Venezolanos dejan el Perú por frontera norte: así salen del país tras no obtener el permiso temporal

Luego de que el Gobierno de Dina Boluarte anunciara cambios en el Decreto Legislativo 1582, Ley de Migraciones, ayer se publicó la norma que incluye el Proceso Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) para dos grupos: extranjeros en situación migratoria irregular, y los que atenten contra el orden y seguridad ciudadana lo que ha generado que cientos de extranjeros sin documentación dejen el país a través de la frontera con el Ecuador, por la región Tumbes.

En el marco de este nuevo decreto, se precisa que habrá pasos previos para determinar una posible sanción y posterior expulsión de un ciudadano. Se tendrían dos fases: la instructora y sancionadora.

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¿En qué consisten estas? Primero, se iniciará con la notificación de la imputación de cargos que realizará la Superintendencia de Migraciones hacia el ciudadano. Para ello se permite la retención administrativa de hasta 24 horas en una comisaría y se llevará a cabo una audiencia dentro de dicha institución que podría ser virtual o presencial.

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Migraciones tendrá como apoyo a la Policía para conocer las infracciones cometidas. Luego de la audiencia, esta entidad emitirá una resolución.

Pablo Huerta, vocero del Ministerio del Interior, señaló a La República que la resolución decidirá si la persona cometió una infracción o también puede determinar que no se le halló nada. Cabe resaltar que, en caso sea sancionada, la persona podrá ser multada o hasta expulsada vía terrestre o aérea, dependiendo del caso.

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“Esto es en la parte final, pero se está implementando ambas vías, igual se continúa en evaluación con los otros Gobiernos”, mencionó.

Sin embargo, el ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, indicó que tanto su país como Colombia sugirieron que la expulsión de migrantes irregulares se dé por vía aérea. Agregó que tendrán una reunión próximamente para determinar acciones futuras.

Vulneración de derechos

Para Jorge Chirinos, asesor del proyecto ‘De la mano con los migrantes’ de Cáritas Chiclayo, esta nueva norma no ha sido analizada debidamente, por lo que podría generar problemas en contra del derecho de los extranjeros. “Es un tema en el que no han participado las organizaciones que velan por los DDHH y esto podría producir errores”, acotó para este medio.

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Además, recordó que durante la década de los 90 más de 400.000 peruanos se fueron al extranjero por una situación de inestabilidad política y social, por lo que pidió “no generalizar a todos los migrantes”.

A su vez, Gabriela Ramos, abogada en derecho internacional de los refugiados y migrantes de la PUCP, enfatizó que la actual norma vincula la migración con problemas de seguridad nacional, pero a la fecha no hay estadísticas que evidencien esta relación. “Esta norma contribuye a la criminalización de la migración”, dijo.

Agregó que el plazo de 24 horas de retención para una audiencia única también sería un segundo problema al incumplirse las garantías de un debido proceso. “Se debe tener en cuenta si la persona tiene otro idioma y si tiene defensa legal en la audiencia; parece que no se está viendo ese lado”.

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Salida masiva en frontera

El jefe del Frente Policial Tumbes, Manuel González Novoa, confirmó que más de 1.500 venezolanos salieron voluntariamente del país en los últimos cuatro días.

Sostuvo que los ciudadanos extranjeros abandonaron el territorio nacional por el puente Internacional que conecta la ciudad de Aguas Verdes con Huaquillas, en Ecuador. “Lo hacen de preferencia en horas de la noche. La mayoría de los venezolanos provienen de Lima y del sur del Perú”, dijo.

Desde hoy, el Gobierno aplicará esta nueva normativa que pretende un mejor control migratorio. ¿Funcionará?

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Piden retorno voluntario y seguro

La fundadora de la ONG Veneactiva, Nancy Arellano, mencionó que la actual salida de sus connacionales debe realizarse de manera segura y debe ser apoyada por el Gobierno. “Los migrantes no pueden caer en organizaciones de trata u otro. Es importante ver mecanismos”, sostuvo.

Agregó que Migraciones debe ver caso por caso para evitar generalizar las expulsiones.

La especialista Gabriela Ramos recordó que, si bien el Gobierno señaló que los migrantes tuvieron seis meses para regularizarse, hubo varios problemas en la plataforma de Migraciones y bastante desconocimiento por parte de los migrantes. “Falta mejorar los procesos de regularización”, finalizó.

La palabra

Nancy Arellano, fundadora de Veneactiva

“Se le ha dado una gran responsabilidad a Migraciones para que ellos vean el caso de expulsiones céleres. Esperemos que se haga desde el enfoque de DDHH y se verifique de manera oportuna”.