En el ojo de la tormenta

En estos días se abrió un debate en torno al futuro de una institución central para nuestra democracia: la Defensoría del Pueblo. La razón, un video de marzo de este año grabado en Espinar, donde el candidato Castillo anuncia su voluntad de desactivarla, pues no le serviría al pueblo.

Quienes defendieron en redes esa posición se quedaron ayer sin piso con un mensaje del propio Castillo, señalando que en realidad no busca su desactivación, sino su reforzamiento. Más allá de si el lector cree o no en el compromiso del candidato, lo cierto es que en el Perú “las instituciones no resisten, la ciudadanía las protege” (Sosa). Y como estoy de acuerdo con esa afirmación, creo que debemos recordar por qué es importante proteger a la DP frente a quien sea que ejerza el poder público desde el 28J. No solo hoy, sino desde su creación, la DP ha estado en el ojo de la tormenta.

Su partida de nacimiento es la Constitución del 93. Pero no se confundan, como ha señalado De la Jara, la propuesta de creación vino desde la sociedad civil y Cambio 90-Nueva Mayoría no estaba de acuerdo. Fue la presión, incluso internacional, la que los llevó a aceptar. El fujimorismo demoró 3 años en permitir un acuerdo en el Congreso para el nombramiento del primer defensor, haciendo lo posible por retrasar su puesta en funciones. El comportamiento de la banKada de la Señora K muestra que en el fondo el espíritu fujimorista sigue intacto, puede que hoy no quieran desactivar instituciones, pero sí que las quieren copar. Sin ir muy lejos, la disolución del Congreso pasado estuvo asociado a una estrategia grosera de copamiento del TC.

La DP no es una entidad ejecutiva, su trabajo consiste en supervisar y recomendar. Pero es desde ese trabajo que pone en evidencia violaciones de derechos fundamentales. Las entidades del Estado se ven forzadas a responder y en muchos casos a enmendar. Desde sus primeros años fue incómoda. Su rol en la excarcelación de presos injustamente sentenciados por terrorismo molestó al régimen y a poderes fácticos. Fue la entidad pública más comprometida en la promoción de políticas de atención a las víctimas del conflicto armado interno y es proponente de la ley que crea el Plan Integral de Reparaciones. Está también a cargo del Registro de Personas Desaparecidas por la violencia política. Su trabajo con las personas con discapacidad es permanente e impulsó la aprobación de la Ley General de Personas con Discapacidad. Fue aliada estratégica en la búsqueda de la implementación real del convenio 169 de OIT, promovió la creación del viceministerio de interculturalidad y fue activa en el debate de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas. En materia de integridad, sentaron las bases de la política de transparencia en la gestión pública...

No es perfecta, necesita más presupuesto y competencias. Pero su trabajo merece ser defendido.

Con la ayuda de Vladimir León.