Impunidad: caso de joven ingeniera que denunció abuso sexual en Independencia podría archivarse tras 2 años

Han pasado más de dos años desde que una joven ingeniera de 25 años denunció haber sido víctima de violación sexual en una vivienda de Independencia. Ocurrió la madrugada del 15 de septiembre de 2023, cuando, después de una reunión por el cumpleaños de un excompañero del colegio. Hoy, el caso podría archivarse luego de que el fiscal provincial solicitara el sobreseimiento, decisión que ahora debe evaluar un fiscal superior.

La denunciante afirma que el proceso ha estado lleno de demoras y un trato revictimizante por parte de las autoridades. “Siento que mi vida está en pausa… y que ellos han seguido como si nada hubiese pasado”, relata. Ahora, su abogado busca evitar que el expediente sea cerrado sin que se realicen las diligencias necesarias.

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Caso de abuso sexual corre riesgo de ser archivado

La joven explica que conocía al denunciado desde el colegio. En 2023 retomaron contacto por un videojuego y por un círculo común de amistades. La noche de los hechos, él la invitó a su cumpleaños junto a un pequeño grupo. “Llegué a las 10 p.m., acompañada por mi mamá, porque su casa queda cerca. Estaban sus familiares, pero a los pocos minutos se retiraron”, cuenta. En la sala se quedaron ella, el anfitrión y tres amigos más.

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Poco antes de medianoche, según indica, empezó a sentirse mal: “Lo último que recuerdo es que estábamos bailando los cuatro… y después perdí el conocimiento”. Menciona que no despertó sino hasta aproximadamente las 4:30 de la madrugada. Cuando abrió los ojos, afirma que se vio en la habitación del presunto agresor. Logró correr al baño, encerrarse y, desde allí, llamó desesperadamente a un amigo: “Solo pensaba en que alguien me saque de ahí”.

Su compañero llegó cerca de las 5 a. m. “Bajé llorando, no podía caminar ni hablar bien”, recuerda. Fue él quien la llevó a su casa, donde su madre la encontró en shock y la trasladó de inmediato a la comisaría.

La joven asegura que, mientras estaba encerrada en el baño, el denunciado insistía en hablar con ella. “Golpeaba la puerta, gritaba que le abra”, narra. También afirma que recibió mensajes de sus amigos. Horas después, al revisar su teléfono, encontró audios enviados desde su propio celular. “Parece que lo agarraron cuando yo estaba inconsciente”, relata. En uno se escucha al denunciado hablando con otro amigo; en otro, risas y burlas: “Que quede como recordatorio para la (....) del futuro”, dicen.

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El proceso médico-legal: demoras, trato revictimizante y resultados tardíos

“El doctor me decía que deje de llorar para poder revisarme, que no tenía desgarros o lesiones recientes… me preguntó si me había defendido. Fue doloroso”, recuerda. También señala que, mientras se encontraba esperando al médico legista, un policía afirmó delante de su madre que “seguro estaba confundiendo las cosas”.

Respecto a sustancias, el examen toxicológico, que fue entregado tres meses después de haberse tomado, según denuncia, no reveló restos de drogas. Sin embargo, sí se registró un alto nivel de alcohol: 1.5 g/L, pese a que el examen se realizó cerca de las 11 a.m., varias horas después de la agresión. "Seguimos teniendo la certeza de que habían colocado algo en mis bebidas", indicó al respecto.

Asimismo, entregó el vestido que usó esa noche, que tenía una mancha inusual. "Mandamos el vestido que tenía puesto esa noche para que lo analicen, pero dijeron que en este no había evidencias de semen, tampoco las había en la ropa interior", señala.

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Diligencias aplazadas por casi siete meses

La Cámara Gesell no se realizó a los pocos días, como corresponde, sino siete meses después, según denuncia. Para entonces, ella ya presentaba un diagnóstico privado de depresión severa, estrés postraumático y ansiedad generalizada. “Pasé todas las pericias, pero el informe psicológico del Ministerio Público salió diciendo que no tenía afectación”, explica. Luego se presentaron pericias privadas, una psiquiatra y una psicóloga, que concluyeron lo contrario.

En septiembre de 2024, un año después, la fiscalía ordenó una inspección al inmueble en el que sucedieron los hechos. Para entonces, según la defensa, “la casa había sido pintada, los muebles cambiados y las cortinas retiradas”. El abogado señala que las versiones de los amigos del denunciado presentan contradicciones: unos dicen que estaban en el balcón; otros, que no escucharon nada; otros, que sí escucharon la puerta del baño a las 5 a. m. Sin embargo, “el fiscal solo recalcaba las inconsistencias en mis declaraciones… básicamente me dijo mentirosa”, denuncia la joven. La abogada de la defensa del denunciado, según dice, insistió en el mismo argumento.

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Pedido de justicia

El abogado de la víctima explica que el fiscal Julio Miguel Natividad Solano, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte (Segundo Despacho) pidió el sobreseimiento del caso. “Estamos alarmados porque este caso corre el riesgo de ser archivado”, señala

Por su parte, la joven asegura que estos años ha vivido “un infierno” a causa de este suceso: "Mis amigas me dieron la espalda, mi primer abogado me juzgaba, no podía ni salir de mi cama; mi mamá tenía que bañarme, no pude trabajar por un año”. Retomó su empleo por necesidad económica, pero asegura que le cuesta: “Soy ingeniera y debo estar rodeada de varones… pero no puedo. Me cuesta mucho relacionarme”.

Tuvo que renunciar a su último trabajo debido a un caso de acoso que reactivó el trauma vivido. También refiere que buscó apoyo en el Centro de Emergencia Mujer (MIMP) cerca de su casa, pero le dijeron: “Como ya pasaron dos años, no pueden darme apoyo psicológico”.

La joven afirma que no busca compensación económica ni un proceso mediático: “No quiero dinero, solo quiero que le den una condena y que no le pase esto a nadie más”. Recalca que teme que se archive su expediente: “Eso sería como si no hubiese pasado nada”.

24.231 casos de violencia sexual registrados hasta septiembre de 2025 en Perú

De acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, hasta septiembre del 2025 se han registrado 24.231 casos de violencia sexual en nuestro país. De estos, la mayoría se registraron en Lima Metropolitana, con un 26,8%, seguido de regiones como Arequipa y Cusco, con el 7,6% y 5,6%, respectivamente.

Estas cifras muestran una preocupante realidad: la mayoría de los casos de violencia sexual corresponden a violaciones, con 9.931 reportes, lo que equivale al 41% del total. A esto se suman 4.537 denuncias por tocamientos o actos de connotación sexual sin consentimiento (18,7%), y en menores, este tipo de violencia alcanzó 6.136 casos (25,3%). Estos números evidencian la urgencia de implementar medidas efectivas y concretas, dejando ver la persistente deuda del Estado con las víctimas que esperan justicia y protección.

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