En Pataz existen 450 socavones ilegales de oro identificados

La minería informal e ilegal de oro han existido durante décadas. Tradicionalmente, de estas operaciones participaban pequeños mineros que utilizaban métodos artesanales sin permiso, redes de minería ilegal que utilizaban mercurio y maquinaria pesada, o empresas que extraían más oro del legalmente permitido.

Pero la incursión violenta de bandas criminales en esta lucrativa industria ilícita en Pataz (La Libertad) ha trastocado la naturaleza de este negocio, convirtiendo la minería ilegal en el último campo de batalla de una prolongada guerra contra el crimen organizado.

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Los agentes de inteligencia policial que operan con el Comando Unificado en esa zona aseguran haber identificado entre cinco a siete redes criminales.

Dos de ellas, as más conocidas, son Los Pulpos y Los Parqueros de Pataz, que no solo controlan socavones y bocaminas, sino que también están vinculadas al sicariato, el tráfico de explosivos y otras actividades mafiosas.

Pero también destaca La Gran Alianza 2, una coalición criminal que habría surgido tras el asesinato en Colombia de Josué Blas Lezama, alias ‘Gato Cote’. Hoy, su liderazgo recaería en Miguel Rodríguez, alias ‘Cuchillo’, señalado como autor intelectual de la reciente masacre de 13 trabajadores contratados para resguardar mineros.

De acuerdo con el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, este grupo criminal está conformado por remanentes de Los Pulpos, La Jauría, La Banda del Gordo Jhon y Los Compadres.

“Es una coalición que tiene el objetivo de tomar por la fuerza el control de los socavones ilegales”, indicó.

Ya en el 2023 esta banda perpetró un ataque armado contra la empresa minera Poderosa que dejó nueve muertos.

Ahora, el secuestro y asesinato de los 13 agentes de seguridad en Pataz demostró que estos grupos delictivos ya están actuando con violencia extrema.

Bocaminas están localizadas

El gerente de Asuntos Corporativos de la empresa minera Poderosa, Pablo de la Flor, ya había advertido el año pasado sobre los pobres resultados en la lucha contra la minería ilegal y los criminales en Pataz.

Sostenía que a pesar de la presencia policial y de miembros del Ejército durante los primeros meses del estado de emergencia, en el 2024, se habían intervenido solo 25 de las 450 bocaminas ilegales identificadas plenamente en Pataz. Es decir, apenas se golpeó al 5% de estas organizaciones al margen de la ley.

También reveló que en Pataz se identificó, por un sistema de georreferenciación, 44 plantas ilegales donde se almacenaba el mineral extraído de los socavones, pero solo se intervino en 4 de ellas.

Las bandas que operan en Pataz se han vuelto más audaces. Empezaron extorsionando a las minas legales y a los mineros irregulares antes de apoderarse por completo de las operaciones.

Esta evolución formó parte de un impulso mayor por diversificar su cartera criminal. En los últimos años, tras la pandemia, el poder y sofisticación creció gracias a la participación de extranjeros y al armamento sofisticado que utilizan.

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Secuestro, extorsión y muerte

Según los expertos, el modus operandi de las bandas consiste en empezar desde lo mínimo. Comienzan ofreciendo protección armada a grupos de mineros irregulares o cobrando a las concesiones mineras legales una cuota de extorsión.

Después, la extorsión se vuelve más agresiva. Obligan a los mineros irregulares a entregar un porcentaje de su botín diario o secuestran a los propietarios de minas legales a cambio de cuantiosos rescates. En última instancia, el objetivo es el control total.

En mayo del 2024 el empresario minero, Emilio Julca Huamán (44), fue secuestrado antes de partir de Cajabamba (Cajamarca) rumbo a La Libertad La víctima viajaba con dos de sus trabajadores, quienes lamentablemente fueron asesinados, en el sector Cañari, caserío Coipin, ubicada en el distrito liberteño de Huamachuco.

Cuatro meses antes, en enero fue hallado el cuerpo sin vida de un minero informal que fue secuestrado mientras se dirigía con su agente de seguridad y su amigo de Pataz a Trujillo. Se dijo que Los Pulpos estuvieron detrás del horrendo crimen.

Santos Sánchez Vera, era el acaudalado minero informal por quien se pedía un rescate de 10 millones de dólares. Los hampones habrían negociado con sus familiares, llegando a un primer acuerdo, la entrega de 4 millones por dejarlo en libertad, el trato al parecer estaba cerrado, pero algo ocurrió durante la supuesta entrega del dinero, los secuestradores habían recibido tan solo millón de dólares, esto los enfureció hasta descargar sobre toda su ferocidad.

Corrupción facilita expansión

Pero, la corrupción también ha facilitado la expansión en la minería ilegal. Funcionarios corruptos avisan a mineros irregulares y redes criminales de ricos yacimientos de oro listos para explotar o de concesiones legales que han paralizado temporalmente las operaciones, alertándoles de oportunidades para explotar. 

Una vez lo hacen, estos funcionarios corruptos protegen la actividad minera ilegal, no actúan ante las denuncias y avisan a los mineros ilegales sobre operaciones de seguridad planeadas contra ellos.

Durante el primer bimestre de 2025, la producción nacional de oro en Perú alcanzó un total de 16 millones 104 mil 337 gramos finos, lo que representa una caída del 15.8 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el Boletín Estadístico Minero (BEM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La información también indica que La Libertad es el principal departamento productor de oro con el 29.8 % del total nacional, seguido por Arequipa con el 22.9 % y Cajamarca con el 21.7 %.

En la actualidad, la empresa minera Poderosa mantiene 286 contratos de explotación con mineros artesanales, quienes son evaluados dentro de un proceso de debida diligencia, además de trabajar coordinadamente para el adecuado cumplimiento de las normas que rigen el Sector.

Instan poner fin al Reinfo

Hoy el Decreto de Urgencia Nº 006-2025 establecido el 10 de mayo establece importantes medidas para combatir la minería ilegal. Este dispositivo no solo destina recursos financieros adicionales para tal fin, sino que revoca las inscripciones suspendidas en el REINFO y establece rutas de uso obligatorio para el servicio de transporte.  

Además, dispone la creación de tres puestos de control en la zona para la fiscalización y supervisión del traslado de mineral e ingreso de insumos y explosivos.

Respecto de este último alcance, ya se ha finalizado la construcción y equipamiento de las instalaciones que ya ocupa el frente policial de Pataz, y el puesto de control Calquiche; siendo que para fines de junio se tendrá listos los otros dos puestos restantes.

Las empresas formales instan al Ministerio de Energía y Minas a poner fin al REINFO y respetar las concesiones que fueron otorgadas con anterioridad, y al Congreso de la República a trabajar decididamente en la elaboración de una ley MAPE que permita a los mineros artesanales formalizarse, respetando el Estado de Derecho y velando por el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental y de salud y seguridad en el trabajo.