Contrabandistas

Alva y Juárez encabezan lo que podríamos llamar una banda de contrabandistas en el Congreso de la República. Aprovechando rendijas institucionales, lo que clásicamente llamamos “leguleyadas”, quieren darle una fachada legal a un cargamento de medidas ilegítimas.

Sin interesarles mínimamente principios como el de transparencia, participación y deliberación, quieren hacer uso de su poder para copar instituciones y transformar en forma radical el reparto de poderes en el país.

Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución, tiene un dictamen aprobado que modifica más de 50 artículos de la Constitución. Con esto convertiría de facto este Parlamento en una Constituyente. Y lo pretenden hacer sin escrutinio público, deliberación democrática y lo más importante, el voto ciudadano que habilite ese poder constituyente. En esta travesía su principal aliada es Alva que busca aprobar estos cambios a como dé lugar. Ayer anunció en Junta de Portavoces que ampliarán la legislatura para ganar tiempo y concretar su contrabando.

Con la excusa de un cambio de sistema legislativo por uno bicameral, pretenden alterar contrapesos en la estructura de poder actual. Para empezar, quieren elegir directamente al contralor, sin compartir la decisión con el Ejecutivo como es ahora. Pretenden tener capacidad legal para destituir a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el Reniec. Hoy no pueden hacerlo, aunque se mueren de ganas. Quieren colocar en representantes políticos, muchas veces resentidos y vengativos, potestad sobre los organismos electorales. Buscan reducir el poder del presidente para cerrar el Parlamento, pasando de dos a tres cuestiones de confianza y dejando inamovible al nuevo Senado. Harían esto sin reducir la capacidad del Legislativo de declarar la incapacidad moral del presidente. De paso intentan recuperar la posibilidad de la reelección. Todo este contrabando viene empaquetado con el lazo de la bicameralidad.

Pero acá no acaba. La señora Alva ansía elegir de manera exprés a la nueva o nuevo Defensor del Pueblo. Viola la ley orgánica de la DP que regula la elección para incluirse ella como miembro de la comisión. Señala que no pueden perder el tiempo recibiendo información de la Contraloría sobre los candidatos y se niega un periodo de tachas ciudadanas. El sindicato de trabajadores de la DP ha ganado una cautelar para frenar esta decisión y ya hay rumores de que Alva haría gala de su autoritarismo y pretendería seguir con su elección incumpliendo el mandato judicial. Lo más triste es que salvo una marginal minoría en el Congreso, la mayoría podría acompañarla en esta arbitrariedad.

Como cereza del pastel, el congresista Cavero pretende desestimar información clave en la investigación en torno a la violenta represión policial del 14N y blindar así a Merino.

¿Seguirá la ciudadanía mirando pasivamente cómo usan su poder para meter todo este contrabando?