"Argentina, 1985": la historia del juicio que reveló las atrocidades de la dictadura y podría ganar un Oscar

Durante 1985, en Argentina, uno de los juicios más importantes llegó a su fin. Tras dos años de haber recuperado su democracia, esta nación se disponía a realizar un acto jamás visto en la región en su momento: condenar a los altos mandos militares responsables de una serie de crímenes ocurridos durante la dictadura, de la cual se reportó la desaparición de, al menos, 30.000 personas. Ahora, este trascendental evento que ha sido llevado al cine podría otorgarle a Argentina su tercer Oscar.

“Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más”, fue lo que señaló el fiscal Julio Strassera en su alegato final contra las tres primeras juntas militares, entre las que se encontraba el exdictador Jorge Rafael Videla.

"Argentina, 1985"

PUEDES VER: “Nayib Bukele ha hecho atropellos que lo perfilan como gobernante autoritario”, dice Ramiro Escobar

De esta manera se buscaba juzgar en un tribunal civil a los nueve líderes de las tres primeras juntas militares que gobernaron Argentina tras el golpe de Estado de 1976. Entre los delitos que se imputaron estaban el de homicidio y tormentos hasta privación ilegítima de la libertad.

De acuerdo a los testigos del juicio, este fue un duro proceso, ya que contó con las voces de las víctimas de los crímenes cometidos por la dictadura. Ellas revivieron las atrocidades a las que fueron sometidas o sus familiares. "Los testimonios para quienes cubrimos el juicio eran tremendos, todos los días era como que se te cayera un edificio encima. Salías semidestruido de ahí, no había risas, no había nada”, contó el periodista Marcelo Pichel a la BBC.

PUEDES VER: 11M: ¿cómo fue el mayor atentado terrorista en España y qué peruanos murieron en las explosiones?

Una de estas historias fue la de Floreal Avellaneda, un adolescente que a sus 15 años se le torturó y asesinó. Su cuerpo fue encontrado años después en Uruguay; sin embargo, desapareció sin dejar rastros. "Nos hicieron de todo”, contó Iris Pereyra de Avellaneda, madre del joven, capturada junto a él, pero que sí fue liberada.

El joven equipo y las amenazas

Debido a la complejidad del caso, a los riesgos y amenazas que corrían quienes acusaron a las juntas militares, ningún integrante con experiencia del Poder Judicial quiso unirse al equipo de la Fiscalía, por lo que tomaron una arriesgada decisión: el equipo estaría conformado por jóvenes estudiantes de Derecho de entre 20 a 27 años.

Así, María del Carmen Tucci, Lucas Palacios, Javier Scipioni, Carlos Somigliana, Sergio Delgado, Nicolás Corradini, Judith König y Mabel Colalongo trabajaron con Julio Strassera y su fiscal adjunto, Luis Moreno Ocampo, con a finalidad de demostrar que había un plan estratégico por parte de los comandantes para cometer delitos de lesa humanidad en toda la Argentina.

PUEDES VER: Salud reproductiva, sueldos equitativos y otras luchas vigentes de las mujeres latinoamericanas

"Para explicarle a alguien cómo fue el juicio, les decía que era como Gran Hermano. Estábamos siempre juntos, hablando de lo mismo, inclusive los sábados y domingos, no existían los feriados", contó 'Maco' Somigliana a Clarín.

Sin embargo, el trabajo de la Fiscalía pasó por complicados momentos, ya que Strassera era constantemente amenazado de muerte junto con su familia. Los sobres enviados hacia él señalaban que iba a ser sometido a un “fusilamiento en 48 horas”. “El horario para amenazas es de 8.30 a 9.30 a. m.”, decía Julia König cuando contestaba el teléfono diariamente.

La sentencia

Tras los 232 días los que duró el juicio, iniciado el 22 de abril, finalmente la sentencia contra las juntas militares de Argentina se dio el 9 de diciembre de 1985. Es así que se ordenó por los 281 casos vistos que Jorge Videla y Emilio Massera cumplieran reclusión perpetua; Orlando Agosti a cuatro años y seis meses de prisión; Roberto Viola a 17 años de prisión; y Armando Lambruschini a la pena de ocho años de prisión. Mientras que fueron absueltos Omar Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya.

Los imputados recibieron un indulto el 29 de diciembre de 1990 por el entonces presidente Carlos Menem, a través del decreto 2741/90, que los benefició con el perdón presidencial. En el 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, se inició un proceso contra la medida, que finalizó en 2010 con un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó que los condenados cumplieran las condenas que se les habían impuesto.