Jueces federales restauran el empleo de miles de trabajadores despedidos por el Gobierno de Donald Trump
Decisiones judiciales revirtieron los despidos masivos en agencias federales, ordenando la reincorporación temporal de miles de trabajadores que fueron despedidos sin cumplir con los procedimientos legales.
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En un giro inesperado para la administración de Donald Trump, dos jueces federales han ordenado la reincorporación de miles de empleados federales despedidos en el marco de una polémica reducción de personal. Las decisiones judiciales, emitidas por los jueces William Alsup y James Bredar, afectan a diversas agencias del gobierno federal y representan un revés para las políticas de recorte implementadas por la Casa Blanca en esos años
La medida, que busca restaurar el empleo de los trabajadores despedidos, se basa en la falta de cumplimiento de los procedimientos legales establecidos para los despidos masivos. Ambos jueces coincidieron en que el gobierno no siguió las normativas requeridas, lo que ha llevado a la restitución temporal de los afectados en sus puestos. Esta acción, que involucra principalmente empleados en periodo de prueba, pone en evidencia las irregularidades cometidas en el proceso de recorte y genera un nuevo escenario en la lucha por la protección de los derechos laborales en Estados Unidos.
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Dos jueces federales reincorporan a trabajadores despedidos
Los jueces William Alsup, desde San Francisco, y James Bredar, desde Baltimore, fueron quienes tomaron la decisión de restaurar el empleo de miles de trabajadores federales que habían sido despedidos en el marco de los recortes impulsados por el Gobierno de Donald Trump. El caso afecta a varios departamentos y agencias, entre ellos los de Asuntos de Veteranos, Agricultura, Defensa, Energía, Interior y del Tesoro.
El juez Alsup consideró que la Oficina de Administración de Personal (OPM) y su director interino, Charles Ezell, actuaron fuera de su autoridad al ordenar los despidos. De acuerdo con su fallo, las agencias no siguieron los procedimientos legales establecidos para este tipo de medidas, como la notificación anticipada y la adecuada justificación del despido. Como resultado, los afectados deberán ser reincorporados de forma temporal mientras se resuelve el litigio.
En paralelo, el juez Bredar también encontró irregularidades en el proceso de despidos, específicamente en relación con el incumplimiento de las leyes que exigen una notificación previa de al menos 60 días. Esto afectó no solo a los trabajadores despedidos, sino también a los gobiernos estatales, que tuvieron que lidiar con las consecuencias de la medida. La decisión de Bredar de suspender los despidos y restablecer a los empleados en sus puestos fue vista como un triunfo para la justicia laboral.
Impacto de los despidos bajo el Gobierno de Donald Trump
Desde que Donald Trump asumió la presidencia, más de 24.000 trabajadores federales en periodo de prueba fueron despedidos, una cifra que no ha sido confirmada oficialmente por el gobierno, pero que ha sido ampliamente reportada por fuentes externas. Los despidos se produjeron en el marco de una estrategia de reducción de personal que pretendía recortar costos y aumentar la eficiencia del gobierno federal.
El Departamento de Justicia, por su parte, defendió los despidos argumentando que se trataba de decisiones basadas en el bajo rendimiento de los empleados, más que en una medida de reducción masiva. No obstante, se ha señalado que varios de los trabajadores despedidos recibieron evaluaciones de desempeño positivas poco antes de ser despedidos. Esto ha generado controversia, ya que se cuestiona la justificación de los despidos bajo el argumento de bajo rendimiento, lo cual fue duramente criticado por el juez Alsup.
Por otro lado, los sindicatos y organizaciones que demandaron al gobierno federal han señalado que estos despidos masivos afectaron la capacidad operativa de diversas agencias, como el Departamento de Energía y los servicios de atención a veteranos. Las consecuencias de esta reducción de personal se extendieron a áreas críticas, como la prevención de incendios forestales y la atención de los veteranos.
Plazo de cumplimiento y alcance de la medida
La orden judicial de Alsup establece que las agencias federales deberán reintegrar a los trabajadores despedidos a más tardar siete días después de la notificación de la medida. Las autoridades gubernamentales deben presentar una lista detallada de los empleados afectados y explicar cómo se llevará a cabo el cumplimiento de la orden.
En total, se estima que hay alrededor de 200,000 empleados federales en periodo de prueba, muchos de ellos en funciones esenciales que afectan directamente a la seguridad nacional y el bienestar de los ciudadanos. Entre los trabajadores reincorporados, se encuentran empleados clave en áreas como la protección ambiental y el servicio a los veteranos, cuya experiencia es crucial para el funcionamiento de estas agencias.
