Si todo es violencia, nada es violencia. El reciente episodio en el que una ciudadana le tiró del pelo a Dina Boluarte durante un acto en Ayacucho recuerda la necesidad de abordar estos hechos de manera profunda y compleja, ya que deja en evidencia las profundas tensiones sociales que afectan al país.
Aunque hay versiones encontradas —se especula que fue otra mujer quien le jaló el cabello—, la Fiscalía abrió una investigación a dos mujeres; entre ellas, Ruth Bárcena, víctima de la represión militar y policial durante las manifestaciones al inicio del Gobierno de Boluarte: su esposo y principal proveedor de su hogar, Leonardo Huancco, fue asesinado de un disparo en el abdomen. Como consecuencia, ella tuvo una pérdida de embarazo y enfrenta una grave precariedad económica. Hoy es la presidenta de la asociación de víctimas de la llamada masacre de Ayacucho, y sigue esperando consecuencias para quienes mataron a su compañero.
Justo por estos antecedentes, el acto hacia Boluarte, quien entre sonrisas y arengas de su equipo, acudió sin ningún tipo de reparo a una de las zonas más afectadas por la represión de su Gobierno, no surge de un vacío, sino como resultado de la indiferencia y la impunidad. Condenar la agresión de forma general es necesario, sí, pero también es esencial entender que hay eventos que frecuentemente son manifestaciones de un profundo hartazgo y desesperación.
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Sucede en toda nuestra región. Por ejemplo, en setiembre de 2020, decenas de madres de mujeres desaparecidas, víctimas de feminicidios y otras violencias de género, tomaron la Comisión de Derechos Humanos de México como respuesta ante la inoperatividad e indolencia del Estado para atender sus casos. Su accionar es extremo, sí; incumple normas, también; pero debe ser enmarcado como un llamado de atención límite ante el desprecio de sus autoridades después de constantes pedidos de ayuda, celeridad y justicia.
Precisamente la premisa ‘‘si todo es violencia, nada es violencia’’ busca plantear que el significado de violencia o la carga que se le da se diluye si no se analiza la complejidad de cada situación. También invita a considerar las raíces de episodios como el del 20 de enero.
Existe un desprecio hacia las víctimas de la represión militar y policial que debe ser señalado, condenado y abordado a partir de soluciones estructurales y reparación. Las interpretaciones simplistas y, especialmente, la instrumentalización realizada por quienes, en su momento, se mantuvieron en silencio frente a las agresiones contra mujeres aimaras que se movilizaron en julio del año pasado contra el Gobierno, generan mayor estigmatización y división.
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Por ello, es fundamental destacar la responsabilidad del Estado en la construcción de un entorno que aliente al diálogo y a la participación ciudadana. Desde luego, reconociendo y asumiendo responsabilidades. Dentro de la lista de muertos en las manifestaciones hay niños y adolescentes; personas que solo ejercieron su derecho a protestar. No se puede equiparar el hecho de reprimir con armas a manifestantes, apuntándoles y disparándoles deliberadamente al cuerpo, con la reacción de una mujer que demanda justicia mientras le lanzan caramelos en la cara.
Periodista y editora de género en Grupo La República. Licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y máster en Estudios de Género por la Universidad Complutense de Madrid.