Aprueban dictamen que limitaría protección de derechos a defensores ambientales

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó ayer con 12 votos a favor la propuesta del dictamen que contiene los proyectos de Ley 2069/2021-PE y 4686/2022-CR, hechos por el Ejecutivo y la congresista de Perú Libre, María Taipe Coronado, que establecería un marco normativo a la protección de las personas defensoras de derechos ambientales.

La parlamentaria de Perú Libre expuso que esto significaría un gran avance en la protección en el marco de la muerte de un nuevo líder indígena de San Martín, Quinto Inuma. Parlamentarios de la comisión detallaron que ello podría ser repetitivo al tenerse el mecanismo especial del Ministerio de Justicia establecido desde 2021. No obstante, Taipe aseguró que podría "garantizarse que el Ejecutivo cumpla con reforzar este mecanismo vigente por Ley".

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Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó dictamen que limitaría protección a defensores ambientales

“Las medidas de protección mencionadas son medidas que ya están establecidas en el protocolo de defensores ambientales. La diferencia que la norma del Ejecutivo es inferior y este congreso lo puede fortalecer convirtiéndolo en una Ley. Por ello con eso garantizamos que el Ejecutivo cumpla. El registro de defensores ambientales quedará a cargo del Ministerio de Justicia. Comprendemos que esas precisiones tienen que hacerse vía reglamento a partir de la Ley", dijo.

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Dentro del proyecto 4686/2022-CR, que forma parte del dictamen, se detallan que se podría ampliar la protección policial, mayores patrullajes, asistencia legal, visitas públicas en zonas alejadas de riesgo en beneficio de la persona afectada, pero esto es casi una réplica de la normativa vigente, salvo que ahora todo estaría a cargo del Ministerio del Ambiente.

El vocero del Ministerio de Justicia, Angel González, adelantó que esto tendría falencias al solo enfocarse en el derecho ambiental y no se tendría en cuenta otros vulnerados al momento de sufrir alguna amenaza por parte de inescrupulosos. "No se puede limitar a solo materia ambiental cuando se ve pueblos indígenas, derechos reproductivos, entre otros", indicó a La República.

A su vez, la Sociedad Peruana de Defensa Ambiental (SPDA) pidió que se reconsidere esta aprobación, que podría terminar en una duplicidad de funciones y no se busque un fortalecimiento del actual mecanismo intersectorial del Minjus. "Podría sufrirse estancamientos y el debilitamiento de lo ya avanzado", señaló.

Subregistro de muertes

En esa línea, Lizardo Cauper, representante de Coshikox (Nación Shipibo-Konibo-Xetebe) aseguró que a la fecha no hay medidas eficientes ni suficientes para la protección líderes indígenas. Si bien se han identificado 32 asesinatos de líderes y lideresas indígenas, la cifra sería mayor. Ello debido a que muchos no denuncian por temor a amenazas del narcotráfico, taladores ilegales, entre otros.

La gran mayoría de asesinatos han sucedido en Ucayali, San Martín, Huánuco, Amazonas y Madre de Dios, de acuerdo a información de Aidesep.