La Defensoría del Pueblo pide al Ministerio de Educación (Minedu) que evalúe extender el proceso de verificación de títulos profesionales y documentos de más de 34.000 docentes nombrados en los concursos públicos del sector. Aquello se solicitó con el objetivo de que no se registren situaciones irregulares que afecten la calidad educativa de niños, niñas y adolescentes.
El pedido de la Defensoría se ampara en la Ley n.º 29944, Ley de Reforma Magisterial, la cual señala que si se detecta un documento falso o adulterado en la posesión de un postulante, la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada declarará la nulidad del grado otorgado en el proceso de nombramiento.
La adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán Zegarra, sostuvo que la constatación en la veracidad de documentos debe ser un criterio para la contratación de maestros. Además, refirió que son “medidas que deben estar orientadas al efectivo control de la veracidad de los títulos y demás documentación presentada por los postulantes a una plaza vacante”.
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De igual manera, Fernán Zegarra argumentó que las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) tienen el deber de aprobar un cronograma en el que se establezca la fiscalización de títulos y la verificación de los documentos de maestros licenciados en Educación registrados en la plataforma de Sunedu. Al respecto, puntualizó: “Debemos recordar que el profesor es el principal agente del proceso educativo y que este tiene por finalidad el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes que se forman en la educación básica. De ahí, la relevancia de contar con el personal docente idóneo para cumplir con esa fundamental labor”.