Amenaza sobre Tambogrande

El gobierno del presidente Sagasti no tiene claridad en torno al escenario político y social en el que nos encontramos. Este es un momento de reactivación de conflictos sociales, muchos por no haber sido atendidos, otros porque las reglas de juego hoy existentes no permiten dar una solución definitiva a las causas del conflicto.

El Ministerio de Energía y Minas ha decidido echarle gasolina a este coctel TNT de conflictividad. Como para cerrar el año publicaron los Decretos Supremos 027 y 028, que declaran de necesidad pública la inversión privada en actividad minera y autorizan a la empresa Nuevo Arcoíris SAC, de capital canadiense, a adquirir 21 derechos mineros dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera norte.

La Municipalidad de Tambogrande ha revisado los 21 derechos adquiridos e identificó que se afecta un total de 16,300 has del distrito. Para quienes no sepan, una hectárea son 10,000 metros cuadrados. Hablamos de 163 millones de metros cuadrados al interior de los cuales se encuentran 20 centros poblados, más de 1,100 predios agrícolas en producción y parte importante de los canales de la irrigación del valle de San Lorenzo.

Este valle es especial en el país. Es uno de los pocos modelos de promoción de agricultura intensiva en manos de medianos propietarios. No son las grandes concentraciones de propiedad, son agricultores con predios que van de 10 a 20 hectáreas en promedio. Son sostenibles económicamente, están conectados a mercados nacionales y globales. Es un valle pujante que ya le dijo NO a la minería. ¿Por qué vuelven a intentar explotación minera en el corazón de Tambogrande?

El alcalde Rengifo, en audiencia pública, ha advertido que el pueblo se organizará para hacer sentir su rechazo a esta decisión. Decisión que nadie les comunicó. Se enteraron leyendo el periódico. Una falta de respeto del Estado, que se suma a la que sufrieron de parte del señor Cateriano quien, en el Congreso, mostró la imagen de un predio agrícola afirmando que había minería ilegal en el valle de San Lorenzo. Falso. La zona productiva del valle no solo no tiene minería artesanal o ilegal, sino que tiene certificación de producción agroecológica.

La consulta ciudadana hecha en Tambogrande en el 2002 arrojó un rechazo de más del 90% de la población a la posibilidad de tener gran minería en la zona cercana al valle. Desde ese momento hasta ahora, se reclama por una zonificación ecológica y económica clara que permita zanjar estos debates y aclare qué áreas del país son para minería y cuáles para agricultura. Nuestra clase política, temerosa frente a los intereses económicos, no se atreve a aprobar la Ley de Ordenamiento Territorial. El desarrollo del país no tiene nada que ver con la imposición de miradas centralistas (limeñas) a las regiones. La voz de nuestros pueblos, sus expectativas y proyectos deben ser respetados.