Por José I. Távara Profesor PUCP Arrancó la campaña electoral pero aún no sabemos si los candidatos tendrán la voluntad y el coraje de enfrentar, con estrategias y metas explícitas, el problema central de la pobreza que aún afecta a millones de compatriotas y se transmite a sus siguientes generaciones. Debería indignarnos y avergonzarnos que los niños y niñas pobres de nuestro país no puedan acceder aún, en pleno siglo XXI, a servicios básicos de calidad que les permitan estar y crecer sanos, bien nutridos y educados, desarrollarse plenamente y ser felices. La codicia de los poderosos y el cinismo de nuestros líderes han generado mecanismos de transmisión intergeneracional de la pobreza. Hemos avanzado muy poco en salud y educación, retrocedido en seguridad, y no se ha reformado el Estado para ponerlo al servicio de los ciudadanos. La reforma de los sistemas de pensiones ha fracasado por excluyente, pues solo alcanza al 15% de la PEA, uno de los niveles más bajos de América Latina. Más del 70% de los adultos mayores carecen de protección social, una cifra que se eleva al 98% en las familias pobres rurales. Según proyecciones demográficas, el porcentaje de mayores de 65 años se elevará del 6% actual al 16% en el 2050, lo cual elevará la demanda por servicios de salud y seguridad social. La desprotección de las personas mayores genera mecanismos de transmisión y agudización de la pobreza. Hacerse cargo de ellas puede representar, para una familia pobre, permanecer en la pobreza o caer en la pobreza extrema. Por ello es urgente poner en marcha un sistema de pensiones solidarias no contributivas, es decir, que no requieren de cotización previa a la seguridad social. Estos sistemas se encuentran ampliamente difundidos a nivel mundial, y en la región destacan Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Costa Rica y Uruguay. Ellos permiten otorgar pensiones a personas mayores de familias pobres, que no están cubiertas por los sistemas contributivos. Según un estudio publicado el 2009 por la Mesa de Lucha Contra la Pobreza, otorgar una pensión solidaria de solo 100 soles mensuales a personas pobres mayores de 65 años, que no reciben otra pensión, tendría un alto impacto en reducir la pobreza, a un costo total del orden del 0.25% del PBI (alrededor de mil doscientos millones de soles de hoy). En agosto pasado el gobierno anunció un plan piloto de pensiones solidarias, pero se limita a los mayores de 75 años en extrema pobreza de 3 departamentos, con una partida de solo 2 millones de soles. Es urgente avanzar hacia un sistema con mayor alcance y cobertura, y por ello es impostergable una reforma integral de los otros pilares de la seguridad social, incluyendo los sistemas contributivos. Necesitamos un régimen de AFP menos confiscatorio y más equitativo con los trabajadores. Sin una expansión de la cobertura de estos sistemas, que pasa por una nueva ley de AFP, reformas en el régimen público de la ONP, y una reforma tributaria con crecimiento del empleo formal, será más difícil asegurar la sostenibilidad financiera de las pensiones solidarias, y de la seguridad social en general. El ministro de Economía considera irresponsable que los candidatos ofrezcan subir los sueldos, y su argumento podría extenderse a las pensiones solidarias propuestas en este artículo. Bien vistas las cosas, sin embargo, lo irresponsable es continuar postergando, como lo han hecho los últimos gobiernos, reformas fundamentales en la tributación, la seguridad social, la salud y la educación, de las cuales depende el desarrollo de nuestro país y el bienestar de las futuras generaciones. Esperemos que gane el candidato con la voluntad y la capacidad de liderar estas reformas, de manera firme y efectiva.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Viernes 22 de Noviembre del 2024