Pese a protestas, Israel desplaza a la comunidad beduina palestina para "la expansión de asentamientos". Directora ejecutiva de Agencia de la ONU recuerda que "es ilegal destruir propiedades palestinas".,Las autoridades de Israel habían iniciado el proceso de demolición de la localidad beduina de Jan al Ahmar, ubicada en Cisjordania, pese a las protestas de los residentes y activistas internacionales. El Tribunal Supremo ha ordenado la suspensión de los trabajos de demolición tras las protestas de varios países europeos. PUEDES VER: ONU condena por amplia mayoría la violencia de Israel en Gaza El abogado Alaa Mahajna ha desvelado que ha presentado durante la jornada una demanda de suspensión y ha agregado que el Supremo la ha aceptado y ha dado al Estado hasta el 11 de julio para responder. La demolición y desalojo quedó prohibida hasta dicha fecha, según el diario local 'Haaretz'. Diplomáticos de España, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlandia, Italia, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza visitaron Jan al Ahmar durante la jornada, si bien las autoridades israelíes les han prohibido acceder a su escuela, uno de los iconos de la localidad. Los activistas del Comité de Resistencia contra el Muro y los Asentamientos llevaban desplazados en la localidad desde hacía semanas para protestar contra los planes de demolición, autorizados por el Tribunal Supremo de Israel. Las fuerzas israelíes se habían desplazado al lugar junto con buldóceres y procedieron a la detención de un número indeterminado de personas, entre residentes y activistas, según los medios palestinos. La localidad, en la que residen cerca de 180 personas, se encuentra ubicada entre los asentamientos de Maale Adumim, cerca de Jerusalén, y Kfar Adumim. El supremo israelí aprobó a finales de mayo su demolición. La comunidad está integrada por miembros de la comunidad beduina Jahalin, desplazada previamente de sus residencias en el desierto del Néguev, en el sur del país. El caso de Jan al Ahmar y Sussia se ha convertido en una de las caras de la lucha de los beduinos contra la expulsión de palestinos del Área C de Cisjordania, bajo control administrativo y militar de Israel. Jan al Ahmar es además conocido por su escuela, construida con adobe y neumáticos gracias a una organización no gubernamental italiana para evitar la prohibición de edificación impuesta por las autoridades israelíes. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la inminente demolición y recordó que "desde hace más de una década, la población de la comunidad de Jan al Ahmar (...) han resistido a los esfuerzos para desplazarles para dejar el camino libre a la expansión de asentamientos". "El Derecho Internacional Humanitario prohíbe la destrucción o confiscación de propiedad privada por parte de la potencia ocupante", recordó la portavoz del organismo, Liz Throssell. La directora ejecutiva de Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en España, Raquel Martí, expresó su "profunda tristeza" por los trabajos de demolición, que tildó de "injusticia". "Es ilegal destruir las propiedades palestinas", ha agregado. "El plan que hay detrás de las demoliciones y la transferencia forzada es extender los asentamientos de colonos israelíes hasta Jerusalén Este", manifestó Martí, antes de recordar que "ambas acciones, las demoliciones y las transferencias, están prohibidas bajo las Convenciones de Ginebra". Por su parte, Acción contra el Hambre ha incidido en que "el traslado forzoso de la comunidad beduina palestina es una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra y abre el camino para el desplazamiento masivo de cientos de otras comunidades en Cisjordania". "Las operaciones del Gobierno israelí suponen una violación del Derecho Internacional", reiteró, antes de criticar los planes israelíes de desplazar a los residentes "a una zona próxima a un vertedero de basura en Yabal Occidental". Acción contra el Hambre ha alertado además de que hay otras 45 comunidades en Cisjordania que podrían ser reubicadas. EUROPRESS