El lado oscuro del modelo Nayib Bukele

—Sí, definitivamente. El Salvador es hoy un país más seguro —dice, por teléfono, Efrén Lemus, reportero de investigación de El Faro, el medio de comunicación que ha investigado mejor y a mayor profundidad la violencia en El Salvador. —Hay comunidades y territorios a los que antes no se podía entrar y ahora sí. Hoy hay gente que ha comenzado a disfrutar de una tranquilidad que no tuvieron durante muchos años.

Lemus y sus colegas de El Faro han recorrido muchas colonias, históricamente controladas por la Mara Salvatrucha-13, por el Barrio 18 “Sureños” o el Barrio 18 “Revolucionarios”, y han comprobado que las otrora poderosas pandillas han sido desarticuladas y que los habitantes de estos barrios han dejado, por fin, de ser víctimas de los violentos e impulsivos mareros.

Pero también han descubierto que la política de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele —quien hoy, día de comicios generales, será reelegido con larguísima ventaja— ha tenido un costo muy alto para muchos ciudadanos de su país. Detenciones arbitrarias que se prolongan indefinidamente, torturas y muertes producto de palizas y de falta de atención médica, hechos que no se mencionan en la historia oficial de éxito que difunde el Gobierno.

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Periodistas independientes, como los de El Faro, y organismos de DDHH, como Human Rights Wacht y Amnistía Internacional, han documentando ampliamente estos abusos. Y han demostrado que, en muchos casos, no hay evidencia de que todos los detenidos —ni siquiera la mayoría— sean, efectivamente, pandilleros.

Detenciones masivas

—En las imágenes que ha difundido el Gobierno de la megacárcel, se muestra a pandilleros que han sido condenados antes del régimen de excepción —advierte Irene Cuéllar, investigadora regional de Amnistía Internacional, aludiendo a las fotos y videos de homeboys tatuados y rapados, que se viralizaron a mediados del año pasado—, pero todas las personas que han sido detenidas bajo el régimen de excepción están en otras cárceles, principalmente Mariona e Izalco, donde hay reportes de muertes.

Efrén Lemus dice que, según el último reporte oficial, hay unos 74.000 detenidos desde que comenzó el régimen de excepción, en marzo de 2022. Y que se ignora cuántos de ellos tienen, realmente, vínculos con las pandillas.

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El reportero dice que, pocos meses después de dictada la medida de emergencia, El Faro pudo acceder a los expedientes de 690 detenidos y que, cuando revisaron las acusaciones que había presentado la Fiscalía, no había pruebas contundentes contra ninguno de ellos.

—Pruebas que digan “a este señor se le decomisó armas”, “se le decomisó drogas” o “está implicado en asesinatos”. Las únicas pruebas que encontramos fueron actas policiales y denuncias anónimas —dice—. ¿Qué confiabilidad se le puede dar a eso? Una denuncia anónima puede ser el inicio de una investigación, pero no creo que sea suficiente para mantener a alguien en la cárcel durante varios meses.

Irene Cuéllar dice que en los primeros meses del régimen de excepción, las detenciones eran masivas y que, luego, en entrevistas que el equipo de Amnistía sostuvo con policías bajo anonimato, estos les confirmaron que recibían órdenes de cumplir cuotas de capturas diarias.

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—Ellos estaban seguros de que esas personas iban a pasar a lo más un mes en prisión, porque eran inocentes y el juez los iba a dejar en libertad —dice—. Después de eso, empiezan a bajar las detenciones, porque, al parecer, los mismos policías, al ver que pasaban los meses y las personas no salían, empiezan a cuestionarse.

Tanto los periodistas de investigación como los activistas de DDHH han entrevistado a ciudadanos que estuvieron detenidos, quienes les contaron que todos son golpeados salvajemente al ingresar a los penales, sin importar si son inocentes o culpables. Muchos pasan días y hasta semanas sin atención médica.

Los organismos de DDHH han reportado que hasta la fecha unas 214 personas han muerto en las cárceles sin que se hubiera declarado su culpabilidad o inocencia. Han recibido testimonios de exdetenidos a los que los guardias sometían a golpizas todo el tiempo, sin motivo alguno, o a los que aplicaban choques eléctricos. El Faro confirmó casos de detenidos con problemas de salud, a los que el juez había ordenado seguir su proceso en libertad, que murieron en prisión, simplemente porque las autoridades penales no los dejaron irse.

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Amnistía Internacional documentó la historia de un detenido, con trastornos mentales, que murió a los pocos días de haber ingresado al penal, producto de una golpiza, y cuya muerte le fue ocultada a sus familiares por meses. El hombre había sido enterrado en una fosa común junto a otras ocho personas, todas muertes anónimas que el régimen intentó ocultar.

—Una de las características de este régimen de excepción es que parece diseñado para encarcelar a los pobres —dice Efrén Lemus, en base a las historias que ha reportado—. Gente que no tiene recursos para pagar un abogado, que no conoce cómo funciona el sistema judicial y que no tiene la posibilidad de presentar ante el juez documentos para demostrar un arraigo que le permita ser investigado en libertad, porque la mayoría son trabajadores rurales.

—No es una política de seguridad, sino una serie de medidas de corte represivo —dice Irene Cuéllar—. Y están golpeando a las comunidades que ya habían sido víctimas de las pandillas y que ahora están siendo víctimas de las arbitrariedades de la policía y las fuerzas armadas.

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A pesar de todo, a pesar de las detenciones arbitrarias, de las torturas y las muertes, Bukele es popular. Por lo menos ocho de cada diez salvadoreños lo respalda, incluso en las comunidades donde las fuerzas del orden han cometido abusos. Efraín Lemús afirma que, sin duda, es un fenómeno extraño. Cuando lo ha conversado con ciudadanos que perdieron a un padre, a un hermano o a un hijo en las cárceles, le han contestado que ellos apoyan al presidente y que seguramente aquello fue culpa de un mal policía, un mal juez o un mal fiscal. “Si el presidente lo supiera, eso no pasaría”, le dicen.

—Creo que mientras las cosas estén así, el régimen de excepción se va a extender indefinidamente —dice—. Muchas personas ya se han acostumbrado a verse limitados en sus derechos. Y creo que esto es el reflejo del fracaso de la democracia en El Salvador.

No debemos renunciar a derechos

Enfoque. Irene Cuéllar, investigadora de Amnistía Internacional

Las medidas del régimen de Bukele nos plantean un falso dilema, que es que el ciudadano tiene que renunciar a ciertos derechos para poder gozar de otros. Creo que no deberíamos renunciar a ningún derecho para tener seguridad.

Los latinoamericanos ya hemos pasado por modelos similares, en los que el cuento empieza igual: primero es a unos cuantos y, mientras yo no me sienta parte de ese grupo, siento que estoy a salvo. El problema es que eso se va distorsionando, luego se amplía a toda la población y ya no hay manera de retroceder.

Entiendo de dónde viene esa forma de pensar de muchos, de que los pandilleros se lo buscaron, sobre todo en un contexto como el de El Salvador, donde la violencia que ejercieron estos grupos criminales fue atroz. Pero creo que el Estado no debe promover un discurso de odio y de venganza, sino que debe buscar soluciones a esas causas que generan la violencia y generar condiciones que fomenten una paz duradera.