Planes de cierre de minas son gestionados por el Estado para que cese sea sostenible, aclara la PCM
Ejecutivo reiteró que las empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señaló que durante la reunión entre miembros del Poder Ejecutivo y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) reafirmó su respeto a los derechos fundamentales al marco constitucional y legal vigente y a la libertad de empresa, en un contexto de estabilidad jurídica basado en el principio de predictibilidad para las inversiones privadas (pequeñas, medianas y grandes), y de mejora al entorno social y ambiental.
“En ese marco, y en relación a los últimos sucesos, descartamos el cierre y solicitud de retiro unilateral de las operaciones de las unidades mineras, que cumplan con los requisitos legales y condiciones establecidas en la legislación nacional y sectorial, y que cuenten con los permisos correspondientes vigentes”, indicó la PCM mediante un comunicado.
Asimismo, recalcó que las “empresas mineras pueden solicitar prórrogas, extensiones y modificaciones a sus permisos para explorar y explotar en estricto apego a lo que establece la normatividad vigente”.
En tal sentido, precisó que serán las autoridades competentes las que evaluarán dichas solicitudes de acuerdo con la legislación, debiendo cumplir con los procesos de participación ciudadana y transparencia.
El Ejecutivo también aclaró que los planes de cierre (progresivo, final y post cierre) y sus modificaciones, presentados por las empresas y aprobados por las autoridades competentes, se gestionan y controlan por el Estado de acuerdo con la normativa vigente de forma “que el cese de actividades se efectúe dentro de un marco ambiental sostenible”.
Finalmente, la PCM reiteró que el actual gobierno busca promover un nuevo enfoque para el relacionamiento activo y positivo entre las empresas mineras y las poblaciones de las áreas de influencia, a fin de atender las preocupaciones de las comunidades y el cuidado del medio ambiente.
“Este enfoque es un nuevo tratamiento de los conflictos sociales a fin de darles solución real y sostenible, generando paz social para un desarrollo armónico de la actividad empresarial, dentro del marco legal vigente”, sentenció.
