Se ha empezado a hablar sobre el bono alimentario, el cual consistirá en la entrega de 300 soles a un grupo de familias focalizadas. A diferencia de los bonos anteriores que fueron entregados masivamente, esta vez, como su nombre lo dice, se busca poner el foco en aquellas personas que más lo necesiten. Para asegurar que esta intervención tenga el mayor impacto posible, será crucial prestar atención en algunas claves que no pueden dejar de considerarse.
La primera clave tiene que ver con el objetivo. Se debe tener muy claro qué es lo que se quiere lograr o evitar con la entrega del bono. No debe entenderse entonces como un fin en sí mismo, sino como un medio que debe permitir generar un impacto mayor. ¿Quiere evitarse que crezca el número de pobres? ¿Quiere evitarse que los niños caigan en una situación de desnutrición? Si el bono de alimentos se da en un contexto de alza del precio de alimentos, lo que se espera es que las familias más pobres no sacrifiquen la cantidad y calidad de la alimentación por falta de recursos.
Se sabe que las familias de menores ingresos son las que gastan un porcentaje mayor de su presupuesto total en alimentación. Esto significa que la inflación de precios afecta con mayor intensidad en los hogares más pobres. No debiéramos quedarnos entonces pensando en que el objetivo es cuidar que el indicador de pobreza crezca como si fuera un dato frío sino en los efectos que eso puede significar para la calidad de vida de las familias y sus miembros.
La segunda está en la fase del diseño de la intervención. Se debe tener bien claro cuáles serán los criterios para entregar este bono. Es importante tener bien mapeado el público objetivo al que se desea llegar. Ya se han identificado serias dificultades por parte del Estado en construir una adecuada base de datos de los beneficiarios.
Por el lado de los beneficiarios de ámbito rural, el Midis ha ido construyendo un padrón de pobreza extrema muy riguroso. Ya se sabe quiénes son, dónde están y cómo llegar a ellos. El desafío ahora está en construir ese padrón para los sectores urbanos que ha sido duramente golpeado por la pandemia y que aún no se recupera como debería.
Para construir una adecuada base de datos, el Estado debe contar con el capital social ya instalado en las organizaciones sociales de las ollas comunes, las cuales se encuentran operando en los bolsones más pobres de las diversas ciudades del país.
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Si hablamos de pobreza extrema, más de medio millón de personas de nuestras ciudades no tienen capacidad para comprar una canasta mínima y básica solo de alimentos y más de 5 millones de personas del ámbito urbano no pueden cubrir una canasta básica que incluya transporte y otros servicios de la casa. El alza de los alimentos, disminuirá aún más estas capacidades de las familias.
La tercera clave está en la comunicación, que ha fallado mucho en los anteriores bonos. Esta es una parte estratégica de un adecuado proceso de implementación. El seguimiento y monitoreo respecto a cómo van las transferencias, cuántos faltan y quiénes no han cobrado es otro punto que no puede dejar de mirarse. La tarea del Estado no termina con el depósito de una cuenta; debe de tener la certeza de que llegó al ciudadano. La información y sensibilización sobre qué alimentos comprar sobre otros es también necesario.
La cuarta está en asegurar la complementariedad con un paquete más integrado. La entrega de micronutrientes y hierro por parte del Minsa debe intensificarse en los hogares desde una lógica extramural.
La quinta clave está en incluir el enfoque de desarrollo de capacidades. No debemos tenerle fobia a las medidas asistencialistas. Debemos reconocer su importancia en los momentos necesarios, pero esto no significa que se pierda la oportunidad de incluir estrategias para empoderar más a los ciudadanos y desarrollar suficientes capacidades para que estos sean cada vez más resilientes y autónomos. El Estado no puede vivir reaccionando de emergencia en emergencia sin implementar ninguna estrategia que más bien prevenga o mitigue el impacto de una crisis.
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Especialista en Políticas públicas efectivas. Jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Ha sido servidora pública de municipios y ministerios. También ha sido Secretaria Técnica del Social Progress Imperative para el Perú. Limeña, hija de padre puneño y madre moyobambina.