FMI: Las recomendaciones para que el Perú mejore su crecimiento económico

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a reducir su proyección del crecimiento económico de Perú de 2,6% a 2,4% para este año, pese a los esfuerzos del Ejecutivo por alcanzar un crecimiento cercano al 2,6%, según comentó hace unos días la ministra de economía, María Antonieta Alva.

Frente a esta situación, el organismo - mediante su informe Perú: Declaración al término de la misión del Artículo IV correspondiente a 2019 - ha dado a conocer sus recomendaciones en materia fiscal, monetaria, financiero y reforma estructural para que el Perú tenga un mejor desempeño económico.

Aquí sus recomendaciones:

1. Fiscal: “Las autoridades deberían hacer pleno uso de los márgenes disponibles en el marco de la regla fiscal. Si bien la política está orientada a llevar el déficit fiscal por debajo del límite superior del 1% del PBI para 2021, la subejecución presupuestaria ha conducido a una posición fiscal más ajustada que la que exige la regla fiscal. Eso ha contribuido a desacelerar el crecimiento en medio de la creciente incertidumbre”.

2. Tributario: Las medidas adoptadas por la Sunat para reducir el incumplimiento tributario, como la instauración de la facturación electrónica y la adhesión a mejores prácticas en tributación internacional, deberían comenzar a dar frutos. La intención de las autoridades de simplificar los regímenes fiscales para las pequeñas empresas también debería reducir las brechas tributarias y mejorar el cumplimiento. “Si Perú no mejora su recaudación no podrá hacer mejoras en áreas como infraestructura y la red de seguridad social”, señala el FMI.

3. Monetaria: Si se realizan los riesgos a la baja de las perspectivas de inflación, “puede ser necesario seguir relajando la política monetaria”. No obstante, puesto que la tasa de interés real está cerca de cero, la posición monetaria es claramente expansiva, y las autoridades deben mantenerse alertas a la aparición de vulnerabilidades en el sector financiero.

4. Dolarización: Actualmente, la dolarización de los préstamos es del 39% en el caso de las empresas y del 10% entre los hogares, de modo que hay menor riesgo en una mayor flexibilización cambiaria. Limitar la intervención del Banco Central a casos de condiciones de mercado desordenadas podría ayudar a reducir la dolarización aún más, alentar el uso de instrumentos de cobertura y fortalecer el canal de interés de la política monetaria.

5. Financiero: “Es necesario dar nuevos pasos para reforzar la protección jurídica de los supervisores, incluir en el mandato de la SBS el ejercicio de la supervisión consolidada, e incrementar la eficacia del marco de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT). También será importante adecuar algunas normativas a Basilea III, entre ellas las relacionadas con la ponderación del riesgo para los préstamos en moneda extranjera, lo que ayudaría seguir reduciendo la dolarización”.

6. Reforma anticorrupción: Las autoridades ya han hecho avances considerables en materia de transparencia y gobernanza del sector público. Esos esfuerzos deben complementarse con reformas anticorrupción; por ejemplo, simplificar y hacer más transparente y competitivo el sistema de adquisición pública; reformar el Sistema Nacional de Control para gestionar mejor los riesgos e incrementar la rendición de cuentas; e introducir auditores internos independientes en algunas entidades, y fortalecer al mismo tiempo las auditorías externas. Además, será importante alentar la diversificación económica, para lo cual parece crucial ampliar la ley de promoción agrícola.

7. Protección social: Es necesario tomar medidas para atender necesidades críticas, por ejemplo, reformando el sistema de pensiones a fin de garantizar su sostenibilidad y mejorar su cobertura, distribuyendo el ingreso proveniente de los recursos naturales de forma más equitativa entre todas las regiones y profundizando el desarrollo y la inclusión financieros. Esas medidas deben acompañarse de reformas que reduzcan las rigideces del mercado laboral y otros costos que impiden a los trabajadores y a las empresas pasar del sector informal al formal.