Financiamiento con transparencia y participación

Por: Aída Gamboa, coordinadora del programa Amazonía de DAR

La situación de la COVID-19 ha movilizado grandes cantidades de recursos en América Latina de diversos actores internacionales y se han abierto nuevas iniciativas de financiamiento de distintas instituciones financieras internacionales (IFDs), sobre todo en la Amazonía. Las medidas adoptadas por el Perú frente a la COVID-19 generaron problemas en relación al crecimiento económico del país, motivo por el cual incrementó el apoyo de las IFDs a través de operaciones orientadas al desarrollo del país.

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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha movilizado más de 12 millones de dólares para fortalecer las respuestas de los Gobiernos frente a la COVID-19. En Perú, el BID es el principal agente de financiamiento multilateral que ha destinado, hasta el momento, 2540.10 millones de dólares al país, a través de 29 préstamos para afrontar la pandemia; monto destinado a diversas áreas como inclusión social; desarrollo rural y agricultura; vivienda y desarrollo urbano; cambio climático y gestión de riesgos de desastres naturales; agua, saneamiento, recursos hídricos y residuos sólidos; energía; transporte; gestión pública; y competitividad e innovación.

En este escenario, el BID aprobó en septiembre de 2020 sus nuevas políticas sociales y ambientales; y en octubre de este año publicó las guías de implementación de dichas políticas obligatorias para la aprobación de los préstamos destinados para la región.

Asimismo, publicó su estrategia de relacionamiento con la sociedad civil este mes. Si bien estos instrumentos han incorporado distintas recomendaciones de sociedad civil y de las organizaciones indígenas, es necesario que se refuerce el derecho a la participación ciudadana y consulta a pueblos indígenas ante los financiamientos que se van a destinar en los procesos de reactivación económica. Se requieren de canales de comunicación institucionalizados y transparentes entre el Banco, Estados y sociedad civil.

Es importante que esta estrategia incorpore los enfoques de interculturalidad, género, intergeneracional, juventudes y de derechos humanos, implementando una participación focalizada para las mujeres, las y los jóvenes, y los pueblos indígenas, que reconozca los marcos normativos internacionales de derechos humanos. Asimismo, es necesario que estos procesos se desarrollen integrando el principio de buena fe, haciendo inadmisibles prácticas que limiten u obstaculicen la participación y con provisión de información necesaria con la debida diligencia para garantizar un clima de confianza entre el BID, los Estados y la sociedad civil.

Finalmente, se debe integrar la pertinencia cultural, respetando las condiciones geográficas, económicas, lingüísticas y culturales de los diversos pueblos, por ello es necesario prever un espacio propio de diálogo de alto nivel y consulta con los pueblos indígenas, donde sus propuestas puedan tener influencia en el proceso de decisión respectivo. Es de resaltar que el diseño e implementación de este espacio debe darse de manera conjunta con las organizaciones indígenas en el marco de un proceso de co-diseño.

Finalmente, el relacionamiento entre el BID y la sociedad civil debe responder a la situación de la emergencia sanitaria mundial, por lo que el banco necesita replantear su estrategia al incorporar procesos de consulta y participación vinculados a los nuevos financiamientos que se otorgarán a los países para lograr que integren los más altos estándares de derechos humanos y protección al medio ambiente, con el fin de que no se debiliten los marcos normativos de los países como excusa para afrontar esta crisis.

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