Las dramáticas escenas del martes 9 de enero en Ecuador -el asesinato de dos policías transmitido por Internet, la toma de un canal en Guayaquil, más de un centener de rehenes, etc.- es solo la punta del iceberg que pone en evidencia el poder que ha alcanzado el crimen organizado transnacional en la región.
En el Perú, el crimen organizado controla territorios y negocios. Cobra cupos en las obras de construcción civil y a empresarios de diversos rubros, a vendedores ambulantes. La extorsión y el sicariato van juntas: en julio del año pasado, Deberin Chihuan, funcionario del municipio de La Victoria a cargo de la seguridad del sector damero B de Gamarra, fue acribillado por sicarios a bordo de motocicletas. Chihuan y su equipo que intentaban restringir el comercio ambulatorio se enfrentaron a las mafias que cobran hasta 100 soles diarios por suelo lotizado.
¿En el Perú se toman iniciativas para evitar el peor escenario, una guerra abierta entre el crimen organizado y el retazo de orden (seguridad) estatal que nos queda? El 19 de diciembre marcharon la CGTP y la Confiep, Construcción Civil y Capeco por las calles de Lima, en un gesto político por aglutinar voluntades de trabajdores y empresarios, quienes, como diría el viejo Marx, representan intereses de clase antagónicos.
Algunos levantaron las cejas, ¿cómo puede marchar la CGTP con la Confiep? Calificaron de “traición” la decisión del gremio de los trabajadores que, sin embargo, responde a una demanda apremiante de los obreros de construcción civil. Se subraya, con razón, que la Confiep cerró los ojos ante la feroz represión de las protestas. Y así fue. Y que el Gobierno de Dina Boluarte no ofrece ni la legitimidad ni la voluntad política de enfrentar la inseguridad ciudadana, dominado como está por un imperativo pequeño, durar a cualquier costo.
¿Pero todo lo dicho significa que es mejor esperar “tiempos mejores”? Y, sobre el fondo del diálogo ¿alguien cree que se puede enfrentar el raqueteo y los secuestos sin el concurso de los obreros y empresarios de construcción civil?
Salir a marchar -que es decir, expresar en público la voluntad de tomar contacto y llegar a acuerdos mínimos de gobernabilidad- no significa que se supere el conflicto de clases, que persiste y es irreductible entre obreros y empresarios. ¿O sí?
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Por si acaso, en democracia se promueven sistemas de intermediación para negociar los intereses de los sindicatos y la patronal, incluso con la intervención del Estado. En España, en Argentina y en otros países estos pactos (p.ej. la mesa, Estado-sindicato-patronal donde se negocia anualmente el incremento del salario mínimo) son moneda habitual. En el Perú, existía la Tripartita con Grados Bertorini que en términos reales se ha esfumado con la arremetida neoliberal y el imperio del mercado.
A los que denuncian “traición”, sería bueno que presenten una propuesta alternativa de seguridad ciudadana. Sería oportuno tener algunas salidas a mano (mejor si se dan desde el progresismo) y discutirlas y apuntalarlas ante la opinión pública. Pero decir solo “no” y luego callar no sirve. El tiempo se acaba. No vale decir como Alberto Cortés “a partir de mañana”. Porque ese mañana puede ser el tiempo del sicariato. O el tiempo ya anunciado de un Bukele-Antauro.
Socióloga y narradora. Exdirectora académica del programa “Pueblos Indígenas y Globalización” del SIT. Observadora de derechos humanos por la OEA-ONU en Haití. Observadora electoral por la OEA en Haití, veedora del Plebiscito por la Paz en Colombia. III Premio de Novela Breve de la Cámara Peruana del Libro por “El hombre que hablaba del cielo”.