Ley antifascismo en Venezuela: ¿de qué trata la nueva regla propuesta por el Gobierno de Nicolás Maduro?
En un contexto de tensiones políticas, Venezuela debate una nueva ley contra el fascismo, impulsada por el Ejecutivo de Nicolás Maduro, que busca modificar el panorama legal y social.
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La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó recientemente, ante la Asamblea Nacional, una propuesta de ley antifascismo, que se extendería por todo el territorio del país liderado por Nicolás Maduro. Precisamente, el vigente mandatario bolivariano promovió tal movida y se espera que sea aprobada, en el marco de las próximas elecciones presidenciales, a realizarse el 28 de julio del presente año. ¿Qué precisa esta ley? Conócelo en la siguiente nota de La República.
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¿De qué trata la Ley antifascismo de Venezuela, presentada por el oficialismo?
La propuesta, denominada Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, comprende una serie de 30 artículos diseñados para sancionar severamente cualquier manifestación considerada como promotora del fascismo. Esto incluye la difusión de mensajes a través de redes sociales que el Gobierno identifique con esta ideología. Según Rodríguez, esta ley pretende ser un escudo protector para la población y evitar la repetición de eventos violentos similares a los ocurridos durante las protestas masivas de 2014 y 2017.
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La iniciativa se justifica en el deseo de prevenir actos de violencia y promover un ambiente de paz social. Además, el texto legal hace especial énfasis en la importancia de preservar los valores democráticos y republicanos, por lo que define al fascismo como una postura ideológica que promueve la violencia política y la cultura de la muerte que denigra las instituciones democráticas.
Delcy Rodríguez presentando la nueva Ley antifascismo ante la Asamblea Nacional. Foto: Newsweek
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¿Hay pena para quienes infrinjan la Ley antifascismo de Venezuela?
La ley propuesta establece castigos significativos para aquellos que se consideren infractores. Las penas van desde la disolución de organizaciones no gubernamentales y partidos políticos hasta la inhabilitación de personas o entidades que adopten posturas catalogadas como fascistas o neofascistas. Además, contempla sanciones económicas severas para medios de comunicación que difundan mensajes prohibidos, con multas que podrían alcanzar hasta los 100.000 dólares.
Esta amplia gama de sanciones ha suscitado un debate acalorado sobre las implicaciones para la libertad de expresión y la actividad política en Venezuela. Críticos de la ley argumentan que podría ser utilizada como herramienta de persecución política, especialmente en un año electoralmente trascendental para el país.
La Asamblea Nacional tomará la decisión final sobre la iniciativa. Foto: CNN
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¿Qué relación tienen las próximas elecciones presidenciales con esta Ley antifascismo de Venezuela?
La propuesta de ley no es un hecho aislado, ya que se inscribe dentro de un contexto político mayor, marcado por la proximidad de las elecciones presidenciales. El oficialismo, liderado por Maduro, ha intensificado sus esfuerzos para consolidar su posición, mientras que la oposición —aun con figuras clave como María Corina Machado, quien enfrenta obstáculos significativos para su participación—busca ganar espacio en el panorama político venezolano.
La ley también se presenta en un momento en que la comunidad internacional, que incluye gobiernos de distintas orientaciones ideológicas como Brasil y Colombia, expresa su preocupación por las condiciones en que se desarrollará el proceso electoral. En este sentido, la Ley antifascismo podría interpretarse como un mecanismo adicional en la estrategia del Gobierno para fortalecer su control antes de las elecciones, algo que la oposición y observadores internacionales vigilan de cerca.
Nicolás Maduro ya fue inscrito para las próximas elecciones presidenciales del mes de julio. Foto: AFP
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¿Cómo inscribirse en el Registro Electoral 2024?
Lo único que se debe presentar es la cédula de identidad, sin importar si está vencida, en los lugares más cercanos a su domicilio. No obstante, los ciudadanos que están correctamente inscritos deben verificar si su número de cédula de identidad, nombre, huellas dactilares y el centro de votación asignados son los correspondientes.
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