El Estado peruano no tendrá que devolverle más de S/ 21 millones a Obrainsa

La Procuraduría del MTC logró un importante fallo arbitral tras la demora de la constructora, investigada por el Equipo Especial Lava Jato, en la ejecución de una obra en Cusco.

Obrainsa es investigada por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, en el denominado caso Club de la Construcción. Foto: Andina
Obrainsa es investigada por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, en el denominado caso Club de la Construcción. Foto: Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de su Procuraduría Pública, logró que en el fuero arbitral se declare infundado el reclamo de la empresa Obras de Ingeniería S. A. (Obrainsa), luego de que pretendiera declarar que la demora en la recepción de la obra se debió a causas que no le eran imputables.

Como consecuencia de lo ordenado por el colegiado arbitral, se impidió que el Estado peruano devuelva a favor de Obrainsa la suma de S/ 21 millones 750 mil 262 por concepto de penalidades, las mismas que fueron aplicadas dentro del marco legal por la demora de la empresa en la ejecución de la obra “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Negromayo–Occocuro-Pallpata-Yauri”.

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Cabe recordar que Obrainsa es investigada por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público en el denominado caso Club de la Construcción.

Obrainsa inició una serie de procesos arbitrales contra el MTC, basando sus pretensiones en argumentos recurrentes, tales como el otorgamiento de ampliaciones de plazo, reconocimiento de mayores gastos generales e inaplicación de penalidades en la ejecución de los contratos de obra suscritos con el sector. No obstante, a la fecha se han obtenido 19 laudos favorables al MTC y ocho sentencias que anularon laudos que favorecían a la citada empresa investigada.

Por su parte, David Ortiz Gaspar, procurador público del MTC, manifestó que el proceso arbitral ganado representa otro importante logro en favor de los intereses del Estado. Añadió que la Procuraduría Pública viene trabajando a través de los mecanismos legales correspondientes para lograr otros laudos similares que otorgarán la razón y el derecho al Estado, con lo cual se consolidará una eficaz defensa jurídica de los intereses del sector.

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