Puno: vecinos se defienden de robos y ajustician a presunto ladrón
La Policía no es referente de autoridad. Eso quedó demostrado en un centro poblado donde la población detuvo a un presunto ladrón y lo asesinó a golpes. Dicen que es la única manera de defenderse de la delincuencia.
Un nuevo caso de ajusticiamiento popular tuvo lugar en Puno. Un hecho similar ocurrió en 2004, cuando el exalcalde de Ilave, Cirilo Robles Callomamani, perdió la vida a manos del pueblo que previamente lo había elegido como autoridad municipal.
Diecinueve años después de aquel suceso, un septuagenario fue detenido en flagrancia por el robo de bienes de una propiedad y fue linchado hasta la muerte.
Este nuevo linchamiento se da en un contexto de profunda inseguridad ciudadana en Perú, con falta de control policial, escasa presencia del Estado y una población que ha decidido defenderse por cuenta propia.
Los residentes de Rosario Coñiri, ubicado en el centro poblado de Jallihuaya al sur de Puno, se han organizado para combatir la delincuencia por su cuenta debido a los constantes atracos y robos en casas de la zona. Los ladrones fueron advertidos. Desde hace tres semanas, se colocaron letreros advirtiendo que cualquier presunto delincuente sería ajusticiado si intentaban cometer delitos en esa área urbana.
Esta organización surgió ante la ausencia de la Policía Nacional y como respuesta a la actual crisis de inseguridad en el país que, en el Congreso, culminó con la censura del Ministro del Interior, Vicente Romero.
Fermín Velásquez Laquise (65), la víctima, tenía antecedentes de hurto. Fue capturado cerca de las cuatro de la madrugada. Un silbato alertó a los residentes de Jallihuaya, quienes salieron a la calle armados con palos, cadenas y otros objetos.
El hombre detenido había sustraído un balón de gas, un esmeril eléctrico, una cizalla, destornilladores, prendas de vestir, entre otros bienes, de una vivienda en construcción sin que los propietarios se percataran.
Según testigos, el detenido intentó negar los hechos, alegando que era vecino del lugar.
Al ser cuestionado sobre su nombre y su dirección, no supo qué responder y fue atado desnudo de pies y manos a un poste. En todo momento se negó a revelar su verdadera identidad. Los vecinos lo empaparon con agua del pozo para obligarlo a confesar sus cómplices y otros robos que hubiera cometido en la zona.
La situación de Fermín Velásquez cambió cuando una pareja de esposos reconoció los bienes robados de su casa, lo que enfureció a la multitud que se había reunido y aplicaron justicia por mano propia.
La Policía Nacional llegó al lugar, pero los vecinos no permitieron que se acercaran argumentando falta de credibilidad después de las muertes durante las protestas en Puno.
A las 6:00 a.m. se confirmó la muerte de Velásquez Laquise, quien falleció atado a un poste tras ser golpeado. El personal de criminalística llegó al lugar y encontró que tenía varios objetos de valor en su poder y múltiples lesiones.
Silverio Calumani Sihuayro, alcalde del centro poblado de Jallihuaya, afirmó que el único responsable de lo sucedido es el fallecido por haber ingresado a una zona donde la población está organizada y lista para enfrentar la delincuencia debido a la ausencia de las autoridades encargadas de combatirla.
A pesar de lamentar lo ocurrido, consideró que el problema de fondo radica en la pérdida de confianza de la ciudadanía en las autoridades judiciales y en la Policía Nacional. Velásquez Laquise tenía antecedentes por hurto. Puno tiene una larga historia de ajusticiamientos.
"Sería una anarquía"
Por: William Huampire - Psicólogo
Los linchamientos surgen por la inoperancia de la policía. Esa indignación se convierte en un estado de hostilidad y de agresividad que lleva a tomar la justicia por las propias manos.
En ese escenario, se anula la conciencia individual que regula y gestiona las emociones y controla la ira, y surge la inconsciencia colectiva, en la que suele haber un azuzador. Cuando todo pasa, se siente culpa, y a la vez hay un silencio cómplice.
Al margen del hecho delictivo, no se puede validar este tipo de conductas. Nos convertiríamos en una sociedad anárquica, y en un estado de derecho, tenemos valores, normas y leyes que regulan nuestro comportamiento.
Las acciones de las autoridades deben estar centradas en políticas públicas con una visión integral, multidisciplinaria e interinstitucional.
Además, los planes deben responder a un diagnóstico serio de la problemática.