La discusión sobre el control de calidad de los medicamentos llegó a un entrampamiento en el Congreso. Los laboratorios nacionales y extranjeros tienen posiciones enfrentadas y en cualquier momento reanudarán hostilidades. El oficialismo aún no se pone de acuerdo. ¿Quién prevalecerá? ¿Jaime Delgado, vocero de Gana Perú, o el ex presidente del Congreso Daniel Abugattás? Controversia., Ricardo Uceda. INFOS En la cola de temas que debatirá el pleno del Congreso figura un dictamen de la Comisión de Salud para modificar el reglamento de control de medicamentos. En sus aspectos principales fue aprobado por Alan García en el último día de su mandato, con la abierta oposición de los laboratorios nacionales. García no impuso, como ellos querían, que todo fármaco importado tuviera que pasar un control de calidad en suelo peruano. La norma establecía una supervisión parcial, admitiendo, para la mayoría de productos, la certificación hecha en países foráneos. La controversia venía de antes y ha continuado durante este gobierno. En 2011 el entonces ministro de Salud, Óscar Ugarte, dijo que la obsesión por un control de calidad adicional en el Perú enmascaraba el interés por hacer un buen negocio: el de la supervisión. Esto no es aceptado por la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, ADIFAN. Para ellos, el diluvio de medicamentos importados, de procedencia inescrutable, obliga a proteger la salud pública mediante un control obligatorio previo a la comercialización de todos los lotes de medicamentos que ingresen al país. La tortilla comenzó a voltearse en mayo pasado, cuando la Comisión de Salud produjo un dictamen que, de aprobarse en el pleno y por el Ejecutivo, obligaría que todo medicamento procedente del exterior pasara de las aduanas a la revisión técnica. Fue el propio presidente del Poder Legislativo, Daniel Abugattás, quien planteó y defendió la propuesta. Pero cuando estaba a punto de ser aprobada por la asamblea, Javier Velásquez Quesquén hizo notar algo sustantivo. —El Ministerio de Salud se opone, y aquí está el informe —dijo el parlamentario aprista. —Vayamos a un cuarto intermedio —pidió entonces Abugattás. Hubo mayoría para concederlo. El paréntesis dura hasta hoy. PLEITO ANTIGUO En 2008 el Congreso propuso una ley regulatoria de la comercialización de medicamentos cuyo punto más discutido fue cómo se hacía el control de calidad. Hasta entonces no se había corregido el caos que dejó la liberalización de Fujimori en 1992: cualquiera podía traer medicamentos y venderlos sin control. En 2006, un proyecto de ley consensuado entre los diversos actores del sector salud fue observado por Toledo al término de su mandato. La discusión recomenzó durante el gobierno de Alan García, y nuevamente el Congreso propuso una ley que en lo básico era la misma que Toledo no quiso aprobar. Con una diferencia: habría inspección estatal a todos los medicamentos importados. El texto definitivo dispuso la supervisión de todos los lotes de cualquier medicamento ingresado a aduanas. Pero cuando salió la ley, en noviembre del 2009, no precisó que el control de calidad debía hacerse dentro del país. El reglamento que dio Alan García, después de más de un año de tiras y aflojes, tampoco lo dijo. Este fue el vacío que le impidió a la ADIFAN un triunfo completo. Cuando, una semana después, asumió Ollanta Humala, la asociación exigió que no se aplicara el reglamento porque torcía el espíritu de la ley. CONTROL Y PRECIOS Había otras razones, y nadie las ha explicado con mejor elocuencia que el hoy ministro de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), José Luis Silva, cuando fue entrevistado en La Hora N por Jaime de Althaus, el 18 de julio del 2011. En el mismo programa minutos antes había declarado el ex ministro Ugarte, diciendo que los laboratorios nacionales querían supervisar ellos mismos a su competencia. Silva, entonces gerente general adjunto de Hersil, la fábrica de su familia, dijo que los laboratorios supervisores no serían de ADIFAN sino de otros dueños, incluso de extranjeros. Mostró un reporte de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, Digemid, que supuestamente permitía concluir que el Perú era el cuarto país en el mundo donde había mayor comercialización de medicinas adulteradas. Añadió que hay 3,200 droguerías que importan medicamentos y que el Ministerio de Salud solo hace unas novecientas pesquisas anuales a farmacias. Y remató: —Si Digemid trabajara todos los días, incluyendo domingos y feriados, se demoraría veinte o treinta años en hacer el control de calidad de las fábricas de las que importan las droguerías. Pero el reglamento se aprobó el 27 de julio sin que se obligara a un control universal de los medicamentos que llegaban al Callao. Al día siguiente había un nuevo gobierno con Silva en el gabinete. ADIFAN empezó a plantear que la norma no se aplicara y poco después insistió el nuevo titular del MINCETUR. El 10 de octubre, en una carta al ministro de Salud Alberto Tejada, Silva pidió dejar sin efecto el reglamento, señalando que lo hacía a pedido de ADIFAN y en función de su propio análisis. Al año llegan unos noventa mil lotes de medicamentos importados. Los primeros, no más de diez mil, son analizados por la Digemid a través del Instituto Nacional de Salud y laboratorios privados asociados. El resto de lotes ya no pasa inspección y presenta un certificado de control de calidad. Algunos de estos papeles son confiables, otros no. Existen 16 países considerados de alta vigilancia sanitaria cuya supervisión ya no requeriría repetirse, pero del resto no hay seguridad. En las actuales condiciones Digemid tiene previsto viajar a las fábricas de estos lugares para verificar las condiciones de fabricación, pero el sistema no está funcionando. Por otra parte, la calidad de un medicamento depende de varios factores. De la fabricación, por