Carpetas fiscales de muertes por protestas no retornan a Juliaca

Las carpetas fiscales de las muertes durante las protestas contra Dina Boluarte, siguen en el Ministerio Público de Lima. El titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, prometió solicitar a la Fiscalía de la Nación, que retornen a Juliaca, sin embargo, ello no ha ocurrido.

El abogado de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero, César Quispe Calsín, recordó que el Defensor del Pueblo, hace casi un mes, dijo que mostraría en público el documento sobre dicha solicitud a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pero ese compromiso solo quedó en palabras.

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Quispe dijo que no se sabe cuándo se remitirán las carpetas fiscales a las regiones donde ocurrieron las muertes. Mientras tanto, el proceso de investigación lo sigue desarrollando el equipo especial de fiscales en Derechos Humanos de Lima.

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Hasta el momento, han rendido sus declaraciones los familiares de los 18 civiles fallecidos en las protestas del 9 de enero. Ayer, de forma virtual, este equipo fiscal recogió el testimonio de algunos heridos por la represión policial en esa fecha. Paralelamente, y también de manera virtual, se tomaron las manifestaciones sobre el caso de la muerte de los ronderos Sonia Aguilar Quisp y Salomón Valenzuela Chua.

Ambos perdieron la vida por impacto de bala tras las protestas del 18 de enero en Macusani (Carabaya). De acuerdo al reporte de la Red de Salud San Román, son más de 200 personas las que resultaron heridas durante las protestas de enero y febrero en Juliaca. De ellos, 80 están empadronados en la Asociación de Víctimas del 9 de Enero y casi la mitad ya comparecieron ante el Ministerio Público.

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Seis meses de las muertes

El presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero, Raúl Samillán informo que por conmemorarse seis meses de las 18 muertes de civiles en Juliaca, para el 8 de julio se ha programado una misa en la parroquia Pueblo de Dios. La ceremonia está programada para las 2:00 de la tarde. Luego habrá una movilización en Juliaca.

Ante la incertidumbre sobre a remisión de las carpetas fiscales a Puno, donde en marzo se instaló una Fiscalía en Derechos Humanos, la defensa de los agraviados ha pedido a los funcionarios de la oficina de la Defensoría del Pueblo de Juliaca, para que se vuelva a solicitar las investigaciones vuelvan al lugar de los hechos