Por: José Antonio García Belaunde
Empezaré con una nota personal, vivo en Madrid hace más de cuatro años y es una de las ciudades europeas con mayor número de peruanos y, dicho sea de paso, la segunda en registrar las cifras altas de peruanos muertos por COVID-19. No es de extrañar que el consulado peruano tenga personal más numeroso respecto a otros establecimientos consulares. En este caso son veinte los funcionarios. Lo dirigía el cónsul Luis Arribasplata, que hace un mes murió de COVID, y a quien el excanciller Gonzalo Gutiérrez recuerda en artículo publicado en estas páginas. Su segundo, el cónsul adscrito, Alberto Farje, pasó tres semanas hospitalizado por el virus. Otros siete funcionarios también lo contrajeron. En total nueve que se infectaron porque iban diariamente al consulado a atender a sus compatriotas, porque su trabajo no puede hacerse telemáticamente. Aunque científicamente no es posible determinar dónde cogieron el virus, sin duda el contacto permanente con gente los volvió muy vulnerables. Y en la embajada, Ricardo Flores, un eficiente y leal servidor por más de cuarenta años, falleció también de COVID-19.
He traído esta historia triste pero emocionante porque a raíz de este escándalo (me suena débil este término para tan mayúscula indignidad), sobrevuela la idea de que la institución diplomática tiene alguna culpa por el abuso que hicieron menos de una decena de sus integrantes. Se me dirá que no se trata de un funcionario cualquiera sino de la canciller y del secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, dos de las más altas autoridades de esa casa. Ello solo agrava la responsabilidad de ambos que serán juzgados por su deslealtad con el país y con los ciudadanos a quienes debían primero servir y si era posible acompañarlos en el dolor.
No se me escapa que resulta un recurso fácil tiznar a un colectivo por la inconducta de algunos de sus miembros. Pero cuando se trata de responsabilidades, estas son individuales. Es muy injusto hacerlas compartir por otros colegas, muchos de los cuales han tenido conductas irreprochables, incluso algunos pusieron en peligro vida o salud y los demás asumieron la misma rabia e ira de todos los peruanos.
La felonía de las exministras y exviceministros o de los médicos y los responsables que se coludieron en esta operación sucia es toda de ellos. No es de recibo extenderla a Cancillería, tampoco a la Universidad Cayetano Heredia ni al Colegio Médico del Perú.
Evitemos la tentación de buscar culpas a instituciones que pueden mostrar algunas sombras, pero también muchas luces, aunque el reflejo de estas se diluya en la cotidianidad. Más aún, no caigamos en la tentación de reclamar ejercicios autocríticos que tienen el sabor a viejo partido totalitario.
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