ejemplo, lo que incluye la calidad de los insumos y el proceso. O del transporte y condiciones de almacenamiento. Un medicamento bien fabricado puede malograrse en el viaje. Pero tampoco un análisis hecho en el Callao garantiza que el proceso de fabricación en el país de origen haya sido idóneo. Un argumento esgrimido por la Digemid es que hacer un control de calidad universal, a razón de cuatro mil soles por lote, encarecería los productos: de los diez mil medicamentos que se comercializan en el Perú, un poco más de la mitad son importados. Además, implementar el sistema implicaría crear muchos nuevos laboratorios especializados, y para determinados fármacos la tecnología no estaría disponible de inmediato. Habría escasez en los primeros años. Fueron estos argumentos los que convencieron al ministro de Salud, Alberto Tejada. Pero allí no acabó la historia. PÓNGANSE DE ACUERDO Durante el segundo semestre del 2011, la Digemid preparó modificaciones al reglamento manteniendo el control de calidad parcial. El 17 de enero el ministro Tejada recibió otra carta del MINCETUR, esta vez del viceministro Carlos Posada. Se quejaba de que sus observaciones sobre los procedimientos de control de calidad no habían sido atendidas. En Salud, lo consideraron un manotazo de ahogado, porque el reglamento ya estaba con la firma del ministro de Economía, Luis Castilla, y con la del propio Tejada. Solo faltaba la del presidente Humala, que completaba el trío que debía suscribir el decreto supremo. Silva, que había estado en España, llegó a Lima el 20 de enero —un viernes— y actuó de inmediato. Ese día Humala dispuso que Tejada y Silva se pusieran de acuerdo. Ambos ministros, acompañados por funcionarios de cada portafolio, protagonizaron una reunión tensa, en la que Tejada —algo raro en él, reacio a comprarse pleitos— llegó a pronunciar la palabra conflicto de interés. Finalmente se pusieron de acuerdo. El reglamento diría, en la parte correspondiente al famoso control de calidad, exactamente como aparecía en la ley. Fue omitida, en consecuencia, la obligatoriedad de hacer la supervisión de todos los lotes en el país. Con esta curiosa conciliación, la norma salió en el diario oficial El Peruano al día siguiente. Después de todo era una victoria de la Digemid más que del ministro Tejada, porque después se vería que este ya no quería dar más resistencia. No mucho después el movimiento para cambiar el reglamento comenzó en el Poder Legislativo. En abril llegó a la Comisión de Salud, encabezada por el fujimorista Segundo Tapia, una propuesta en ese sentido del presidente del Congreso Daniel Abugattás. El proyecto modificaba el reglamento a fin de establecer el control de calidad obligatorio dentro del Perú para todos los medicamentos importados. MISTERIO EN EL MINSA Acto seguido, el MINSA entró en una especie de resistencia pasiva. Llamó la atención que posteriormente a la presentación del proyecto que modificaba la ley de medicamentos, el director de DIGEMID, Manuel Vargas, no realizara apariciones públicas para defender su punto de vista. Más extraño aún, el MINSA no envió oportunamente el informe que le solicitó el Congreso sobre el proyecto de ley. La Digemid lo había redactado, oponiéndose al proyecto, y aparentemente se encarpetó el documento desde el 20 de mayo. El 1° de junio Digemid envió otra comunicación interna, esta vez al viceministro Percy Minaya, y recién el 6 Alberto Tejada envió al grupo parlamentario el informe de su órgano técnico. Ese mismo día la comisión resolvió sin considerar la posición del ministerio. Cuando presentó el dictamen ante el pleno, Segundo Tapia dijo que no habían recibido la opinión de Salud. Tejada no acudió a la citación que le hizo la Comisión de Salud, el 30 de mayo. Pero sí fue el director de Digemid, quien también estaba invitado. Manuel Vargas se opuso rotundamente a la iniciativa. En un momento determinado el congresista Rubén Condori le recriminó: —¿Cómo usted, siendo funcionario público, se opone a un proyecto presentado por el Presidente del Congreso? —Ustedes van a decidir —respondió Vargas—. Mi responsabilidad es darles una opinión técnica. Una semana después, cuando se discutió la aprobación del dictamen, el congresista nacionalista Rubén Condori pidió que se oficiara al Ministerio de Salud solicitando la destitución del funcionario. Acusó a Vargas de declarar en la televisión que iban a subir los precios de las medicinas, y de enfrentar al parlamento con el pueblo. Condori, quien está investigado por la comisión de Ética del Congreso por haberle robado el voto a su colega Rosa Mavila y en 2005 fue sentenciado por falsificación de documentos, obtuvo la carta. EL PROTECTOR Poco después el ministro de Salud le anunció a Vargas que lo iba a reemplazar, haciéndolo asesor. En su entorno dijo que era para protegerlo. Pero la remoción se fue demorando sencillamente porque Tejada tuvo dificultades para encontrar un reemplazo. Finalmente sobrevino el cambio de gabinete y la ministra Midori de Habich decidió la salida del funcionario. Este vacío se ha producido mientras el Congreso no sabe qué hacer con el proyecto de ley. En la mayoría oficialista, el vocero de Gana Perú, Jaime Delgado, tiene una posición contraria a la de Daniel Abugattás. En el fujimorismo también han aparecido discrepancias. En todo caso, un nuevo debate se impone, con puntos no del todo esclarecidos en la etapa anterior. Por ejemplo, ADIFAN sostiene que en los países donde se ha aplicado su receta los precios de los medicamentos no han aumentado, pero del otro lado se presenta información contradictoria. Y, a todo esto: ¿quién será el sucesor de Vargas y qué posición adoptará Digemid en el futuro? ¿El puesto seguirá sin titular mientras se desarrolla el debate en el Congreso? Y si el titular se nombra, ¿participará en el debate o el MINSA no dirá esta boca es mía?
