Fonavi: ¿por qué no se inicia la devolución de aportes a 4 meses de aprobarse la ley que lo exige?
Son más de 2 millones, en su mayoría adultos mayores, que aguardan por justicia. Los exfonavistas señalan que hay falta de compromiso de parte del Ejecutivo.
El 13 de abril de 2022, en una ceremonia oficiada en el Congreso de la República, María del Carmen Alba, como presidenta de esta institución, firmó la autógrafa de ley que busca garantizar el cumplimiento de la devolución de aportes a los exfonavistas. Asistieron congresistas de diferentes bancadas así como miembros de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenafp).
Ese día se calificó como ‘histórico’ porque al fin se haría justicia y se cumpliría con la devolución del dinero que han esperado por más de 20 años los exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). Sin embargo, casi cuatro meses después, aún no se inicia la devolución ni se instala la comisión ad hoc, responsable de señalar el procedimiento para cumplir con la ley.
La ley señala que se debe conformar una comisión ad hoc, integrada por tres miembros de la Fenafp, tres del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y uno de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). La comisión es la única responsable de establecer el procedimiento de las devoluciones, pero hasta ahora ninguno de los miembros del Ejecutivo se ha presentado a las sesiones, por lo que se ha obstaculizado su instalación.
“Estamos preparando acciones legales contra estos funcionarios, porque ya tenemos las leyes, sentencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional (TC), esto debe pasar por una decisión política del Ejecutivo,” señala Jorge Milla, dirigente de la Fenafp y representante ante la comisión.
¿Por qué el Ejecutivo no se presenta a las sesiones de la comisión ad hoc?
El dirigente, en diálogo con La República, explica que la falta de participación de los funcionarios responde a que el Ejecutivo busca dilatar el tiempo hasta que el TC decida sobre la demanda interpuesta en el Gobierno de Sagasti a la Ley 31173 y secundada por la gestión de Castillo, que a través de su procurador ha solicitado al TC se añada por conexidad la nueva Ley 31454.
“Eso no lo va a resolver el TC en poco tiempo, sobre todo cuando hay un nuevo tribunal que recién se ha instalado y que tiene que tomar conocimiento del caso,” precisa Milla.
Cabe señalar que la demanda que ha presentado el Ejecutivo en esencia busca que el TC ordene que se devuelva solo los aportes de los trabajadores, sin contar con el de los empleadores, lo que reduciría el monto total de S/ 42.000 millones a S/ 6.000 millones.
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Milla recordó que cuando la ley se discutía en la Comisión del Economía del Congreso, el MEF señaló que la recaudación del aporte tanto del trabajador y del empleador era de S/ 42.000 millones, y que parte de esos recursos están en las empresas eléctricas, de saneamiento, del fondo Mivivienda, en el Banco de Materiales, municipalidades, entre otros.
Sin embargo, eso solo configura una parte de la deuda. “Ellos deben una parte del total, la gran mayoría de los recursos los tiene que responder el Ejecutivo,” precisa Milla.
Los fonavistas proponen que el Estado asuma la deuda vía endeudamiento externo, y que se utilice el fondo de reserva de contingencia o incluyéndolo como parte de la ley de presupuesto del año 2023. Mientras tanto, el Ejecutivo no se ha pronunciado sobre cómo pagará su deuda.
Milla afirma que el objetivo del Ejecutivo es evitar a toda costa que la comisión ad hoc se instale, ya que se les ha convocado en diferentes oportunidades pero no se presentan.
“Buscan la sinrazón; por ejemplo, nos enviaron una carta señalando que no pueden asistir porque se han generado nuevas leyes, entonces tiene que aprobarse un nuevo reglamento interno, pero cómo vamos a hacer eso sí no nos reunimos. Ellos espera que el TC se pronuncie más adelante en los términos que han plantado su demanda, que busca reducir el monto a devolver,” explica Milla.
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