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¿Qué debemos salvar?

Tiene sentido apoyar la iniciativa del ministro Benavides: mejorar la oferta pública de manera que pueda absorber parte de la población.

Se abrió el debate sobre si el Estado debe fijar precios de pensiones en colegios privados o si es que debería dar un subsidio a sus promotores (dueños) para que puedan mantenerse a flote en medio de la crisis por la pandemia. La Asociación de Colegios Particulares de Lima pide un “salvataje”.

Aunque muchos parecen olvidarlo, la educación es un derecho fundamental y no una mercancía. Antes de ensayar cualquier opción de rescate hay que establecer qué le toca hacer al gobierno, ¿salvar empresas que actúan en este sector, sin importar la calidad de su servicio, o garantizar el ejercicio del derecho de niñas y niños a la educación?

Tenemos instalado en el imaginario colectivo un mito; que la educación privada representa un servicio de “calidad per se” (Cuenca). Desde mediados de los 90 se adoptó un modelo que promueve la inversión privada en la educación en base a flexibilizaciones administrativas y beneficios tributarios. En Lima la oferta privada de educación representa el 79% de la oferta total y concentra casi el 50% de la matricula. Sea por defecto en la oferta del Estado (Balarín) o por voluntad de este de retirarse para generar un mercado cautivo, lo cierto es que hemos tenido un proceso de privatización.

Pero el mito es eso, un mito. Según los datos de la Evaluación Censal de Estudiantes la brecha entre la educación pública y privada se ha reducido sensiblemente, sobre todo en primaria. En los años 2015 y 2016 la educación pública llegó a registrar mejores resultados. Marcos y Vásquez, en un estudio para el MINEDU, desagregan estos resultados según tipo de colegios privados en base a su costo. Las instituciones de bajo costo tuvieron resultados muy por debajo de los de la escuela pública. Y las de mediano costo empataron.

Pese a estos resultados seguimos sin un sistema de licenciamiento.

El 30% y el 15% de la matrícula primaria en Lima están concentrados en instituciones privadas de costo bajo y medio. En estas condiciones, ¿tiene sentido ensayar formas de rescate de colegios privados sin considerar sus resultados?

Creo que tiene más sentido apoyar la iniciativa del ministro Benavides: ampliar y mejorar la oferta pública de manera que pueda absorber buena parte de la población estudiantil que se mantiene, en parte por un defecto de información, en ese sector privado.

No salvemos colegios-estafa, salvemos la educación.