Investigación sobre 18 muertes en Puno no avanza por falta de colaboración

Puno. El Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas Durante las Protestas Sociales contra el Gobierno de Dina Boluarte ha decidido prorrogar la investigación preliminar relacionada con la muerte de 18 civiles y más de cien heridos durante las protestas del 9 de enero en Juliaca. Esta ampliación se lleva a cabo de manera extraordinaria por un plazo de 120 días.

Según lo dispuesto en la disposición fiscal n° 05-2023-MP- FN-EFICAVIP, se imputan cargos a aquellos que resulten responsables de la comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en su modalidad de homicidio calificado, así como lesiones en el caso de los
heridos.

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La disposición fiscal establece que este período adicional es necesario debido a las graves afectaciones masivas de derechos humanos. Además, señala que las investigaciones se han vuelto complejas por la cantidad de agraviados (126) y la implicación de presuntos involucrados, incluyendo miembros de la Policía Nacional.

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El documento también destaca que las investigaciones se han complicado aún más debido a que varios de los efectivos policiales han optado por ejercer su derecho a guardar silencio. Además, algunos de los agraviados muestran desconfianza en las circunstancias en las que fueron heridos.

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Durante este período adicional, se llevarán a cabo declaraciones de algunos de los agraviados, se recopilarán actas del levantamiento de los cadáveres, se verificará la atención de los heridos y se revisarán sus historias clínicas en el hospital Carlos Monge Medrano, así como en los centros de salud Jorge Chávez y Mariano Melgar.

César Quispe Calsín, uno de los abogados que asesora a la Asociación de Víctimas del 9 de Enero en Juliaca, ha señalado en varias ocasiones que los retrasos en las investigaciones se deben al envío de las carpetas fiscales a Lima. La cadena de mando El abogado Armando Halire mencionó que, en algunas ocasiones, los fiscales del equipo especial llegan a Juliaca sin previo aviso, lo que dificulta que las personas puedan rendir sus declaraciones de manera oportuna. Estas dificultades continúan retrasando el proceso.

La defensa de las víctimas ha reiterado la importancia de identificar la cadena de mando, ya que, según Quispe Calsín, hasta la fecha, las investigaciones se han centrado en quienes resulten responsables en general, siendo prioritario identificar a los autores materiales e indirectos de los trágicos acontecimientos.