera sido mejor ver a la Defensoría del Pueblo supervisando que dicho proceso de selección estuviera rodeado de garantías de transparencia, publicidad y participación ciudadana?

Sin duda, esa era la tarea esperada, vigilar que se cumplan los más altos estándares en un proceso cuyo resultado tendrá consecuencias en los derechos fundamentales de todos. Y, desde luego, conservar las manos libres para la defensa sin distorsiones ni condescendencias de cada ciudadano y del interés general.

Columnista invitado

Politización, por Rolando Luque Mogrovejo

<h2>¿Un carisma original confiado a un grupo de abusadores?</h2>

La “generación fundacional” del Sodalicio —concepto acuñado por el mismo Luis Fernando Figari— estuvo integrada en su mayor parte por un grupo de alumnos egresados del Colegio Santa María (Marianistas) de Monterrico (Lima, Perú) en los años 1973 y 1974 —a saber, José Ambrozic, Germán Doig, José Antonio Eguren, Emilio Garreaud, Alfredo Garland, Luis Cappelleti (exsodálite), Raúl Guinea, Franco Attanasio (exsodálite), Juan Fernández (exsodálite)— pero también pertenecen a ella Virgilio Levaggi (exsodálite), del Colegio Italiano Antonio Raimondi, Jaime Baertl y Alberto Gazzo (exsodálite), ambos del Colegio de la Inmaculada (Jesuitas).

Fue con estas personas que Figari consolidó un grupo que le seguía fielmente y que serviría para darle forma a la institución y desarrollar la ideología y la disciplina sodálites. (…)

Sin embargo, nos hallaríamos ante una curiosa manera del Espíritu Santo de seleccionar sus herramientas: Luis Fernando Figari, el fundador, es un abusador. No solo él. De la generación fundacional han sido abusadores sexuales Germán Doig (fallecido) y Virgilio Levaggi. Otros han destacado a su vez por otras formas de abuso. Así, han sido expulsados del Sodalicio José Ambrozic, Mons. José Antonio Eguren, arzobispo emérito de Piura y Tumbes, y el P. Jaime Baertl por faltas graves contra consejos evangélicos que prometieron cumplir escrupulosamente y que provocaron grande escándalo. (…)

<h2>Los “médicos del Sodalicio” y su complicidad con el abuso</h2>

Era práctica común en el Sodalicio que los informes médicos no fueran entregados al paciente perteneciente a alguna rama de la familia Sodálite, sino directamente a los superiores, violando así el secreto profesional y la confidencialidad debida al paciente. Para ello, Figari contó con la complicidad de algunos médicos, vinculados de una u otra manera a la “familia sodálite.

(…) Para casos de enfermedad mental entre sus seguidores, Figari contaba con los servicios del doctor Carlos Mendoza, un psiquiatra adoctrinado dentro de las filas del Movimiento de Vida Cristiana, que habría tratado crisis vocacionales de sodálites y fraternas con psicofármacos y que estaría firmemente convencido de que la homosexualidad es reversible mediante procedimientos psiquiátricos. Él habría tratado, a partir de 1997, al pederasta serial Jeffery Daniels, respecto a quien el Sodalicio ha reconocido oficialmente por lo menos 12 víctimas menores de edad, y habría participado del encubrimiento que se hizo de su caso, sin que sus delitos fueran denunciados ni a las autoridades civiles ni a las instancias canónicas correspondientes.

(…) “Los aspirantes éramos examinados por el Dr. César Salas (médico sodálite de confianza de Figari), incluyendo palpación de genitales ‘para verificar que todo esté bien’, según nos dijo”. En San Bartolo, un balneario al sur de Lima, estuvieron situadas las casas de formación donde ocurrieron los peores abusos físicos y psicológicos, asimilables a tortura y violaciones de derechos humanos.

Aquí denuncio públicamente que 1) estas prácticas del Sodalicio no respetan el secreto profesional; 2) los profesionales implicados no gozan de independencia profesional necesaria, pues ellos también deben obediencia a los superiores, los cuales controlan el proceso entero; 3) los tratamientos psicológicos no han abordado las causas, sino que han tendido a ocultar la enfermedad; 4) el riesgo de padecer una enfermedad física o psicológica grave entre los sobrevivientes de la familia Sodálite es desproporcionadamente elevado respecto al resto de la población general. (…)

Podemos llegar, pues, a la conclusión de que el Sodalicio, junto con todas sus excrecencias, no es un signo de salud en la Iglesia católica, sino una enfermedad maligna que debe ser extirpada para bien de todo el Cuerpo.

