Problemática. Cerca de 15 mil personas sufrieron desaparición forzada entre 1980 y 2000. La Defensoría dio 1.920 constancias de ausencia, pero legislación pone trabas para su inscripción.,Zósimo Tenorio Prado lleva casi 34 años desaparecido. Militares del cuartel Los Cabitos, de Ayacucho, lo sacaron de su casa una madrugada de diciembre de 1983 y nunca más volvió con su familia. Sin embargo, para todos los efectos legales él está en el limbo, tal como ocurre con una gran parte de los cerca de 15 mil desaparecidos que dejó la violencia política. Su esposa, Adelina García, se ha pasado años denunciando su caso, indagando lo que ocurrió con él. Espera alcanzar justicia en el proceso que se sigue contra el alto mando de la instalación militar, pero también quisiera que se resuelva la condición jurídica de su esposo. PUEDES VER Víctimas de cuartel Los Cabitos esperan justicia por más de 30 años En julio de 2007, la Defensoría del Pueblo le entregó una constancia de ausencia por desaparición forzada, pero no pudo inscribirla porque tenía que acudir a un juzgado y seguir otro trámite que resultó siendo muy engorroso. El adjunto en Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de esta institución, Percy Castillo, explica que a fines de 2004 se dio la Ley N° 28413, facultándolos a otorgar constancias de ausencia por desaparición forzada sobre los casos ocurridos entre 1980 y 2000. Hasta el momento han entregado dicho certificado a cerca de 2.000 familiares, aunque a pocos les ha servido para cambiar la situación jurídica de las víctimas. Castillo anota que la Defensoría entregó estos documentos tras un trabajo de verificación con el Registro Nacional de Identificación y estado Civil (Reniec) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre otras entidades, a fin de determinar cuál fue el último movimiento de la persona denunciada como desaparecida. Sostiene que están trabajando un proyecto de ley para que los familiares no necesiten iniciar un proceso de muerte presunta para regularizar su condición en el Reniec. Como si siguieran vivos Castillo advierte que los desaparecidos antes de la reinscripción de Libretas Electorales (realizada en 1984) como es el caso de Zósimo Tenorio, sencillamente no aparecen en el registro. Los casos posteriores figuran con el mismo estado de su última actividad reportada, es decir, como si estuvieran vivos. Ese es el caso de Serafín Huanaco Huamán, desaparecido en diciembre de 1988 en Huanta por efectivos militares de Castropampa. En 2014, la Defensoría entregó a sus familiares la constancia de ausencia por desaparición forzada, sin embargo, está inscrito en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales del Reniec, sin motivo de cancelación. Incluso, al buscar en la ONPE se indica que no tiene multas pendientes por no haber votado. En similar situación están Erasmo Quispe Huamán y Víctor Aguilar Cordero, también desaparecidos en 1988. Sus familiares ni siquiera solicitaron la constancia de la Defensoría La analista de Proyectos Sociales de la Subgerencia de Fomento de la Identidad del Reniec refiere que en 2014 se creó el grupo de trabajo para la documentación de personas víctimas de la violencia política, que si bien comenzó atendiendo el caso de las personas vivas, también evalúa la situación de los desaparecidos. Detalla que una vez recibida la constancia de ausencia por desaparición forzada de la Defensoría del Pueblo, los familiares pueden acudir a la defensa pública del Ministerio de Justicia para que los apoye en la elaboración del expediente que deben presentar al Poder Judicial, que determina la declaración de ausencia por muerte presunta. Solo así Reniec podrá inscribirlo. Mientras tanto, no se cancela su inscripción, es decir, aparecen como vivos aunque en la realidad estén desaparecidos. En cifras - 15 mil desaparecidos dejó la violencia política entre 1980 y 2000. - 1.920 constancias de ausencia por desaparición forzada entregó la Defensoría del Pueblo. Declaración de muerte presunta es muy complicada en el PJ Rosa Cerpa, abogada de la Subgerencia de Fomento de la Identidad del Reniec, refiere que, actualmente, la declaración de muerte presunta por desaparición forzada es muy complicada en el Poder Judicial porque los jueces se basan en pruebas documentales, mientras que lo que presentan los familiares son pruebas testimoniales. Carlos Reyna, asesor de esta subgerencia del Reniec, señala que esta institución detectó que muchas víctimas de la violencia política tenían problemas con su documentación, pues incluso había pueblos donde los municipios habían sido quemados. Por ello comenzaron a trabajar campañas para restituir su identidad, en algunos casos, y rectificarla. La República pidió información a la ONPE de por qué aparecen muchos desaparecidos en la relación de multas electorales, pero hasta el cierre de esta edición, no respondió.
