Municipalidad de Lima con días contados para cancelar uso de caballos para paseos en carruaje tras sentencia del Poder Judicial: funcionarios podrían ser denunciados

El uso de caballos para paseos en carruaje por el Centro Histórico de Lima podría acabarse en los próximos días. Y es que el Poder Judicial (PJ) emitió una resolución que ordena a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) cancelar cualquier tipo de autorización, licencia o permiso que permita esta actividad en un plazo máximo de 10 días.

La medida judicial fue notificada el 30 de enero, por lo que debería acatarse hasta este viernes 13 de febrero, de acuerdo con fuentes cercanas a la organización que lleva la demanda contra el municipio. De no cumplir con ello, los funcionarios responsables de la ejecución podrían ser denunciados ante la Fiscalía y enfrentar un proceso con el riesgo de ser destituidos del cargo.

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Decisión adelanta aplicación de fallo

Como se recuerda, en diciembre de 2025, la jueza Sara Meza Soria del Primer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima ya había ordenado "el cese inmediato y la cancelación definitiva" de cualquier recurso que permita el uso de caballos en el servicio de paseo turístico en calesas en la Plaza Mayor de la capital, "al constituir una práctica incompatible con el deber constitucional de protección y bienestar animal".

Sin embargo, la medida fue apelada por la municipalidad capitalina, por lo que la parte demandante, el Instituto Peruano de Asesoría Legal del Medio Ambiente y la Biodiversidad (IPALEMA), presentó un nuevo recurso ante la magistrada solicitando que la sentencia de primera instancia se ejecute inmediatamente, mientras se resuelve la apelación de la MML. Es este pedido el que fue admitido recientemente y otorga 10 días al municipio para cumplir con la sentencia.

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Los argumentos judiciales

Para tomar la decisión de aplicar "la actuación inmediata" de la sentencia en primera instancia, la jueza se basa en el artículo 26 del Nuevo Código Procesal Constitucional, que evalúa si concurren los presupuestos de no irreversibilidad y proporcionalidad.

En tal sentido, sobre lo primero la magistrada sostiene que la aplicación del fallo no constituye una medida irreversible dado que, de producirse una eventual revocatoria de la medida en segunda instancia, esta podría dejarse sin efecto, restableciéndose la efectividad de las autorizaciones que se haya otorgado para la actividad en cuestión.

En tanto, sobre lo segundo considera que, si bien la actuación inmediata de la medida implicaría un perjuicio económico para la empresa Sabrina Carruajes al suspender su actividad comercial, esta medida "resulta manifiestamente menos gravosa al ser ponderada con el perjuicio que implicaría mantener el servicio de paseo turístico en calesas sin la supervisión correspondiente, exponiendo a los caballos a condiciones que generan riesgo objetivo de sufrimiento y deterioro de su integridad".

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La posible denuncia a funcionarios

La orden judicial establece que la MML debe cumplir con la medida, "bajo apercibimiento de aplicarse las medidas coercitivas previstas en el artículo 27 del Nuevo Código Procesal Constitucional en caso de incumplimiento". Esto significa que, de no acatar, los funcionarios podrían ser denunciados ante la Fiscalía y quedarían expuestos al inicio de un procedimiento disciplinario que podría terminar en su destitución del cargo.

De acuerdo con la resolución, los funcionarios en condición de "responsables de la ejecución" en este caso son los titulares de la Gerencia Municipal (Alejando Gustavo Jiménez Morales) y de la Gerencia de Desarrollo Económico (Lesdi Sharlotte Meneses Fairlie) de la Municipalidad de Lima. La República se comunicó con el área de prensa de la comuna limeña para pedir sus descargos y conocer su postura sobre este tema, pero al cierre de esta nota no obtuvimos una respuesta.

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