Antonio  Zapata

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Historiador, especializado en historia política contemporánea. Aficionado al tenis e hincha del Muni.

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Indígenas mineros, por Antonio Zapata

“Para agravar y complicar las cosas, el Congreso está aprobando una ley que autoriza el armamento de las rondas contra la delincuencia”.

Durante años se creyó que la oposición agro/minería era total y que los campesinos estaban contra las minas porque deseaban conservar la naturaleza heredada de sus antepasados. Sin embargo, un movimiento subterráneo estaba en curso y millares de campesinos estaban cavando la tierra transformándose en mineros informales. Han sido casi invisibles hasta que los luctuosos sucesos de Caravelí llamaron la atención sobre un fenómeno que amenaza salirse de las manos al precario Estado peruano.

En efecto, según especialistas como Carlos Monge, la minería informal avanza a lo largo de la cordillera occidental trabajando en socavones y logrando elevados rendimientos. Es necesario sumarle los lavaderos de oro en la vertiente oriental de los Andes, donde se hallan dragas y un sistema productivo ecológicamente más dañino que el socavón.

Ambos procesos vienen de atrás y han fracasado diversas tentativas del Estado para formalizar sus actividades. Es el reino de la informalidad y con dinero en abundancia, se entiende que aparezcan tanto entusiastas y esforzados trabajadores como plata sucia proveniente del lavado y la exportación ilegal del oro.

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Además, esta minería artesanal no es un asunto solamente peruano, sino que se repite en Chile y en Bolivia. La diferencia reside en cómo lo encauza el Estado. En Bolivia se ha formalizado un sector de minería artesanal denominada cooperativista, que crece imparable mientras retrocede la gran minería. La inversión privada se concentra en las fundiciones y la extracción básicamente ha quedado en manos de la minería artesanal.

Por su lado, Chile parece más ordenado: una empresa estatal compra la producción de esta minería y establece tanto reglas como procedimientos técnicos.

Mientras que, lo nuevo en el Perú es la voluntad de los protagonistas por convertirse en actores sociales con propuestas políticas. En efecto, la semana pasada ha nacido una Confederación Nacional de Comunidades Indígenas Mineras, que ha elegido una directiva y aprobado presentar un anteproyecto de ley de pequeña minería.

Su patrocinio ha sido claro porque el congresista Guido Bellido estuvo presente y tomó el juramento de rigor. Asimismo cuenta con operadores conocidos, como Paredes Terry, que ha pasado por experiencias muy diversas, desde el radicalismo hasta Hernando de Soto.

Pero, a pesar de las dudas motivadas por la trayectoria y posicionamiento de sus rostros más visibles, esta Confederación expresa la masificación de la minería artesanal a través de las comunidades campesinas, pidiendo la protección de sus derechos como población indígena.

Su lógica es completamente capitalista y schumpeteriana; sostiene que la gran empresa minera no es necesaria porque ellos pueden encargarse de la extracción. Y como es su territorio, les corresponde en forma preferente.

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Por su lado, en Ingemmet obtener una concesión minera es relativamente simple y como consecuencia todo el país esta repartido. Luego, el concesionario procede como si fuera propietario privado y explota o alquila su concesión. Ante esta situación, esta naciente Confederación reclama que las concesiones en zonas de comunidades deberían anularse y devolverse a los pueblos originarios porque no hubo la consulta previa que ordena la legislación internacional.

Así, sitúan su reclamo en el terreno de los derechos indígenas, buscando una base moral para el negocio minero informal.

Estas demandas evidencian que los campesinos ya no desean plata para dejar su chacra y permitir que la gran empresa explote los yacimientos. Por el contrario, ahora les interesa explotar la minería por sí misma. Para agravar y complicar las cosas, el Congreso está aprobando una ley que autoriza el armamento de las rondas contra la delincuencia.

Lamentablemente, esta norma puede acabar provocando un baño de sangre por la propiedad de las vetas mineras. Lo hemos visto en Caravelí y puede repetirse a escala nacional. En este tema, el Congreso está actuando en forma inoportuna y extremadamente irresponsable.