Investigado. Acusación dice que burgomaestre de Alto Selva Alegre inobservó sus funciones y permitió que se direccione compra de 40 cámaras de seguridad a favor de Consorcio Soluciones Andinas. Junto a Candia se procesa a funcionarios y empresarios. Autoridad niega todo, dice que fiscal lo acusa sin pruebas.,Omar Julio Candia Aguilar, alcalde distrital de Alto Selva Alegre, presidente de la Junta de Accionistas de Sedapar y secretario regional del movimiento Arequipa Renace, se encuentra en graves problemas. PUEDES VER: Moquegua: sombras de corrupción El titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal, Rubén Núñez Soto, presentó el pasado 16 de octubre al Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte de Arequipa, la acusación contra Candia y tres de sus exfuncionarios de confianza. Se indica que éstos el 2012 direccionaron la licitación para la compra de 40 cámaras de seguridad, valorizadas en más de 2 millones de soles, a favor del Consorcio Soluciones Andinas. Por este actuar irregular, que se comprobaría con un informe realizado por la Contraloría en el operativo Misti en 2013, se pide imponer a los implicados una sanción de 10 años de prisión efectiva. Los argumentos En el documento, al que tuvo acceso La República, se refiere que Candia junto a sus exfuncionarios Daniel Gómez, Juan Lipe Lizárraga y Reynaldo Díaz Chilo, además del representante del consorcio José Luis Ríos Sánchez y el consultor Sandro Martínez Sardón, se coludieron. De acuerdo a la tesis fiscal, el alcalde y sus funcionarios se habrían puesto de acuerdo para que el consorcio Soluciones Andinas, representado por José Ríos, gane en febrero de 2012 la buena pro del proyecto de Seguridad Ciudadana. Éste constaba en la instalación de 40 cámaras inalámbricas, además de centros de monitoreo. Por todo se pagó S/. 2 millones 100 mil. Una prueba de la supuesta concertación, es que el alcalde Candia, pese a que fue notificado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (Osce) en 2012, para que anule la licitación que ganó Soluciones Andinas, hizo caso omiso. Otro de los hechos irregulares que se refiere en la acusación fiscal, es que el municipio no observó que la contratista modificara el contrato en plazos, costos y tecnología a utilizar para instalar las cámaras. Se indica que sin poner traba alguna, los funcionarios de Candia, como Juan Lipe Lizarraga, Reynaldo Díaz Chilo y su exgerente general Daniel Gómez Benavente, permitieron variar las condiciones del contrato con la firma de adenda, donde se variaba los montos de pagos iniciales y se permitía que se cambie el sistema inalámbrico por el de fibra óptica (tendido de cables para unir cámaras con la central de monitoreo). Este cambio causó que la contratista instale la fibra óptica en postes de Seal, sin autorización. Ello provocó que Seal impusiese al municipio de Selva Alegre una multa de S/. 36 mil. Diario La República Direccionada La Fiscalía también indica que el consorcio Soluciones Andinas, gerenciada por José Ríos, tuvo las bases del proceso a su medida. El concurso se hizo con las cotizaciones que curiosamente hicieron las empresas relacionadas a Ríos. Estas son Soluciones Andinas y Poder Net S.A. de Jéssica Lapoint Silva, esposa de Ríos. No funcionaban También se observa que el municipio recibió las cámaras malogradas. En el informe de Contraloría, se indica que el 23 de octubre de 2012, el supervisor de seguridad, Julio Salinas, informó por escrito que 18 equipos estaban inoperativos de los 35 instalados. La Contraloría además detectó que los pozos a tierra de las 35 cámaras no se hallaron, como tampoco se encontraron 2 pozos a tierra del centro de control. Faltaban 4 licencias del sistema operativo de Windows Server, las marcas de los equipos que se comprometió a entregar el Consorcio eran distintas a los instalados, entre otros. A pesar de estas irregularidades, el municipio devolvió la carta fianza de 210 mil soles que el consorcio entregó al inicio del proyecto.
