Acción Popular plantea pena de muerte para extorsionadores y sicarios pese a que es inviable en el Perú
El nuevo proyecto, que considera estos delitos como terrorismo, contraviene la Constitución de 1993 y el Pacto de San José de derechos humanos. La iniciativa surge en medio de una crisis de delincuencia en Lima.
Vulneración a pactos internacionales. El partido político Acción Popular, a través del congresista Wilson Soto, presentaron el Proyecto Ley que pretende implementar la pena de muerte o cadena perpetua para los delincuentes que cometan los actos de extorsión, sicariato, secuestro o robo agravado. Sin embargo, la promulgación de esta normativa estaría agravando a la Constitución de 1993, propuesta por Fujimori, y estaría violando la suscripción al Pacto de San José y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta nueva propuesta ha sido presentada como respuesta a la ola de delincuencia, extorsión y sicariato que está sufriendo Lima, siendo el sector del Transporte Público el más afectado, debido a las diversas bandas criminales que vienen extorsionando a buena parte de las empresas de transporte, llegando a matar a 4 conductores hasta el momento.
Buses de la empresa Huáscar paralizaron labores por extorsiones y ataques. Foto: difusión.
Proyecto ley pretende incluir delitos como terrorismo
El congresista Wilson Soto, de Acción Popular, presentó este 30 de septiembre el Proyecto Ley N° 9041, que pretende incluir en el Decreto Legislativo 635, del Código Penal, el artículo 316-B, que abordaría los delitos como extorsión, sicariato, secuestro y robo agravado, como actos terroristas, y que por ende podrían verse sancionados con la pena de muerte o cadena perpetua.
Para que este proyecto ley sea aprobado en el Congreso, dice el congresista Soto, el Perú deberá de retirarse del Pacto de San José (Convención Americana de Derechos Humanos) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), suscripciones que tiene el Perú con diversos países que garantizan el derecho de proteger los derechos humanos.
"Todos los días hay asesinatos, hay asaltos (…) si pensamos en las cortes internacionales que piensan más en estos delincuentes, ¿qué derechos humanos deben de tener ellos?", arguye el congresista Soto en una entrevista en Canal N.
Justificaciones de la nueva normativa
En el escrito del Proyecto Ley del congresista Soto, destaca que el parlamentario cita estadísticas de ejecuciones por pena de muerte en países orientales, Estados Unidos y China, en el año 2022. "Irán con un mínimo de 576 ejecuciones, Arabia Saudita con 196, Egipto con 24, Estados Unidos con 18, Singapur con 11, Irak con al menos 11, Kuwait con 7, Somalia con un mínimo de 6, y Sudán del Sur con al menos 5", cita a Amnistía Internacional el congresista, tomando las ejecuciones como un significado de seguridad. Según el Índice de Paz Mundial, hecho por el Instituto de Economía y Paz (IEP en sus siglas en inglés), Irán se encuentra en el puesto 133, como uno de los más peligrosos del mundo.
En la entrevista en Canal N, el congresista Soto se refirió a Vietnam como un país seguro porque ejecuta a sus delincuentes detenidos de manera recurrente, porque "nadie roba y hay pena de muerte", comenta Soto.
"Si nosotros hacemos una encuesta, estoy seguro que todos los peruanos pensarían lo mismo que yo", comenta el congresista Soto, señalando que la mayoría de peruanos estarían de acuerdo en retirarse de dichas organizaciones que garantizan los derechos humanos.
Una de las figuras políticas a favor del retiro de la CIDH, es Keiko Fujimori, junto a su bancada, Fuerza Popular. Foto: composición LR/difusión.
Acción Popular pretende retirar al Perú de la CIDH
Como una de las ambiciones que viene persiguiendo algunas bancadas del Congreso, el parlamentario Soto explicó en Canal N que, junto a Acción Popular, ha presentado algunos proyectos ley para poder retirarse de la CIDH y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José).
"Nosotros hemos presentado un proyecto ley en la Comisión de Relaciones Exteriores y Constitución, para que el Perú se retire de una vez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esa corte protege más a los delincuentes que a los ciudadanos", indicó el congresista Soto.