Ucayali: atacan a defensor indígena mientras trabajaba en su chacra

La violencia volvió a golpear a las comunidades indígenas de Ucayali. José Hugo Briones Taricuarima, comunero y exagente municipal de la Comunidad Nativa Flor de Ucayali, fue víctima de un ataque armado la mañana de este sábado mientras trabajaba en su chacra, ubicada a dos horas a pie del centro poblado.

Briones recibió tres impactos de perdigones en el estómago, el brazo y la clavícula, aunque, gracias a la cobertura de los árboles, logró evitar heridas aún más graves.

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A pesar de las lesiones, el comunero pudo caminar hasta el centro de la comunidad, donde recibió atención de primeros auxilios y fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Pucallpa. Su situación actual es estable, aunque el ataque ha encendido las alarmas entre los organismos de derechos humanos.

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Comunidad Nativa Flor de Ucayali pide protección

Desde 2022, la Comunidad Nativa Flor de Ucayali cuenta con medidas de protección oficiales otorgadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No obstante, la implementación de estas acciones ha sido, según denuncias, "escasa o nula".

La comunidad señala que en las últimas semanas se detectó la presencia de personas extrañas en su territorio, situación que ha sido asociada al incremento de cultivos ilegales de hoja de coca en la zona. Se teme que el ataque contra Briones sea una represalia vinculada a las erradicaciones de cultivos ilícitos impulsadas por el Proyecto Especial CORAH.

El atentado se produce en un contexto delicado, el Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario de Flor de Ucayali acababa de retomar sus actividades, lo que, según la comunidad, demuestra un patrón creciente de amenazas y riesgos.

Frente a esta grave situación, la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU), con el respaldo del Instituto de Defensa Legal (IDL) y Proética, ha solicitado la intervención inmediata del Gobierno para garantizar la vida e integridad de los comuneros. Asimismo, exigen investigar el ataque, sancionar a los responsables y fortalecer el apoyo a las organizaciones indígenas que trabajan en zonas de alto riesgo.

Esta alerta, elaborada por el Observatorio para Defensores Indígenas de Derechos Humanos, busca visibilizar la urgente necesidad de protección real y efectiva para quienes defienden su territorio y sus derechos en la Amazonía peruana.

Solicitan mayor protección en la zona

Sobre el tema, Álvaro Másquez Salvador, especialista legal del IDL, explicó a La República que el ataque forma parte de una serie de amenazas contra los comuneros debido al cultivo ilegal de hoja de coca. Además, señaló que colonos invasores han instalado cultivos ilícitos dentro del territorio de la comunidad, pese a que cuentan con título de propiedad desde los años ochenta. “La comunidad lleva años denunciando esta situación sin obtener respuestas efectivas del Estado”.

Másquez también cuestionó que, pese a que en 2022 el Ministerio de Justicia aprobó medidas de protección como patrullajes policiales mensuales, visitas oficiales y supervisiones ambientales, estas no se implementaron de manera efectiva
Sostuvo que solo se concretó una visita pública organizada por el Ministerio de Justicia.

Asimismo, solicitó mayor presencia policial en la zona y un control efectivo sobre el río Utiquinía y advirtió que allí se produce coca que es transportada por vía fluvial hacia Pucallpa. “Esto no ha sido interrumpida, principalmente por falta de fiscalización. Lo que falta es autoridad policial”, dijo.

Ministerio de Justicia activa mecanismo intersectorial

Ante esta situación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) activó su mecanismo intersectorial para la protección de los defensores de derechos humanos.

Asimismo, se establecieron coordinaciones con diversos actores, como el presidente de la Comunidad Nativa Flor de Yacayalui, el Coordinador Regional de la Mesa del Mecanismo Intersectorial en Ucayali, la DIVINCRI, la región policial de Ucayali, la Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Cultura. Esto con el fin de garantizar la atención y protección del comunero afectado.