Minedu: pago de deuda social beneficiará a 111.000 docentes, cesantes, jubilados del sector Educación
El Gobierno peruano destinó S/1.200 millones para el pago de la deuda social a maestros por el desempeño en el cargo, la asignación por años de servicios, la bonificación especial mensual por preparación de clases, entre otros.
Más de 111.000 docentes, cesantes, jubilados y personal administrativo del sector Educación se beneficiarán del pago de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada del sector Educación, o deuda social, en cumplimiento del compromiso asumido por el Ejecutivo ante el Pleno del Congreso.
El Gobierno peruano destinó S/1.200 millones para el cumplimiento del pago de la deuda social. El monto es la suma de los S/200 millones aprobados en la Ley N.º 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, y los S/1.000 millones aprobados mediante la Ley N.º 31728 publicada en el diario oficial El Peruano.
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¿Qué falta para que se realice el pago de la deuda social?
Según informó el Ministerio de Educación (Minedu), se espera que en este mes de mayo la comisión multisectorial, conformada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Justicia, elabore y apruebe el listado complementario de beneficiarios de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos.
Asimismo, precisó que los pagos estarán a cargo de las unidades de gestión educativa local y direcciones regionales de Educación. Además, los pagos se efectuarán a partir de la emisión del decreto supremo que autorice la transferencia de recursos a los pliegos regionales y el pliego nacional.
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¿Qué es la deuda social?
La deuda social se origina por diversos conceptos, entre ellos, la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación, el desempeño en el cargo y la preparación de documentos de gestión, la asignación por años de servicios y los subsidios por luto y gastos de sepelio.
El Gobierno estima que el monto de la deuda social se reduce en un 20% y se cumple con lo anunciado por las autoridades nacionales, quienes se comprometieron a repriorizar el presupuesto institucional del sector Educación.
