Nos despertamos este martes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con la noticia de que el gobierno (¿y el Congreso del Pacto Corrupto?) ha decidido gastar en 2025 US$ 3,422 millones de dólares en aviones, artillería y barcos de guerra. Traducido a soles: más de 12,000’000,000 (doce mil millones de soles… ¡sí!).
Chocante que esa sea una de las prioridades actuales del Estado peruano: buscar cotizaciones para comprar cazas F-15 (EE.UU.), Dassault Rafale (Francia), Eurofighter Typhoon (Reino Unido) o Saab JAS 39E/F Gripen (Suecia), entre otras “maquinitas” que cuestan muchos millones. O vehículos blindados de combate en diversos países, como el CV90 MkIV (Suecia) o los K21 o K30 de Corea del Sur.
Como cualquier ciudadano, uno se pregunta cuál puede ser la hipótesis de conflicto externo que justifique priorizar, de un día para otro, un gasto de esa dimensión. Cuando, simultáneamente, no hay en el “menú” de esa “lista de compras” nada que se refiera a adquirir equipamiento —ostensiblemente necesario— para atender desastres naturales dentro de nuestras fronteras. Como terremotos, inundaciones o situaciones recurrentes como los incendios forestales, sin equipo adecuado para apagarlos. Para todo lo cual lo que se necesita es, ante todo, helicópteros.
O, dicho de otra forma, explicar por qué, de pronto, esta anunciada compra pasa a tener preferencia y prioridad sobre la masiva desnutrición infantil, la castigada y soslayada salud de la población, y sobre nuestra colapsada infraestructura de escuelas, muchas de ellas aún sin agua potable. Con la suma de dinero prevista para esos juguetes bélicos, más de 250,000 escolares en el Perú podrían acceder a un colegio con infraestructura de primer nivel: agua potable, baños funcionando, electricidad y acceso a internet.
Y pensemos, también, en la vivienda, que, como en muchas otras áreas, también tiene una cuasi nula política gubernamental.
Pensando solo en vivienda, los 12 mil millones de soles divididos en bonos para vivienda, de 30 mil soles c/u, llegarían directamente a 400,000 familias que podrían tener acceso a una vivienda digna. Así, se sabe que para construir en “sitio propio”, el bono que se le asigna al beneficiario suele ser de alrededor de los 30 mil soles. Que, aunque suene “poquito” para construir una casa, está demostrado que sí permite poner en marcha un proyecto inmobiliario en serio. Con mucho menos, en el presupuesto “récord” asignado al Fondo Mivivienda en 2023, que fue de 1,060 millones de soles, ese bono le llegó a 38 mil familias que así construyeron o ampliaron sus viviendas.
Así, pues, podrían tener acceso —¡al fin!— a una vivienda, a través del programa Techo Propio, si el programa se ejecuta eficientemente. Y, de paso, serviría como estímulo a la reactivación económica del país al impulsarse miles de construcciones en simultáneo.
Y ante el desastre —y abandono— de la salud pública, dado el brutal déficit de hospitales y centros de salud, y especialmente la casi inexistencia de postas médicas operando en la abrumadora mayoría del campo, priorizar los juguetes bélicos es prácticamente un crimen.
Como es evidente, ¡otra vez!, muchísimo se podría hacer en materia de salud con esos recursos fiscales. Que le pertenecen al pueblo y no al Pacto Corrupto.
¡Más y mejores hospitales! Los hospitales de categoría III-1, que son los más grandes y complejos, son brutalmente insuficientes. Relevantes por el tipo de servicio que pueden prestar. Se impacta sobre millones de personas si se construyen y equipan varios de ellos.
Especialistas consultados sostienen que, invirtiendo en hospitales A-1, de esta categoría —y no en juguetes bélicos nuevos—, esos recursos fiscales podrían construirse esas nuevas instalaciones hospitalarias. Al menos 3-4 hospitales nuevos, repercutiendo, cada uno de ellos, en la salud de millones de personas. Que agradecerían que se haya gastado el dinero, que pertenece a todo el país, en priorizar la salud. Y no en muy costosos aviones de combate o en tanques/tanquetas de guerra.
El país necesita, pues, pasar “a otra cosa”. A una fase distinta en la que se hable en serio del buen uso de los recursos fiscales. Empezando por explicar cómo se sustenta la ineficiente gestión que ha llevado al país a tener que sobrevivir con un déficit fiscal grave, lacra de la que el Perú se había desprendido ya hace más de 20 años. Y desechando ahora estas ideas de compras millonarias de equipos militares dado el contexto de desnutrición infantil masiva, infraestructura educativa colapsada y deficiente salud pública.
Todo lo cual requiere una radical redefinición de prioridades. Asignar recursos millonarios a la compra de material bélico es INMORAL.
Las fuerzas políticas y sociales independientes del Pacto Corrupto, llamadas a reemplazar al Pacto Corrupto luego que colapse, están llamadas a reforzar su accionar e impedir, ahora, este absurdo despilfarro. La poca legitimidad que hoy tienen quienes actúan en política tienen en esto la oportunidad de pasar a ocupar ese espacio en serio y con solvencia. Apuntando al buen uso de nuestros escasos recursos fiscales —en educación y salud pública— y a las necesidades de la gente. Tienen ante esto un reto y exigencia muy concretos.
Abogado y Magister en derecho. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores (2001- 2002) y de Justicia (2000- 2001). También presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue Relator Especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados hasta diciembre de 2022. Autor de varios libros sobre asuntos jurídicos y relaciones internacionales.