El rico dato y Raimondi 2.0

“Lo que tenemos es a funcionarios públicos que mendigan data, pero que están sentados en un banco de oro, rico en cantidad y con muchísimo potencial para ser procesado en información de calidad”.

La noticia publicada en “La Encerrona” sobre actores políticos y perseguidos por la justicia que aparecen como muertos puede ser entendida como una historia tragicómica pre “Halloween” para quienes preferimos tomarnos las cosas con humor. No obstante, esta revelación no deja de ser preocupante porque denota la bajísima importancia que los organismos públicos le están dando a sus sistemas de información.

Si bien esto revela, de manera directa, la ausencia de políticas de ciberseguridad, lo cierto es que también evidencia que, en realidad, los funcionarios públicos no le están dando la debida importancia a los datos que tienen registrados. En la era de la información y el conocimiento, el Estado peruano no puede seguir ajeno a una tendencia en donde la data es un recurso valioso para tomar decisiones más efectivas.

El Reniec, por ejemplo, tiene bajo su operación, al corazón de la información del país, la información de todos los ciudadanos que no está siendo debidamente aprovechada por el Estado para tomar mejores decisiones respecto a las políticas públicas que se necesitan diseñar e implementar en función a las necesidades particulares de diferentes grupos poblacionales.

La entrega de bonos durante la pandemia hubiese sido más ágil y precisa si se hubiese utilizado la data de esta entidad. La interoperabilidad es un tema crucial pero aún pendiente en el Estado y que seguirá ausente en tanto no se ponga a las necesidades del ciudadano y el propósito de servirlo mejor en el centro de las decisiones.

No se puede seguir culpando a la burocracia ni a la normatividad para no contar con suficientes sistemas que permitan a los tomadores de decisión utilizar y leer mejor los datos que las diferentes entidades generan día a día.

Los funcionarios públicos suelen quejarse de que no cuentan con debida información para tomar decisiones, pero en realidad, parafraseando a Raimondi, lo que tenemos es a funcionarios públicos que mendigan data, pero que están sentados en un banco de oro, rico en cantidad y con muchísimo potencial para ser procesado en información de calidad.

No podemos hablar de tener sistemas de seguridad adecuados sino somos conscientes primero del valor que esta información puede tener. Nadie protege algo que no valora. Nadie descuida algo que valora.

Lo sucedido con los registros falsos de defunción en el Reniec puede llevar a sus funcionarios a involucionar y tomar decisiones cavernícolas como retornar a la cultura del papel o crear más pasos burocráticos para hacer más engorroso el proceso de registrar a un fallecido. La vulnerabilidad de los sistemas de información no se debe a la tecnología, como muchos han querido culpar, sino a la falta de la tecnología adecuada para evitar que esto suceda.

Retornar a procesos artesanales o manuales solo nos regresa a un mayor control humano en donde la información es mucho más manipulable aún. En esta lógica, es importante que la ciudadanía sea consciente del potencial que puede tener la tecnología y la digitalización de los procesos para luchar contra la corrupción.

Esto los funcionarios lo saben muy bien, pero el problema no está en que los tomadores de decisión sean resistentes al cambio sino que, en realidad, son resistentes a entregar el control que hoy tienen. Ese control excesivo que pueden tener sobre un proceso no digitalizado es el que puede hacer que la corrupción germine mejor. ¿Por qué resistirse a una solución tan efectiva? ¿A quiénes les conviene que haya corrupción?

Es importante por eso empoderar a la ciudadanía y a la opinión pública con estos temas para que se genere la suficiente incidencia que presione tanto al punto que los tomadores de decisión no tengan otra opción más que sumarse a la tendencia mundial de lo digital, la transparencia, el aprovechamiento de la data para fortalecer la institucionalidad pública.

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Alexandra Ames

Especialista en Políticas públicas efectivas. Jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Ha sido servidora pública de municipios y ministerios. También ha sido Secretaria Técnica del Social Progress Imperative para el Perú. Limeña, hija de padre puneño y madre moyobambina.