Habrían otros dos millones de dólares en proceso de investigación, alertó la Asociación Peruana de Operadores de Turismo receptivo e Interno ,El sistema financiero de Perú reportó más de 11 mil operaciones sospechosas de lavado de activos, por el valor de más de 10 mil dólares, durante los primeros nueve meses de este año. Así lo informó la asesora legal, de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), Olga Johnson. PUEDES VER Uber y Cabify ofrecerán viajes gratis para dar a conocer la experiencia de sus conductores “Nos referimos a operaciones que se encuentran en las tipologías que tienen más de 10 mil dólares por transacciones en este rubro de negocios”, subrayó. Según la experta, la cifra reportada hasta la fecha es oficial y ha sido ratificada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), entidad encargada de monitorear las transacciones financieras. Por otro lado, la experta también alertó que, hasta el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) registra alrededor de dos millones de dólares en los procesos de investigación que realiza el Ministerio Público. “Antes se hablaba de lavado de activos a la defraudación tributaria, tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal, pero ahora se ha incorporado el delito de corrupción de funcionarios”, indicó. Reportes De acuerdo a Johnson, cuando una operación financiera es sospechosa, los funcionarios encargados de monitorear este delito observan las características de estas transacciones financieras. Precisó que los agentes centran sus indagaciones en las listas de sospechosos, personas expuestas públicamente y operaciones electrónicas bancarias que no tienen un claro o cuenta destino, entre otras. “Estas operaciones son analizadas por los oficiales de cumplimiento de cada empresa y, luego de un análisis exhaustivo, deben ser reportadas en el portal de la Superintendencia de Banca y Seguros”, subrayó. Johnson explicó que las actividades económicas donde se registran mayores casos de lavado de activos están relacionadas al sector inmobiliario, notarios y bancos del sistema financiero. Fuente: Andina
