Viudas de trabajadores que murieron por COVID-19 iniciarán acciones legales contra minera Shougang
Los 5 empleados de la minera Shougang Hierro Perú SAA, que fallecieron en el 2021, se contagiaron de coronavirus mientras trabajaban en Marcona. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la compañía se negó a firmar un acuerdo, por lo que se interpondrá una acción legal.
Las mujeres que quedaron viudas tras la muerte por COVID-19 de cinco trabajadores de la minera Shougang Hierro Perú SAA iniciarán acciones legales ante el Poder Judicial, informó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). La compañía es acusada de no implementar protocolos de bioseguridad durante la pandemia, por lo que será demandada por daños y prejuicios, lucro cesante y daño moral.
En el 2021, Luis Alberto Hernández Zevallos, Dámaso Sabino Apaza Mamani, Carlos Javier Cruz Checho, Manuel Ángel Medina Morán y Jorge Luis Tubillas Cancho perdieron la vida luego de haberse contagiado de coronavirus mientras laboraban en Marcona, Ica.
“La empresa no ha querido conciliar con nosotras. Por esta vía no se realizó ningún acuerdo. Nos pide que acudamos a las oficinas de Shougang, en Marcona, para conversar de manera presencial”, manifestó Carmen Muñoz, quien fue pareja de Manuel Medina.
De acuerdo con Mario Ríos, abogado de las afectadas, Shougang se negó a firmar la conciliación. "Durante la audiencia, el defensor legal de la minera dijo que interpondría sus buenos oficios para que se realice una reunión entre las partes y se pueda considerar algún apoyo por la muerte de sus esposos", aclaró.
Paola Apaza, hija de Dámaso Apaza, afirmó que los familiares no han obtenido una respuesta favorable tras dialogar con la compañía.
“Nos preocupa la prolongación del tiempo y no poder llegar a un acuerdo. Afrontar el proceso nos genera un desgaste emocional doloroso”, puntualizó.
Por otro lado, Mar Pérez, responsable de la Unidad de Personas Defensoras de la CNDDHH, indicó que su institución seguirá demandando que la empresa Shougang "asuma su responsabilidad".
"Aquí hay familias que tienen derecho a que se les indemnice y dejen de hostigarlas. De lo contrario, también se estaría vulnerando la Ley n.º 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar", explicó.