Algunos, como el cardenal Gianfranco Ghirlanda, después de su exitosa operación de lavado de imagen de los Legionarios de Cristo que hizo junto al cardenal Velasio De Paolis, pretende hacernos creer que un Dios puede conceder un carisma originario a un inicialmente buen cristiano como Marcial Maciel: luego, siendo infiel a dicho presunto carisma divino, serían sus seguidores quienes lo desarrollarían. “Por sus frutos los conoceréis” (Mt 7, 16). Señor cardenal, ¿la larga lista de supervivientes de la familia Sodálite son los “preciados frutos” que puede exhibir el Sodalicio?

(…) Algún día el cardenal Ghirlanda, buen amigo del Sodalicio al menos desde la década de los 90, también nos tendría que explicar el ballet jurídico que realizó para transformar lo que eran sociedades lucrativas, como los cementerios Parque del Recuerdo, en “misiones católicas” puestas por el P. Jaime Baertl, Mons. José Antonio Eguren y sus esbirros bajo el Concordato de 1980 y, por tanto, exentas de pagar tributos, primer paso para convertirlas finalmente es “islas tributarias” que permitieron una enorme operación de lavado de dinero en diferentes offshores, las últimas en Denver, EEUU.

En la página web oficial del Sodalicio no se nombra a Figari. El escamoteo seguido por el actual Sodalicio en manos de José David Correa provocaría ternura de lo naif que es, si no fuera porque esconde una realidad delictiva: no pueden hacer desaparecer como por arte de magia a su Fundador. No pueden decir que, ex nihilo, el Sodalicio apareció de improviso en 1997, año de su aprobación como sociedad de vida apostólica de derecho pontificio. Figari está ahí y estará ahí mientras exista el Sodalicio y toda la familia de grupos manifiestamente abusivos que él fundó.

<h2>El final está cerca y hay que hacerlo bien </h2>

La supresión del Sodalicio junto a la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, las Siervas del Plan de Dios y el Movimiento de Vida Cristiana, todos ellos grupos que se derivan directamente del falso carisma de Figari y, sobre todo, la rendición de cuentas de todos aquellos que han sido responsables del abuso sistemático de los sobrevivientes, no solo es necesaria. Es un precedente a considerar al evaluar aquellos movimientos y realidades eclesiales que, en su momento, constituyeron la así llamada “primavera de la Iglesia” (Juan Pablo II, 1998). El papa Francisco lo tiene claro: el Sodalicio es irreformable.

(…) Alejandro Bermúdez, el solista dirigido por Jaime Baertl y José Antonio Eguren, con la ayuda de Guillermo Ackermann, Gonzalo Valderrama, Luciano Revoredo y otros mariachis que les siguen la cuerda, con su control enfermizo de la narrativa sodálite, completan la operación de abuso y encubrimiento.

El esperpento protagonizado por Giuliana Caccia y Sebastián Blanco, insistiendo en unos hechos manifiestamente probados como falsos, los define a todos ellos. El reciente encuentro de los periodistas Paola Ugaz, Pedro Salinas y Elise Ann Allen con el papa Francisco pinchó el globo de sus mentiras. (…)

Pero yo me pregunto: ¿tuvo Sebastián Blanco la desfachatez de decirle al papa que lo contado por Salinas y Ugaz en su libro Mitad monjes, mitad soldados era falso, como parece ser que habría afirmado ante la Misión Especial Scicluna-Bertomeu? ¿Insistiría también Giuliana Caccia ante el papa en ser “víctima” de las víctimas Escardó y Scheuch, el último, quien escribe? ¿Le dirían también que las víctimas son “activistas mediáticos”?

Los sobrevivientes arrastraremos daños personales durante todo lo que nos quede de vida. Sin embargo, Francisco nos ha devuelto la esperanza, y nosotros, a diferencia de ellos, sí deseamos que no se muera pronto. Larga vida a Francisco.

Primero la infancia, por Patricia Gonzáles Simón

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