Perjuicio. Julio Hidalgo manifestó que empresas Tumán y Pomalca tienen cronogramas de pago para beneficios que se extienden hasta el 2030 y 2023.,El resultado de la actuación de las administraciones judiciales y la repercusión de la ley de protección patrimonial en las empresas azucareras de la región Lambayeque ha sido negativo al generar la conflictividad social. Esta es la conclusión del jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes. Tanto Pomalca como Pucalá y Tumán se encuentran en la lista de lugares donde existe conflicto social. Si bien en las dos primeras está latente, en Tumán hay una tensa calma, luego de los enfrentamientos por la dirección de la empresa. PUEDES VER Héctor Becerril: Implican a fujimorista en presunta injerencia para favorecer a empresa azucarera Es por eso que Hidalgo afirmó que los problemas que agobian a las ex cooperativas forman parte de las consecuencias de los dos factores mencionados párrafos arriba. “Se originó una convulsión social, hay más pobreza, se vulneran los derechos fundamentales y el endeudamiento es alto, tal como sucede con Tumán”, recalcó. Hidalgo Reyes subrayó que está demostrado que las administraciones judiciales en Tumán, Pomalca y Pucalá, que funcionan desde hace años, han empeorado la situación económica y no brindan estabilidad laboral. ¿Hasta cuándo? Líneas seguidas, Hidalgo recalcó que el objetivo de la ley de protección patrimonial de reflorar a las empresas no se cumplió. Con esta norma vigente entre el 2003 al 2014 no solo se impidió la ejecución de las acreencias laborales, comerciales y previsionales, en este caso de las azucareras, sino que permitió elaborar cronogramas de pagos, los que fueron aprobados por Indecopi. Cabe indicar que en el caso de Tumán es hasta el 2030 y en Pomalca hasta el 2023. Sin embargo, a la fecha hay ancianos de 80 años que deberán esperar cobrar la totalidad de su CTS en dichas fechas. CLAVE “Es lamentable que ancianos tengan que seguir esperando para gozar de sus beneficios, a pesar que la esperanza de vida en el Perú es de 79 años. Creo que deben existir plazos razonables y legalizarse a través de una norma”, anotó.
