Marisa Glave

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Dignidad

“Es cruel negar el derecho a una muerte digna a una persona que sabe que no podrá mejorar sus condiciones de vida”.

Puede que la manera en que se ha desenvuelto la dinámica social, cada vez más egoísta y menos solidaria, haga que olvidemos que la dignidad es un elemento esencial de la vida. No se trata solo de vivir. Se trata de vivir dignamente.

Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, queda claro que el fundamento de los derechos es la dignidad humana. Garantizar salud o vivienda tiene como centro garantizar una vida digna. Si por determinadas condiciones físicas no podemos hacerlo, vivir dignamente, entonces debería quedar claro que tenemos derecho a una muerte digna.

Algo que debiera resultar lógico no solo está prohibido en el Perú. Está criminalizado.

El art. 112 del Código Penal señala que quien “por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus intolerables dolores será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de tres años”. Me resulta incomprensible cómo podemos sostener como sociedad que una persona que ayuda a otra a poner fin a un sufrimiento que no tiene cura deba ser tratada como criminal.

Es cruel negar el derecho a una muerte digna a una persona que sabe que no podrá mejorar sus condiciones de vida y que estas se irán precarizando poco a poco hasta llegar a la agonía permanente. ¿Negar este derecho es humano? ¿Ético? No. Es simplemente cruel.

Ana Estrada rompió, como hubiera celebrado González Prada, el pacto infame de hablar a media voz. Ha puesto en el centro del debate público su derecho a morir dignamente. Para quienes la oímos ayer, dando testimonio ante el juzgado constitucional que está viendo su demanda, queda claro que su lucha no solo es justa. Es una lucha cargada de humanidad.

Ella fue diagnosticada a los 12 años de una enfermedad degenerativa. Pese a eso siguió con determinación su proyecto de vida. Estudió y se graduó como sicóloga. Pero con el pasar del tiempo fue perdiendo capacidad muscular y control sobre su cuerpo. El 2015 le hicieron una traqueotomía para poder conectar con regularidad el ventilador. Para poder hablar en la audiencia debieron desconectarla un tiempo antes, limpiarla y esperar que sus músculos se activen.

Ana ya no puede hacer nada sola. Pero está completamente lúcida. Es consciente del futuro que le espera si no reconocemos su derecho a decidir sobre su muerte. No quiere exponer a nadie a ser criminalizado, pero tampoco está dispuesta a que se vaya su humanidad con el deterioro de su salud física. Está luchando porque el Estado reconozca su derecho a la DIGNIDAD.

La Defensoría del Pueblo defendió la causa de Ana. Los procuradores del Estado, personajes grises, se limitaron a decir que no había marco normativo expreso. Ninguno se atrevió a cuestionar el argumento de fondo. Ana tiene razón.

Ahora todo depende del magistrado Ramírez Niño de Guzmán. Esperemos que gane la humanidad y no la siniestra sinrazón de la burocracia.